LOS AMORES: EL PUEBLO QUE NO QUIERE SER REMATADO

Parada frente a la puerta de su casa hecha con troncos de palmeras está Angélica Brassart. Crió doce hijos que se fueron del pueblo para no agonizar allí, y que tornan de vez en vez, porque parte de su sangre vive y muere en Los Amores. Angélica tiene 66 años. Ahora cría a sus nietos. En el cementerio del pueblo se hicieron tierra los huesos de sus ancestros. Con la melancólica energía de una adolescente, Angélica murmura: “En este pueblo estamos todos olvidados. Hace cincuenta años que vivo aquí. Y no tengo nada más que el amor por este pueblo, y a mi mamá y a mi papá enterrados allí donde usted los vio. A mí me gustaba plantar ¿sabe? Pero ya no planto ni arreglo nada porque no sé si nos van a sacar. Están siempre amenazándonos y nadie sabe qué va a pasar. Debemos interesar muy poco, ¿no?”

En Los Amores la gente del pueblo no tiene pueblo. Una gigantesca e invisible bandera de remate amenaza poner en las calles de tierra a esa gente que no tiene más que la tierra como casa. Nadie tiene escritura de sus terrenos, muy pocos tienen boleto de compraventa. Una media docena de causas judiciales amenaza con el remate de la mitad del pueblo, incluido el cementerio y el polideportivo, casi un orgullo de este caserío de mil quinientos habitantes, el último antes de que el paralelo 28 convierta a la provincia de Santa Fe en la provincia del Chaco.

Los Amores es un antiguo re ducto de la legendaria compañía inglesa “La Forestal”, que vació de quebracho la cuña boscosa santafesina en setenta años de explotación salvaje. El escenario del drama lo trazan los abogados Horacio Capurro y Gabriela Contepomi, del Servicio Jurídico Solidario, una entidad que nació al amparo de la Iglesia y tiene sede en Reconquista, a ciento setenta kilómetros de la bandera de remate.

—Cuando “La Forestal” se fue, vendió sus tierras y las de sus empresas subsidiarias a muchos de los contratistas argentinos que tuvo. Las de Los Amores fueron a manos de Román Rojas. Supuestamente, Rojas, que ya murió, debía dar prioridad a los habitantes de Los Amores si quería vender sus tierras. Pero en 1987 se las vendió directamente a Carlos Federico Sosa, a través de una escritura en la que no se dejó constancia de que esos lotes, medio millón de metros cuadrados, estaban habitados. En la escritura se compran tierras vacías. Pero en la realidad era un pueblo lleno. Con cementerio y todo.

—Nos vendieron como a ganado, ¿sabe? —dirá luego en Los Amores Adela Miño, que sí tiene boleto de compraventa de su tierra pero no escritura. —Y así nos tratan hasta hoy en día.

En el pueblo viven mil quinientos habitantes, chicos y viejos, los del medio huyeron, jubilados, pensionados, beneficiados con un plan de asistencia, peones de campo, changarines que subsisten a penas duras sin agua potable, con luz y televisión por cable, no muy lejos de las tierras que, cuentan con orgullo en Los Amores, hizo suyas Gabriel Batistuta, el hijo pródigo con el que les da gusto ser vecino a la distancia.

El resto de la historia es simple. Sosa puso sus tierras como aval de emprendimientos comerciales y hoy sus acreedores quieren cobrar a cualquier precio, incluso el de las tierras de Los Amores, sobre las que pesan embargos e inhibiciones. A todo se suma una deuda de doscientos mil pesos (dólares en su momento) que reclama la AFIP.

“Hace quince años que luchamos por nuestras escrituras —dice Medardo Ojeda, 77 años y la cara apergaminada por el sol—. Yo compré mi tierra al señor Sosa en el 87, en doscientos australes, y el escribano me pidió otros ciento veinte para la escritura. Yo los pagué y el escribano me dijo que la próxima vuelta él me iba a dar la escritura. Pasaron cinco o seis meses hasta que pude encontrarlo otra vez. Le dije por qué venía por el terreno que le había comprado a Sosa. ‘¿Usted compró?’ me dijo. ‘¿Cuándo compró? ¿Y usted me pagó a mí?’ Le mostré el papel y me dijo ‘Y está firmado por mi propio puño…’ Me dijo que lo íbamos a arreglar y ahí quedó todo. Un buen día cayó el juez de paz, con un policía y unas carpetas, a recorrer casa por casa los que estábamos asentados en el terreno de Sosa, nos tomó todos los datos, sacó fotos de los ranchos que teníamos porque todo estaba embargado. Así fue que nos acercamos al Servicio de Justicia.

