LITORAL GAS: UNA NUEVA FORMA DE DISCUTIR LAS CONCESIONES

La renegociación del contrato de concesión entre el Estado nacional y la empresa Litoral Gas –que provee ese combustible a clientes de la provincia de Santa Fe y del norte bonaerense– iniciará la primera etapa de su tramo final cuando el 30 de agosto se realice en el hotel Colonial de San Nicolás la audiencia pública para debatir la propuesta de “carta de entendimiento” que la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) le entregó a la distribuidora de gas el 23 de junio pasado. El documento, cuya aprobación está sujeta a la revisión de la Procuraduría del Tesoro de la Nación, una comisión bicameral del Congreso y el Poder Ejecutivo, establece un acuerdo de transición que finaliza el 1º de noviembre de 2006 y una revisión integral del contrato que regirá a partir de esa fecha y hasta el final de la concesión. Lo novedoso (y auspicioso) es el procedimiento establecido por el Estado para discutir con las poderosas empresas privatizadas (más acostumbradas en los 90 a pedir y obtener que a negociar en base a parámetros racionales) y los criterios a tener en cuenta para definir la remuneración de la concesionaria, la tarifa del servicio, su calidad y eficiencia.

El trabajo también incluye una radiografía del desarrollo de la concesión desde su inicio en 1993 hasta el año pasado, que da cuenta de los ingresos, costos, inversiones y otros detalles de la empresa relevantes a la hora de la renegociación, y realiza un proyección de esos mismos ítems para este año y el 2006, fin del “período de transición”.

“A partir de dicho informe –dice la Uniren– se concluye que es necesario introducir mejoras en los sistemas de monitoreo y control de las licencias de los servicios públicos de gas natural, a fin de que los organismos competentes dispongan de la información apropiada y oportuna sobre el desarrollo del servicio y de sus perspectivas futuras, y que las tarifas a los usuarios del mismo correspondan a los costos de eficiencia de su prestación, evitando comportamientos monopólicos o de abuso de posición dominante por parte de las licenciatarias”.

Los contratos originales de prestación de servicios públicos contemplaban, por ejemplo, una indexación automática ligada a un índice económico de los Estados Unidos (tal el caso de Litoral Gas), que quedó sin efecto por imperio de la ley de emergencia pública sancionada a principios de 2002. La nueva propuesta de marco jurídico establece parámetros bien diferentes y hasta desconocidos en la materia, al menos en estas pampas: contempla “el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos”; “la calidad de los servicios y planes de inversión”; el “interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios”; la “seguridad de los sistemas comprendidos” y, recién en último término, “la rentabilidad de las empresas”.

De ese modo se busca establecer indicadores razonables y objetivos que conduzcan a una eficiente prestación del servicio y garantice, a su vez, una equilibrada tasa de rentabilidad a las empresas que lo prestan sin que esto signifique un atentado al bolsillo de los usuarios. Lo andado hasta 2002 muestra que las cosas fueron bien diferentes, tanto como que Litoral Gas se quedó con la concesión pagando “sólo 14 millones de pesos en efectivo”.

Entendimiento

En la propuesta de “carta de entendimiento” confeccionada por la Uniren para la renegociación del contrato de Litoral Gas, que será materia de debate público en la audiencia de fin de mes en el hotel Colonial, se establece un plan de inversiones que la compañía debe cumplir entre este año y 2006 (período de transición); se implementa por primera vez una tarifa social para el servicio de gas natural; se proyecta su resultado económico-financiero para hacer viable el acuerdo, se le impone retirar la demanda contra el Estado argentino ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) y se contempla un incremento tarifario del 15 por ciento a partir de 1º de noviembre próximo del que se excluye a los usuarios residenciales de las categorías 1, 2 y 3, de modo de menguar su impacto en los bolsillo más flacos.

Dicho documento es el resultado de varias reuniones entre las partes y del análisis de informaciones acerca de la evolución de la concesión. La propuesta oficial dista varios kilómetros de los deseos empresariales que, en el comienzo de la discusión (allá por principios de 2002 cuando se declaró el default y la emergencia) pedían un seguro de cambio que garantizara sus negocios, reducciones impositivas, subsidios y menores obligaciones contractuales.

