LLEGÓ AL PAÍS EL PEDIDO DE EXTRADICIÓN A FRANCIA DE ALFREDO ASTIZ

Fuentes judiciales y de la Cancillería argentina informaron que el Gobierno francés reenvió el pedido de extradición luego de atender las formalidades que habían motivado su observación por parte de la diplomacia argentina.

La solicitud se había demorado debido a que, por la falta de un tratado de extradición entre la Argentina y Francia, se requerían ciertas formalidades en el pedido, que fueron finalmente cumplidas.

Según explicaron las fuentes, ante la ausencia de un tratado que regule la extradición de personas entre Francia y la Argentina, el pedido tenía ser acompañado de un ofrecimiento de reciprocidad para un futuro caso.

La justicia francesa condenó, en ausencia, a Astiz en 1990 por el secuestro y asesinato de las monjas francesas Alice Dumond y Leonie Duquet, ocurridos durante la última dictadura militar, por lo cual es requerido para el cumplimiento de su pena.

La Cancillería argentina analizará la nueva presentación de Francia y, de aceptarla, deberá remitir el pedido a la justicia federal de Bahía Blanca para que se expida. No obstante, los dos juzgados federales de esta ciudad no habían recibido hasta este mediodía pedido alguno por el ex capitán.

Voceros judiciales dijeron que el pedido debe llegar a los juzgados de Luis Ramón Dardanelli Alsina (Tribunal 2) o Alcindo Alvarez Canale (Federal 1) pero Astiz no tiene ninguna jerarquía militar desde el 27 de enero de 1998.

El vocero dijo que “lo primero que hay que aclarar es su situación militar” porque “fue dado de baja y es un ex militar”, y aclaró que “no hay (por el momento) ningún pedido de extradición en los juzgados bahienses”. En los tribunales federales se presentó, en 1985 y 1990, un pedido de extradición por la muerte de las dos ciudadanas francesas, que se denegó porque todavía no estaba para procesamiento.

El gobierno francés había expresado semanas atrás que mantendría el reclamo sobre el marino, a pesar de la reciente liberación decidida por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral a raíz de la decisión del Gobierno español de no solicitar su entrega ni la de otros 39 represores.