El “malo de la película” habló por teléfono con Clarín. Aunque vive en Los Amores, Sosa estaba en la cercana ciudad de Vera. Es hijo de un ex jefe comunal del pueblo, que camina las calles polvorientas y más de una vez, ante una emergencia, ayudó a los vecinos con su camioneta gris todoterreno. Aseguró que muy pronto se iban a allanar todas las dificultades y que nunca, como dicen en el pueblo, amenazó a alguno de sus ocupantes. Carlos Sosa dijo: “Yo nunca ataqué a la gente del pueblo, que son unos usurpadores: que no se enojen. Se metieron en esa tierra y el treinta y cinco por ciento del pueblo es mío. A mí me persigue ese Servicio de Justicia, porque cobra un subsidio de Roma. Esta semana (por la que pasó) yo voy a hacer una cesión gratuita de derechos y, con los veinte años que tienen viviendo allí, quedan excluidos del embargo y del posible remate. Vivieron cincuenta años sin escritura, ¿no pueden esperar seis, siete meses? Yo nunca le saqué un mango a ningún tipo del pueblo. Si no escrituraron es porque el Servicio Jurídico no quieren que escrituren. El que sí voy a privatizar es el cementerio. Me van a tener que pagar para conservar a sus muertos; si no, van a ir todos a un pozo.”

Los muertos de Los Amores descansan en paz al sol eterno de los atardeceres, en un terreno de cien metros por cincuenta donde perviven algunas tumbas enrejadas de finales del siglo XIX. “¿A usted le parece que se remate el cementerio? —pregunta angustiada Adela Miño— Todos tenemos allí a nuestros seres queridos. El dice que lo quiere privatizar porque quien compre eso no va a querer negros en su tierra. Así nos dijo.”

De hecho el pueblo ya estuvo dos veces con bandera de remate. Los vecinos y el Servicio Jurídico de Reconquista lograron pararlos después de presentar ante la Justicia una tercería de dominio sobre las tierras, una manera de avisar que allí donde se dice que hay tierras baldías viven al menos medio centenar de familias.

Catalina Ayala tiene un papel en las manos. Cuenta. “En el 2001 mi esposo le pagó al señor Sosa por nuestro terreno con dieciocho mil kilos de ganado vivo. Nueve mil un año y nueve mil al año siguiente. Y él nos dio este papel donde dice que nos cede el terreno prestado en comodato, en forma gratuita y por dieciocho meses.” Adela Miño se acerca a Catalina. “Perdonáme, Catalina, no te vayás a ofender, pero ¿vos y tu marido saben leer y escribir?” La respuesta llega débil, avergonzada: “No.”

El jefe comunal del pueblo, Omar Walker, un radical que ocupa el cargo desde hace dos años y medio, ve sólo dos posibles soluciones. “La primera es que Sosa pague su deuda sin afectar los terrenos, lo que parece imposible. La segunda es que la Provincia reforme la llamada Ley Pierri y permita la posesión de los terrenos con diez años de vivir en ellos y aun cuando haya inhibiciones sobre esos terrenos. Sosa es un vecino más: acá nos llevamos todos entre todos. Algunos lo quieren, otros lo odian: no todos somos amados en la vida. Pero si permite el remate del pueblo sí que lo van a odiar.”

Los sesenta y seis años de Angélica Brassart se crispan. Ahora está parada en la puerta de la casa de Lela Michelud, que las abre para las reuniones del grupo de familias sin pueblo. Allí también miran al Gobierno de la provincia como la única tabla de salvación que evite el naufragio en tierra de Los Amores. “Yo no puedo tolerar que nos llamen usurpadores. Por eso les digo a todos que no nos tenemos que quedar de brazos cruzados para que hagan lo que quieran con nosotros. Eso no. Pero usted sabe cómo es: cuando se dice una verdad, cuestan de creer. En cambio, cuando hay una mentira, ahí se va.”