En cambio, la carta de entendimiento señala que “el Estado nacional, al diseñar su estrategia negociadora, no puede perder de vista que tiene como misión primordial velar por el bien común. En ese sentido –agrega–, la negociación de los servicios públicos no puede escapar al grado de conflictividad social que existen en diversos ámbitos de la sociedad”.

Los números

Entre otros elementos, los técnicos tuvieron en cuenta a la hora de realizar la propuesta la performance de Litoral Gas desde que se hizo cargo de la concesión, y de esa manera proyectaron el desarrollo esperable para el bienio 2005-2206. Así, resulta que entre 1993 y 2001 la compañía con sede en Rosario “ha incrementado el número de usuarios en un 60 por ciento con un promedio anual acumulativo del 3,9 por ciento”. Por lo que para el período de transición se estima que crecerá un 2 por ciento anual.

El desarrollo de su actividad supuso ingresos para Litoral Gas por 176 millones en 2000, que cayeron a 164 durante la crisis del año siguiente y treparon a 217 millones en 2004. Para el año en curso la Uniren estima que tendrá ingresos por 232 millones que serán 252 el año que viene.
En tanto, los “gastos” globales que le insumió a la empresa la concesión fueron 123 millones de pesos en 2000, que cayeron a 120 el año siguiente y ascendieron a 155 millones en 2004, de acuerdo a la información que le suministró a la Uniren. En tanto, la proyección que realizó la Unidad arroja como resultado que los costos de la compañía ascenderán a 188 millones de pesos este año mientras que en 2006 llegarán a 196 millones, guardando relación con el incremento de sus ingresos.

El ítem “gastos en personal” –que incluye remuneraciones y cargas sociales e indemnizaciones– le significaba a Litoral Gas el desembolso de 10.436.000 pesos (anuales) en 2000, que se convirtieron mediante los incrementos salariales otorgados por el gobierno en 12.857.000 el año pasado. La carta de entendimiento establece que serán 14.642.000 los pesos que la empresa distribuidora de gas invertirá en personal este año, mientras que calcula en 14.743.000 del año que viene, cuando concluya el “período de transición”.

En cuanto a las “inversiones”, el informe señala que en 1993, cuando se inició la concesión, Litoral Gas invirtió algo más de 8 millones de pesos, que treparon a 15 millones en 1997 llegando a un techo de 25 millones y medio en 1999. La crisis económica redujo el flujo de inversiones de la privatizada a poco menos de 10 millones en 2001, siendo de 6.300.000 pesos la inversión en 2002. El año pasado regresó a 9 millones de pesos.
Las proyecciones realizadas por el gobierno nacional indican que Litoral Gas debería invertir 9.627.000 pesos este año, cifra que se duplicará en 2006 para llegar a poco más de 20 millones.

La tarifa

La propuesta de carta de entendimiento “propone una variación de la remuneración de la distribuidora del 15 por ciento a partir del 1º de noviembre de 2005”. Dicho reajuste, plantea la Uniren, “permite cubrir los costos operativos, comerciales y administrativos, compatibles con una operación eficiente de la empresa; financiar un plan de inversiones que coadyuve a mantener niveles de calidad del servicio y a la expansión del sistema; y obtener un excedente de caja a fin de retribuir al capital propio y de terceros”, eso sí, “una vez cumplido el plan de inversiones comprometido”.

A su vez, atendiendo a que “una eventual situación inflacionaria desequilibre la ecuación económico-financiera se ha previsto un mecanismo de revisión de costos e ingresos”, a partir de una fórmula polinómica “elaborado sobre la base de una estructura de costos de explotación e inversiones ajustados con índices oficiales de precios representativos de tales costos” como el índice de precios al consumidor, el de salarios y las variaciones del tipo de cambio.

El mecanismo prevé que el Enargás (el ente regulador del servicio) calcule cada seis meses el Índice General de Variación de Costos (IVC) y, si la variación supera en más o en menos el 5 por ciento, el ente “iniciará un proceso de revisión mediante el cual evaluará la verdadera magnitud de la variación de los costos de explotación y del plan de inversiones asociado, determinando –si correspondiere– el ajuste de los ingresos del licenciatario”.

