Limitarán el ingreso de familiares de funcionarios a la Municipalidad
Con el objetivo de “dar mayor transparencia a la gestión del Municipio, otorgando objetividad en la selección de personal y manteniendo la igualdad de los ciudadanos” para competir por un puesto en el Estado local, el bloque de concejales oficialistas presentó ayer un proyecto de ordenanza que restringe el ingreso de familiares a la Municipalidad y al propio Concejo Municipal.
“La implementación de esta ordenanza, tiene como ventaja impedir que la ciudadanía, en condiciones de idoneidad para acceder a cargos públicos se encuentre en desventaja de quienes mantienen un grado de parentesco con los encargados de gestionar las cuestiones públicas”, expresa muy claramente en los fundamentos la iniciativa presentada por los ediles del bloque oficialista, Jorge Maina –fue el impulsor-, Nora Gramaglia, Silvio Bonafede y Daniel Ricotti.
En el artículo 1º se especifica el alcance de la limitación: “Queda restringido el ingreso como personal contratado y transitorio (artículo 8 y 9, Cap. I. ley provincial 9286) a la Municipalidad de Rafaela de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad en línea ascendente, descendente y colateral, y también de parientes por afinidad en iguales líneas hasta el segundo grado, del Intendente Municipal, los Concejales, el Jefe de Gabinete, los Secretarios y Subsecretarios del Departamento Ejecutivo Municipal, personal de Gabinete, Fiscal Municipal, Jueces de Falta, los secretarios privados del Intendente Municipal, y de los secretarios y prosecretarios del Concejo Municipal”.
De esta forma, un funcionario, concejal o personal político no podrá gestionar la inserción laboral directa a la estructura del Gobierno local de sus padres, tíos, hermanos, primos, hijos o sobrinos.
La iniciativa aclara, en su artículo 2º, que en el caso de “los contratos que impliquen prestación de servicios en el sector público, vigentes a la fecha de promulgación de la presente ordenanza, si se prueba la relación de parentesco a que se refiere el artículo 1º, no podrán ser renovados al vencimiento del plazo; con excepción de los profesionales contratados, que tendrán la posibilidad de renovar sus contratos, siempre y cuando rindan concurso público”.
La ordenanza pone énfasis en el concepto de “restricción” porque permitirá a familiares de funcionarios competir por un empleo público municipal a través de un concurso, tal como lo explica en el artículo 3º. “En caso de que la Municipalidad de Rafaela efectúe un llamado a concurso para el nombramiento de personal permanente en los términos de la ley 9286, no existirá ningún impedimento para que los parientes de cualquier grado de los funcionarios precedentemente enumerados, puedan presentarse y concursar, el cargo correspondiente”, sostiene. Además, señala que con la ordenanza no se cuestionan “los pergaminos suficientes que podrían tener los familiares de los funcionarios que ocupan los cargos mencionados para merecer un puesto en la administración municipal” sino que se permite su ingreso únicamente a través del sistema de concursos.
En los fundamentos, el proyecto destaca que “la ley 2756 le otorga al Intendente Municipal el poder de apreciar, con sujeción a ciertas pautas, la posibilidad de dictar un acto administrativo de nombramiento de personal, siendo tal atribución de carácter privativo, como titular de la función administrativa compitiéndole con exclusividad, el proceso de valorar su oportunidad y conveniencia”.
En otras palabras, hoy las autoridades no tienen límites a la hora de designar colaboradores, lo cual fue cuestionado en forma periódica por la oposición legislativa, aunque nunca se avanzó en una iniciativa de este tipo. Y ahora es el propio oficialismo el que busca regular en la materia, un gesto saludable en un Municipio donde abundan ejemplos de familiares de funcionarios o ex funcionarios que han ingresado a un cargo.
De todas formas, el proyecto oficialista “no lleva el propósito de restringir irrazonablemente el poder ínsito a las facultades de quienes tienen competencia en lo concerniente a la integración de su personal” sino “dar mayor transparencia a la gestión del Municipio otorgando objetividad en la selección de personal”.
Por último, el bloque oficialista considera que con este proyecto –que será analizado en comisión a partir del próximo martes- “se pretende evitar el abuso en el que pueden incurrir quienes tengan poder de decisión en el Municipio, para favorecer a algún miembro de su familia, buscando priorizar la idoneidad como requisito indispensable para el nombramiento”.
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