LLEGA LA MISIÓN DEL FMI Y ARRANCA LA TERCERA REVISIÓN DEL ACUERDO

A pocas horas del arribo al país de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), para encarar la tercera revisión del acuerdo con la Argentina, el Gobierno presentó ayer ante la Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. su plan para reestructurar la deuda impaga desde hace 29 meses y obtener la aprobación legal del listado de bonos propuestos.

La puesta en marcha del trámite, que supone una señal frente a la revisión del organismo (ya había advertido que reclamaría avances en la materia), quedó eclipsada por el fuerte rechazo a la oferta de parte de la Asociación de Ahorristas de la República Argentina (AARA), la única agrupación local de bonistas que aceptó participar de esta segunda ronda de consultas con el Gobierno tras el portazo de la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default (ADAP).

La entidad no sólo impugnó la presentación sino que acusó al Gobierno de “abandonar a las personas, tener un doble discurso y favorecer a los fondos buitres”, y pese a que anunció que seguirán “buscando alternativas” para que se mejore la propuesta, confirmó el mal clima existente entre los bonistas.

La entrega de la documentación estaba prevista para hoy, pero se adelantó ante el feriado decretado en EE.UU. por los funerales del ex presidente Ronald Reagan. “Los elementos adicionales relativos a la evolución política y económica global de la Argentina durante los últimos años completarán en junio la presentación requerida por las normas de la SEC”, dijo Economía.

Casi al mismo tiempo en que se cumplimentaba la presentación, el FMI confirmó el envío de una misión examinadora. “Tal como estaba previsto, una misión de la gerencia viajará a Buenos Aires durante el fin de semana para iniciar discusiones con las autoridades en referencia a la tercera revisión del programa”, dijo el organismo en un comunicado.

El FMI aprobó en septiembre del año pasado un programa crediticio que le permitió al país reprogramar sus vencimientos con el propio organismo por tres años, pero como el acuerdo es revisado trimestralmente, su prosecución se discute con periodicidad.

La misión técnica evaluará durante dos semanas si la Argentina actuó de buena fe en las negociaciones de la deuda y pondrá la lupa sobre la marcha de las negociaciones con las provincias por la coparticipación de impuestos.

En tanto, ayer trascendió en Washington que la Corporación Financiera Internacional, la agencia del Banco Mundial que da asistencia al sector privado, aprobará el 22 de este mes un crédito de 100 millones de dólares para la compañía Aceitera General Deheza.

El préstamo ayudará a la compañía a financiar más de la mitad de un proyecto de inversión por 170 millones que encarará en sus plantas de Córdoba (para expandir la capacidad de refinación) y Santa Fe (para reequipar las instalaciones ubicadas en Puerto General San Martín y aumentar la capacidad de almacenaje y procesamiento de aceite de oliva).

Por su parte, el directorio del Banco Mundial tiene agendado tratar el 29 de este mes dos préstamos por 700 millones de dólares para la Argentina. Uno de ellos es por 500 millones, de ajuste para recuperación económica, y el otro es por 200 millones, para financiar la reparación y mantenimiento de caminos. Ambos créditos forman parte del programa CAS, el plan estratégico de financiamiento para el país, que fue aprobado el 15 de abril pasado.

Con la colaboración de Jorge Rosales, corresponsal en EE.UU.

Stock reiteró su pedido de pago de gastos

El ejecutivo Nicola Stock, uno de los líderes del Comité Global de Acreedores, envió una carta a LA NACION a raíz de la nota publicada ayer que daba cuenta de su reclamo monetario al Gobierno por sus gestiones en la renegociación de la deuda.

Según Stock, “lo que el GCAB le escribió al ministro (Lavagna) es para que se le reconozcan a la asociación los gastos que está teniendo debido a la reestructuración de la deuda argentina; esto corresponde de acuerdo con la praxis de las negociaciones internacionales, y según los acuerdos de reembolso definidos por el Fondo Monetario Internacional. No saberlo es fruto de la ignorancia o, peor, mala fe”.

Sin embargo, el Ministerio de Economía negó haber firmado un acuerdo con Stock que pueda dar lugar a su reclamo del “total desembolso” de los gastos producidos por “el empleo de nuestro servicio” como presuntos consejeros. Aunque los representantes del GCAB se han negado a venir a la Argentina la semana entrante, agradecieron al ministro por contactarse para mantener una reunión en Roma, Nueva York o Londres “cuando ese encuentro sea conveniente”.

Stock agregó que “lo mismo vale por el pedido de la TFA (la agrupación que lidera en Italia) con respecto al Banco Hipotecario, con una carta de febrero pasado, al finalizar el proceso de reestructuración al que contribuimos positivamente”, según una fuente internacional. En esa misiva, Stock pidió 57.250 euros para la TFA y, en particular, 7500 euros para él. Su cargo como asesor por hora es de 250 euros, por encima del de sus colegas de la TFA, que fue estimado en 100 euros.

El Hipotecario decidió rechazar la solicitud de pago, aun cuando Stock habría intentado bloquear el acuerdo una vez que fue cerrado, según fuentes del banco.