LLEGÓ EL FIN PARA EL PABELLÓN PSIQUIÁTRICO DE CORONDA

En el marco de las políticas de la actual dirección provincial de Salud Mental está concluyendo el proceso de sustitución y cierre de la Unidad Psiquiátrica del Penal de Coronda mediante diversas estrategias en las que se incluye la externación paulatina de pacientes judicializados y se proyecta la construcción de un espacio, fuera de las prácticas y lógicas penitenciarias, y desde una perspectiva terapéutica.

“Se conformó así un equipo de trabajo tratando en lo posible de humanizar ese espacio porque (el anterior) era realmente una demostración de violación estructural de los derechos humanos de los ciudadanos alojados allí”, explicó en ese sentido Gustavo González, abogado de la dirección de Salud Mental.

En la actualidad, si bien existe un convenio de los ministerios de Salud y de Gobierno que estableció el cierre definitivo del dispositivo de salud mental en el penal –llamado para el rechazo de muchos Corralito–, “en la práctica siguió existiendo, siguió alojándose gente”, señaló el abogado.

“Eso con la dificultad o la gravedad de que no tenía una existencia formal. Con lo cual era como un territorio donde nadie se hacía cargo de la cuestión, porque no existía. La consecuencia principal fue que allí no había un dispositivo en salud mental; no había ninguna estrategia terapéutica en pos del trabajo de asistencia y promoción sanitaria y, por lo tanto, estaba ahí por el lugar que ocupaba, al interior de una unidad penitenciaria”, agregó.

El pabellón psiquiátrico “funcionaba como una cárcel dentro de otra cárcel, como en lógica de las cajas chinas: una caja más chica dentro de una caja más grande. Además, no tenía consistencia legal, ni terapéutica desde el trabajo del cuidado de la salud mental. Porque es imposible pensar un dispositivo así que funcione en el interior de una unidad penal por las características que tiene el lugar”, ilustró González.

Proyecto sustitutivo
Gustavo González explicó que lo que se piensa es crear un dispositivo sustitutivo que va a depender técnicamente del Ministerio de Salud y se van a alojar en él ciertos ciudadanos que hayan sido declarados inimputables o tengan alguna crisis subjetiva grave o aguda. Asimismo, “los sujetos que hacen un pasaje al acto, los casos donde hay posibilidades de agresión para sí o para terceros”, precisó.

“Se los va a albergar en este lugar que va a tener unas condiciones de seguridad –pero no en el sentido tradicional del término– que implique un cuidado intensivo y en el marco de una estrategia que pueda contener esas crisis”, diferenció.

La inserción en otros espacios
—¿Qué sucederá con esos pacientes que todavía están alojados allí?
—La idea es entonces trabajar conjuntamente con los hospitales de salud mental porque hay muchos pacientes que podrían ser alojados en ellos –si tuvieran criterios clínicos para ello.

Mientras tanto, hay otros que estarían en situación de crisis que van a ser alojados en ese lugar en el nuevo espacio.

Pero no podrán ser más que cinco o seis pacientes, si bien se piensa en construir una estructura que sea un poco más amplia y poder alojar a más personas.

—¿Cuál es el sentido de ese cambio?

—Se trata de generar una estrategia terapéutica con el paciente, y no que sea un espacio para hacer crónico (lo que les pasa) o para su institucionalización por largos períodos. Se destinaría a situaciones donde requieran cuidados intensivos, se los compensaría y, cuando estén dados los criterios clínicos y jurídicos, el paciente debería volver a la institución que lo derivó