Por último, entre los puntos relevantes de la renegociación se destaca la aplicación de una “tarifa social”, mecanismo utilizado en otras concesiones pero inexistente en el servicio de gas natural. El beneficio abarcará a los hogares indigentes, cuyos integrantes deberán inscribirse en un padrón donde consten “nivel de ingresos, composición del grupo familiar, situación ocupacional, características de la vivienda, cobertura de salud, considerando el hogar respectivo como unidad de análisis”.
La calidad del servicio debe ser la misma que para el resto y “el régimen de subsidio incluirá también los costos de conexión y reconexión del servicio”. Dicho subsidio será financiado “mediante el aporte del Estado, la reducción de la carga fiscal a los consumos de los beneficiarios, el aporte de los usuarios no comprendidos en este Régimen de Tarifa Social y el aporte del licenciatario”.

Un sector con alta rentabilidad

La rentabilidad de Litoral Gas (es decir, el resultado de cada ejercicio luego de pagar el impuesto a las ganancias) ha sido millonaria, aunque no a los niveles de otras empresas privatizadas. De acuerdo a los datos que pudo obtener este diario, entre 1993, cuando comenzó la concesión, y 1998, la distribuidora declaró ganancias por 115.800.000 pesos. En 2002, tras la crisis, la rentabilidad de la compañía fue de 18 millones de pesos y un año después cayó a 17 millones. La distribuidora cuenta con dos ventajas: tiene un contrato por 35 años prorrogables por otros 10 y un mercado cautivo en el que no compite con ninguna otra compañía.
De acuerdo a un detalle sobre la “evolución económico-financiera de las licenciatarias de gas”, elaborado por el Ministerio de Economía de la Nación, Litoral Gas obtuvo ganancias en 1993 por 23,4 millones de pesos, que se convirtieron en 19 al año siguiente para ser 17,3 millones en 1995. Un año después la compañía tuvo una rentabilidad de 15,7 millones, en 1997 esa cifra trepó a 16,5 para llegar en 1998 a superar el nivel del primer año de la concesión con 23,9 millones de pesos de ganancias libres de impuestos.

En tanto, en el período pos crisis, la privatizada con sede en Rosario declaró ingresos libres de impuestos por 18 millones en 2002 y por 17 millones de pesos en 2003.

Ahora, de acuerdo a la proyección realizada por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) para la carta de entendimiento con la empresa, se estima que Litoral Gas tendrá ingresos por ventas de 244,6 millones de pesos este año y de 265,5 millones en 2006. En tanto, su “excedente de caja antes del servicio de la deuda” será de 38 millones en este ejercicio y de 29,5 el año próximo, cuando deba acrecentar su nivel de inversiones.

Demanda ante el Ciadi paralizada

Una de las condiciones que el gobierno nacional impone a las empresas privatizadas para negociar sus contratos es que abandonen las demandas que, la mayoría de ellas, inició contra el Estado argentino ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial. El BM, a su vez, es socio minoritario de algunas de las privatizadas a través de su empresa Corporación Financiera de Inversiones (CFI). La renegociación del contrato con Litoral Gas no es la excepción.

La distribuidora de gas que pertenece al grupo Suez (el mismo de Aguas Provinciales) presentó la demanda ante el Ciadi contra el Estado argentino el 11 de julio de 2003. Allí, la empresa denuncia una presunta “violación al Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones” firmado durante el gobierno de Carlos Menem entre la República Argentina y Francia.

El detalle de la supuesta violación del acuerdo es un pliego de las concesiones que la compañía pretende del Estado, y consiste en “la supresión por medio de la ley de emergencia del mecanismo de ajuste tarifario ligado al PPI de los Estados Unidos (un índice de aquél país); la derogación por ley de emergencia del derecho de calcular las tarifas y sus respectivos ajustes en dólares estadounidenses; y la conversión obligatoria de tarifas en pesos a una relación de cambio de 1 dólar estadounidense a 1 peso, establecida por la ley de emergencia”.
Sin embargo, entre aquel 11 de julio de 2003 y este agosto de 2005, la concesionaria ha variado su posición. No solicitó fecha de registro del arbitraje y el tribunal del Ciadi que debía tratar la demanda nunca se conformó.

Una concesión provechosa que costó chaucha y (14) palitos

La performance económica de Litoral Gas SA ha sido realmente alentadora, sobre todo para sus accionistas. De acuerdo al “informe para la justificación de la propuesta” elaborado en julio pasado por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), la distribuidora de gas controlada por el grupo francés Suez y, en menor medida, la local Techint, “ha repartido en forma de dividendos el 88,6 por ciento de las utilidades obtenidas entre 1993 y 2001”.

