LLEGA A LA PROVINCIA EL SUBSIDIO ANTIDELICTIVO

Las autoridades del Patronato de Liberados de la provincia aguardan que en quince días el gobernador Jorge Obeid firme el decreto que autorizará el subsidio de 200 pesos mensuales para ser otorgado a aquellos detenidos que concluyan su etapa de condena. “Antes de la puesta en marcha del proyecto se pretende ajustar un minucioso sistema de control, porque los beneficiarios deberán estudiar, realizar programas de capacitación o alfabetizarse como contraprestación. Está claro: el que no lo hace no cobra”, señaló el director de esa dependencia Javier Garceche. Con un fondo de 190 mil pesos, en principios se realizará un plan piloto que abarcará a 160 personas próximas a abandonar las cárceles o alcaldías santafesinas y que deberán reunir requisitos especiales, ya que quienes hayan cometido crímenes aberrantes, sexuales y de lesa humanidad quedarán excluidos. Luego, el subsidio se irá ampliando hasta alcanzar de 3.200 liberados al año. Según los pronósticos más optimistas “se espera que la ayuda económica –que se instrumentará por el período de seis meses– se convierta en un atenuante en la reincidencia del delito”.

Algunas críticas con las que fue recibido el proyecto –surgido a partir de una propuesta efectuada por familiares de detenidos agrupados en la Asociación Pro Recuperación e Inserción Social del Individuo (Apresi)– llevaron a que los funcionarios provinciales se vieran en la necesidad de asegurar que el beneficio cumpla con el objetivo que le dio origen.

“A nuestra sociedad le cuesta entender la importancia de crear una red de contención para quienes salen de la cárcel y les resulta casi imposible conseguir un trabajo”, afirmó Garceche.

De todas formas, reconoció la necesidad de que el subsidio llegue a los liberados que realmente lo necesitan y, en ese sentido, explicó que “el propio gobernador exigió que se implemente un esquema de control estricto” que está “casi concluido” y a la espera de su visto bueno. Para tal fin se convocó a un equipo de profesionales –en los que se incluirán sociólogos, psicólogos y trabajadores sociales especializados en temas penales – para monitorear la situación económica y el entorno familiar de cada liberado.

La puesta en marcha del subsidio no es el único beneficio previsto en el programa, que constará de varias etapas. Con todo, en los primeros seis meses los liberados recibirán una ayuda económica de 200 pesos y deberán utilizar ese período para estudiar o realizar talleres de capacitación laboral. Luego se instrumentará una “incubadora de emprendimientos sociales” a través de gestiones de la Secretaría de Promoción Comunitaria de la provincia.

También se incorporará un “núcleo duro” a partir de la inclusión de “asambleas familiares”, una experiencia que, según remarcó el titular del Patronato de Liberados, se viene realizando en algunos países del norte de Europa, porque “se considera que cuando las familias acompañan a los ex detenidos en su proceso de reinclusión social se convierten en una garantía de mejores resultados”.

Si bien en principio el proyecto responderá al criterio de “universalidad” con la idea de incluir a la mayor cantidad de beneficiarios posibles, Garceche aclaró que el subsidio se destinará a aquellos detenidos que, al abandonar la cárcel, no cuentan con ninguna estrategia de supervivencia, lo que en muchas oportunidades se convierte en motivo para reincidir en el delito. Con respecto a las exclusiones, aclaró que “no podrán beneficiarse con el subsidio aquellos detenidos que hayan cometido crímenes aberrantes, sexuales o de lesa humanidad”.

El gremio policial le puso reparos a la iniciativa oficial

Cuando el gobierno provincial anunció en noviembre de 2004 la creación del subsidio de 200 pesos mensuales para detenidos que salieran en libertad luego de cumplir su etapa de condena, diversas voces se alzaron para criticar la iniciativa. Los más férreos opositores al proyecto fueron los dirigentes de la Asociación Profesional de Personal Policial de Santa Fe (Apropol), que en esos momentos habían instalado una carpa frente a la sede local de la Gobernación en procura de mejoras salariales. “En esa instancia nosotros estábamos en la Carpa Azul y nos pareció una burla, porque el sueldo básico de un policía es de 180 pesos”, señaló el secretario general del gremio, Alberto Martínez.

Para el dirigente, “la medida no deja de ser correcta desde el punto de vista humano y religioso porque todos necesitamos una nueva oportunidad”, pero al mismo tiempo fue duro con sus críticas hacia el gobierno provincial: “Acá siempre se termina poniendo parches en vez de resolver los problemas de fondo. Porque lo que tiene que hacer la clase política es que la gente vuelva a la cultura del trabajo y eso no se logra con un subsidio para ex detenidos sino con fuentes de trabajo”. En esa línea, Martínez se manifestó en contra de “las dádivas” y el asistencialismo por parte del Estado. “El gobierno santafesino mantiene una actitud hipócrita ya que en el momento en que anunció el subsidio había otorgado 80 pesos no remunerativos a los policías, pero esa suma ni siquiera la cobran los jubilados”, concluyó.