LLAMAN A MANIFESTARSE EN CONTRA DE LAS PASTERAS

La Asamblea Ciudadana Ambiental (ACA) de Gualeguaychú llamó para este sábado a una gran convocatoria nacional de movilización contra el avance de nuevas empresas de producción de pasta celulosa en la región y en solidaridad con el pueblo de Chile, donde en el mes de julio, se proyecta la instalación de otra empresa de estas características en la localidad de Valle del Río Itata.

En ese sentido, la Asamblea emitió un documento en el que señaló que “Gualeguaychú no puede faltar en estos momentos de nuestra tensa espera, cuando tantos lugares de América y del mundo defienden su medio ambiente. En Chile -destacaron los vecinos y ambientalistas entrerrianos-, donde una planta de celulosa ya provocó la destrucción del Santuario del Río Cruces, se proyecta poner en funcionamiento otra nueva empresa, a principios de julio, en el Valle del Río Itata”.

La Asamblea comunicó que -ante esos anuncios- los habitantes de las ciudades chilenas de Nueva Aldea, Valdivia, Arauco, Constitución y Santiago “se manifestarán el 24 de junio para evitar la puesta en funcionamiento de esta nueva planta”.

“Nosotros, como ciudadanos comprometidos por la defensa de la vida, nos convocamos para este sábado a las 12, frente a los obeliscos (ubicados en el centro de Gualeguaychú), a manifestarnos en cada negocio y barrio de la ciudad con bocinas y cacerolas, por la lucha argentina y latinoamericana”, reafirmaron los miembros de la Asamblea entrerriana.

La nueva manifestación de Gualeguaychú se realizará bajo la consigna: Porque la vida y el agua valen más que el dinero. No a las papeleras, sí a la vida.

Finalmente, los ambientalistas pidieron e invitaron “a todas las ciudades del país que convivan con plantas de celulosa, a unirse a esta convocatoria, manifestándose el mismo día y a la misma hora, en contra de estas industrias y en defensa de la vida y de los recursos naturales”.

Solicitud a los eurodiputados

Una ONG argentina, apoyada por el gobierno de su país, pidió en Bruselas a eurodiputados actuar para impedir el financiamiento con fondos públicos europeos de la construcción de dos papeleras en Uruguay, objeto de litigio entre los gobiernos de Buenos Aires y Montevideo.

Idéntico planteo se formuló ante representantes de los bancos Credit Lyonnais y Nordea, involucrados en el financiamiento de las plantas de celulosa que construyen en territorio uruguayo junto al fronterizo río Uruguay las empresas española Ence y finlandesa Botnia.

“Les pedimos que no sean financiadas con fondos públicos y de bancos europeos empresas que tienen dobles estándares”, indicó Romina Picolotti, del Centro de Derechos Humanos y Ambiente, tras reunirse la víspera con las eurodiputadas italiana Mónica Frassoni y finlandesa Satu Hassi.

Durante los encuentros, Picolotti presentó a las parlamentarias de los Verdes (ecologistas) el planteo que Argentina llevó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) para frenar la construcción de las papeleras, como parte de la estrategia financiera para cortar el acceso a fondos de Botnia y Ence.

En las entrevistas, Picolotti criticó además con dureza la “actitud poco cautelosa” del comisario europeo de Comercio, Peter Mandelson, quien envió una carta al Banco Mundial pidiendo desbloquear cuanto antes los créditos que pensaba entregar a Ence y Botnia, algo a lo que se negó el organismo financiero internacional.

“Botnia y Ence no están utilizando las mejores tecnologías posibles y no serían autorizadas a construir esas plantas en Europa. La Unión Europea no puede, o no debería, desconocer lo que ocurre en el río Uruguay”, afirmó Picolotti en una conferencia de prensa en la sede de la Embajada argentina ante la UE.

“Jamás en Europa una empresa estaría construyendo una planta así en un río transfronterizo sin tener un estudio de impacto ambiental”, insistió, hablando de “una situación de ilegalidad”.

En cuanto a los encuentros previos con los representantes de los bancos Credit Lyonnais y Nordea, Picolotti calificó de “muy buenas” ambas reuniones, indicando que la segunda de las entidades bancarias se había mostrado “muy inquieta por la actual situación incompatible con el derecho internacional vigente”.