Así, la compañía controlada por Suez, también propietaria de Aguas Provinciales de Santa Fe, distribuyó en ese período “160,2 millones de pesos de los 180,8 de utilidades, mientras que había pagado 117 millones por el 90 por ciento de las acciones de la distribuidora. Las inversiones en activo fijo –continúa el informe– rondan los 127,1 millones y fueron financiadas con amortizaciones por 112,2 millones y deudas tomadas por 21,3 millones de pesos. Si se calculan las utilidades sobre el capital propio en función del precio pagado por las inversiones, deduciendo amortizaciones y deudas a diciembre de 2001, las utilidades obtenidas representaron anualmente un 16,2 por ciento”, tasa mucho mayor a la rentabilidad obtenida por el promedio de la economía en ese período.
“Queda claro que estas utilidades –prosiguen los técnicos de la Uniren– y la proporción en que se distribuyeron dividendos no constituyen ninguna ilegalidad, pero demuestran el nivel de inversión del grupo adjudicatario, que sólo pagó 14 millones de pesos en efectivo de los 117 millones de 1992 (cuando se le adjudicó la concesión) y luego no hubo otros aportes de capital propio”.

Al cierre del ejercicio contable de 2004, la concesionaria Litoral Gas declaró contar con un patrimonio neto (algo así como el valor actual de la empresa) que asciende a 145.370.925 pesos. En el primer año de la concesión, según datos del Ministerio de Economía de la Nación, el patrimonio neto de la distribuidora de gas era 146,1 millones de pesos, y se incrementó a 152 millones en 1998. Vale aclarar que sus activos se depreciaron como consecuencia de la salida de la convertibilidad y la devaluación de la moneda nacional.

La ficha técnica de un servicio privatizado

De la radiografía de Litoral Gas elaborada por el gobierno nacional para renegociar el contrato con la privatizada, se desprende la siguiente ficha técnica de la compañía:

– Actividad principal: prestación del servicio de distribución y comercialización de gas natural.

– Zona de licencia: toda la provincia de Santa Fe y los siguientes partidos de la provincia de Buenos Aires: San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Colón, Pergamino y Bartolomé Mitre.

– Área de servicio: el sistema de distribución está conformado por 1.170 kilómetros de cañerías de distribución principal y de servicio.

– Licencia: fue otorgada por el gobierno nacional mediante decreto Nº 2455 del 18 de diciembre de 1992.

– Compradores: el consorcio Tibsa Inversora SA resultó adjudicatario del proceso de privatización del 90 por ciento de las unidades de negocios de Distribuidora del Litoral de Gas del Estado. Dicho consorcio estaba integrado por Tractebel SA, Iberdrola SA, Garovaglio y Zorraquín SA y Diecisiete de Abril SA.

– Plazo de la licencia: se divide en un período inicial de 35 años y una posible extensión de 10 años adicionales.

– Cantidad de metros cuadrados vendidos: durante el 2004 la empresa vendió 3.170 millones de metros cuadrados de gas natural, incluyendo clientes con servicio completo y gas por cuenta de terceros.

– Cantidad de usuarios: actualmente posee unos 430 mil clientes, habiendo crecido un 59 por ciento respecto de 1992. Tiene grandes usuarios entre centrales térmicas e industriales, que son sus clientes de mayor volumen tarifario, para los cuales presta el servicio de transporte y/o distribución.

– Zona de clientes: Litoral Gas tiene un gran porción de grandes usuarios, tanto en la zona de Rosario y Puerto General San Martín como en los partidos ribereños de la provincia de Buenos Aires. También posee un amplia zona agrícola y de agroindustrias, atendida con gas que llega a través de ramales regionales, atendiendo gran cantidad de clientes y de kilómetros de redes. Una parte de las redes está formada por elementos de vieja data (de 1927 en Rosario) ubicadas en zonas urbanas de gran concentración de edificios y población.

– Accionistas: la concesionaria es operada y controlada por Tibsa Inversora SA, que posee un 90 por ciento del paquete accionario. El 10 por ciento restante está en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada (PPP). A su vez, Tibsa Inversora SA está conformada por Tractebel SA (una sociedad belga controlada por la francesa Suez, propietaria también de Aguas Provinciales) que controla el 70 por ciento de las acciones, y Tecgas, una compañía subsidiaria del grupo Techint que tiene el 30 por ciento restante.