Logran descubrir la ruta de las inyecciones de hierro falsas

A poco más de tres meses de las intoxicaciones con Yectafer falsificado, que causaron al menos una muerte, la Justicia reconstruyó casi por completo el circuito de comercialización. Hay cuatro procesados, tres de ellos detenidos. Los investigadores confían en que no serán los únicos, y en que pronto terminarán de esclarecer el caso.La de Verónica Díaz (22) fue una muerte absurda. La joven, quien vivía en Viedma (ver Lo de Verito…), estaba sana; sólo se estaba tratando por una anemia ferropénica (falta de hierro). La séptima de diez inyecciones de Yectafer le fue fatal. Mientras intentaban salvarle la vida, otras ocho mujeres fueron internadas en Viedma, con síntomas similares y el denominador común de haber recibido Yectafer.Díaz murió el 23 de diciembre. Ese mismo día, y a partir de una denuncia por envenenamiento que radicó el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) en la Fiscalía de Pompeya, se determinó que la joven había recibido una inyección falsificada, con el triple de hierro de lo debido. Hacía más de tres años que no se detectaban remedios falsos en el país, los que nunca antes habían causado una muerte.También el envase y las ampollas presentaban diferencias con los auténticos. Por precaución, numerosas mujeres fueron internadas en observación en varias provincias. Las advertencias de las autoridades sanitarias pusieron en vilo a la población. Los familiares de Luciana Giménez (28), quien vivía en Diamante (Entre Ríos), vincularon su muerte —el 21 de noviembre— con la única inyección que le habían aplicado, y rescataron la caja, también apócrifa.Todo ese lote fue retirado del mercado. Tenía el mismo número de una partida genuina que se había distribuido entre fines de 2003 y febrero de 2004, y que el laboratorio AstraZeneca consideraba prácticamente consumida.La intoxicación fue frenada. Pocos días después, el caso desapareció de las conversaciones de los argentinos, barrido por la tragedia de República Cromañón. Pero la Justicia, el INAME y la División Delitos contra la Salud de la Policía Federal continuaron indagando, a pesar de las limitaciones impuestas por el hecho de que el delito de falsificación de medicamentos no está tipificado en el Código Penal (ver Lamentable…).El primer mes de investigaciones derivó en varios allanamientos y en la detención de Pablo José Cernadas, Adrián Quintela, Jorge Scatolini y Alberto Akawie. Aunque sólo uno de ellos se prestó a declarar, desde entonces se pudieron precisar varias cosas. El lote mellizo constó de "unas 700 cajas, casi todas recuperadas; las que no hallamos, suponemos que fueron destruidas al difundirse el caso", actualizó el fiscal Marcelo Munilla Lacasa, de la Fiscalía de Pompeya.Informó que pudo determinarse que Cernadas, quien era empleado de Quimbel (Química Belgrano), de esta Capital, habría sido quien compró el Yectafer trucho —sabiendo que lo era— para esa droguería. A su vez la droguería Gavazza, de Bahía Blanca, adquirió de buena fe parte de las cajas, pero Quimbel le habría entregado facturas falsas.Precisamente Quintela y Scatoloni están acusados de haberaportado la documentación apócrifa para introducir el lote mellizo en el circuito comercial. Akawie, en cambio, fue acusado por encubrimiento y está libre. ¿Los dueños de Quimbel no sabían nada? "Hemos pedido su indagatoria", señala el fiscal.En cuanto al Hospital Zatti de Viedma —de donde salió la caja con la ampolla que le inyectaron a Verónica Díaz—, compró el Yectafer a Gavazza en una operatoria absolutamente legal.La gran incógnita sigue siendo quién falsificó el Yectafer, y dónde lo hizo. Una pista apunta al Paraguay, desde donde otras veces se filtraron remedios truchos; la otra, a la Argentina. "Creemos que se puede llegar a quien lo falsificó", confía Munilla Lacasa.Sin embargo, el fiscal teme que la investigación se estanque o vuelva a foja cero. Hace un mes que la causa se halla en la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital, que no sólo debe resolver las apelaciones de los procesados sino también el pedido del juez Javier Reyna de Allende, quien se declaró incompetente por entender que el caso debe pasar al fuero federal.Munilla Lacasa considera correcto un eventual traspaso, pues la falsificación de marca es un delito federal. Pero también cree que sería perjudicial para la causa, "cuando se está muy cerca de hallar a todos los responsables".De todos modos, aún quedan otros cabos sueltos. En Entre Ríos, la ministra de Salud, Graciela Degani, había radicado una denuncia por la muerte de Luciana Giménez en el Juzgado Federal de Paraná. Su escrito fue girado al juez porteño Reyna de Allende. En sus manos también está el pedido de los fiscales Munilla Lacasa y Adrián Giménez de incorporar a la causa los casos de las otras ocho mujeres de Viedma, lo que podría ampliar los cargos contra los procesados. Entretanto, en esa ciudad, el juez de Instrucción Pedro Funes también busca información sobre lo que les ocurrió, mientras investiga si la compraventa del Yectafer en Río Negro cumplió con los requisitos legales.