LIFSCHITZ Y UN LLAMADO A LOS LEGISLADORES POR LA COPARTICIPACIÓN

En una carta que le dirigió a los 50 diputados provinciales, el intendente Miguel Lifschitz solicita a los legisladores que al debatir el presupuesto provincial de 2006 “se corrija expresamente el mecanismo de distribución de los recursos provenientes de la coparticipación nacional que corresponden a los municipios y comunas”.

El jefe comunal enfatizó en la necesidad de que “se restituya el 9,5 por ciento que aún sigue detrayéndose indebidamente”, y también reclama que se analice lo relacionado con “la fracción coparticipable derivada de la compensación del 13 por ciento que realiza la Nación a la provincia”.

El intendente rosarino recuerda que para la ciudad tales fondos que hoy no ingresan a las arcas del municipio representan una cifra de 15.403.581 pesos.

Al fundamentar el pedido, Lifschitz menciona que “el régimen de coparticipación federal se encuentra estructurado sobre la base de la ley nacional 23.548, sancionada en 1998, y que a partir aquel momento se produjeron diversas modificaciones a partir de pactos suscritos entre la Nación y las provincias.

Sostiene el jefe comunal que “en general en cada pacto o acuerdo ocurrido desde 1993 las provincias han resignado recursos, pero también es verdad que los municipios y comunas de nuestra provincia han sido perjudicados proporcionalmente aún más”.

Se remonta el intendente al pacto federal de 1993, que aseguraba a las provincias un mínimo con independencia de la recaudación, obligándose ellas a cumplir determinados compromisos en lo que se excediera de 800.000.000 de pesos mensuales para la totalidad de las mismas.

Más adelante plantea que se fijaron otros mínimos o máximos, y remarca que todo lo que recibía la provincia estaba asegurado y por ende apunta que no sólo el mínimo debía distribuirse sino la totalidad.

En la nota consigna que quedaron sin efecto los mínimos y máximos, y menciona que “desde 1994, fecha en que entra en vigencia el pacto de 1993, hasta diciembre de 2003, la provincia interpretó que se podía quedar con el excedente dispuesto por la cláusula segunda inciso octavo del pacto” y, en tal sentido asegura que “importantísimos recursos que correspondían a municipios y comunas quedaron así, detraídos por la provincia”.

En la argumentación suma otro dato: en noviembre de 2002, pero retroactivo a marzo de ese año, “la provincia emitió el decreto 3.113 que le impuso también un techo a las sumas que la Nación reconoció a la provincia en concepto de compensación del 13 por ciento, y que en alta proporción también debe ser coparticipado a municipios y comunas”.

Más adelante explica que durante 2004 el Poder Ejecutivo provincial dispuso distribuir los recursos de coparticipación federal “en cuanto excedieran lo presupuestado por éste concepto”, y a partir de eso hubo tres formas de reparto de la coparticipación. Lifschitz argumenta que la referida decisión, “así como representó un alivio a la injusta situación financiera de los gobiernos locales, no despejó la arbitrariedad acerca de la forma de distribuir tales recursos, como disponen las leyes vigentes”.

En tanto, la carta a los legisladores menciona que en el ejercicio en curso se determinó que se distribuyera según la relación resultante de la distribución correspondiente al ejercicio 2001”.

En el tramo final del informe enviado a los legisladores provinciales se precisa que “razones legales, fundamentalmente constitucionales, de equidad en la distribución de los recursos, de análisis comparativo con otras provincias –Santa Fe sería la única que considera subsistente una parte de un inciso del Pacto de 1993 que evidentemente, ha sido incontrovertiblemente derogado por pactos posteriores y, claramente, a partir del suscrito en febrero del 2002– y sobre todo, respaldado por dictámenes, opiniones e informes de especialistas, abonan nuestra pretensión de recuperar para Rosario los importes que arbitrariamente la provincia ha detraído desde 1994 hasta el proyecto de presupuesto de 2006”.