LOS ARGUMENTOS Y ACUSACIONES QUE ESGRIME LA EMPRESA

El 16 de marzo pasado Aguas Provinciales intimó al gobierno provincial a que en 30 días “restituya el equilibrio económico y financiero de la concesión, reparar los graves perjuicios causados a la concesionaria, y asegurar la razonable continuación del contrato”. El reclamo se hace sobre la base de que todo lo que ocurrió es responsabilidad de la concedente, es decir el Estado provincial.

En esa veintena de páginas la empresa hace un compendio de sus argumentos. Sostiene que desde que el ex gobernador Carlos Reutemann dictó el decreto 221/01 abriendo el proceso de discusión contractual posrenegociación “nunca se ha adoptado alguna medida tendiente a recomponer la ecuación económico-financiera”. Allí vuelve a quejarse de que no se aplicaron los mecanismos previstos en el contrato para actualizar tarifas en caso de al ruptura de la convertibilidad, aunque no menciona la vigencia de la ley de emergencia económica nacional que congeló todas las tarifas de servicios públicos.
Aguas dice que no incumplió nada y que por el contrario “respetó cada uno de los compromisos asumidos en el acuerdo transitorio de octubre de 2002”. Tras asegurar que invirtió más de 250 millones de dólares y aportó impuestos por otros 50 millones, concluye que “el Estado provincial se enriqueció con la incorporación de esas inversiones ejecutadas, mientras que los usuarios están disponiendo de un servicio de alta confiabilidad a un precio inferior a su costo real”. Hace notar que la devaluación disparó los costos operativos y triplicó los financieros (en los 90 la empresa optó por tomar créditos en el exterior a tasa más barata por unos 110 millones de dólares).

Aguas le achaca a la gestión Reutemann no haber cumplido con lo comprometido en el decreto 221/02, dejar sin efecto el acta transitoria de octubre de 2002 e imponer mayores obligaciones a la concesionaria. En cambio, aduce que a partir de diciembre de 2003, el nuevo gobierno inició “una virulenta campaña de agresión pública habiendo imputaciones tan serias como infundadas”. Tras repasar que en 2004 la empresa ratificó la voluntad de quedarse y que en noviembre el gobierno decretó un nuevo proceso de renegociación y en consecuencia la caída del anterior ordenado en 2002 por Reutemann, la empresa recuerda que el 1º de diciembre presentó una propuesta de acuerdo que fue rechazada de plano. Lo que no se aclara allí –de acuerdo al responsable de la comisión de seguimiento del arbitraje internacional ante el Ciadi, