LOS ABOGADOS EXPRESARON SUS “EXIGENCIAS” A LA CORTE PROVINCIAL

Los abogados se reunieron en asamblea ayer frente a los tribunales provinciales.

“El Poder Ejecutivo es el que debe tener una política judicial clara”.

Los profesionales nucleados en el Colegio de Abogados de Rosario insistieron ayer, durante el acto que se hizo en la plaza del Foro frente a los Tribunales provinciales, en reclamarle a integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia que “hagan suyas e impulsen las propuestas” de la asamblea de abogados por las que se plantean exigencias al Poder Ejecutivo nacional y provincial y a la misma Corte para cambiar el estado del colapso judicial. “De no ser así la asamblea resolvió que se pedirá públicamente la renuncia de los miembros”, dijo Carlos Guevara, vicepresidente del Colegio. La movida de los abogados y los fuertes planteos que surgieron de la asamblea realizada 15 días atrás ya tuvieron devolución a través de una llamada de Presidencia de la Nación a partir de la que se agendó una reunión para el viernes próximo donde se planteará la situación de la justicia federal en el ámbito santafesino y otro llamado, en este caso del subsecretario de Justicia de la provincia, Walter Gálvez, que se reunió ayer con representantes de los abogados de toda la provincia.

Después del acto en la plaza del Foro los abogados fueron hasta el tercer piso de los Tribunales provinciales y entregaron a la Corte, por mesa de entradas, el documento en el que formulan “exigencias” a los poderes Ejecutivo de la Nación y de la provincia y a la Corte Suprema santafesina.

La movida que un tiempo atrás iniciaron los abogados a través de asambleas resolutivas parece recoger algún resultado porque el vicepresidente del Colegio recibió el llamado de Presidencia de la Nación y del subsecretario de Justicia de la provincia con quien se reunieron ayer representantes de las organizaciones que nuclean a los abogados santafesinos. El llamado desde Buenos Aires proponía un reunión para las 18 de ayer pero como se superponían los encuentros se dejó para el próximo viernes.

A la Nación se le planteará la parte del colapso de la que debe hacerse responsable en el territorio santafesino. Guevara la sintetizó en la inmediata cobertura de la totalidad de los cargos vacantes en el ámbito federal y en la implementación de los juzgados ya creados por ley más la puesta en funcionamiento de la Defensoría Pública. “En el ámbito penal federal se fijan audiencias pra el año 2009”, recordó Guevara.

Las exigencias al gobierno santafesino comprende la inmediata puesta en funcionamiento de los juzgados ya creados, el llamado a concurso para dar cobertura a los cargos de funcionarios y personal y cubrir vacantes definitivas en los juzgados. Entre otros puntos los abogados le plantean al Ejecutivo provincial que se realice un mapa que refleje la situación actual y las necesidades reales de la región y la inmediata convocatoria a los colegios de abogados al proceso de elaboración del proyecto de reforma constitucional provincial. Con relación a la reforma se reclama la autolimitación de atribuciones del Poder Ejecutivo provincial en lo que se refiere a la designación de los ministros de la Corte Suprema.

Para la Corte las exigencias son varias y de fuerte tono como la que plantea que sus integrantes tengan un papel “activo” frente al Ejecutivo y Legislativo provincial en cuanto a la “incolumnidad e independencia del Judicial” y la repotenciación del presupuesto.

Ayer se insistió en dar vuelo a la creación de la comisión ad-hoc que hará un seguimiento del funcionamiento de los juzgados e investigará las denuncias que formulen los colegiados sobre situaciones irregulares en el funcionamiento tribunalicio. Esta comisión deberá publicar un ranking mensual del comportamiento de los juzgados en los trasparentes de los pasillos de Tribunales y en los medios de comunicación.

La abogada Isabel Fernández de Acevedo habló de la necesidad de interpretar el acceso a la Justicia como un derecho humano y Vildor Garavelli, director vocal del Colegio, planteó que el colapso que se describe “es un problema político porque es el Poder Ejecutivo el que debe tener una política judicial clara” mientras evaluó que las respuestas “tanto de la Nación como de la provincia demuestran que era necesaria la movilización de los abogados para que se pongan a resolver cuestiones que no pueden esperar más porque resultan en negación de Justicia”.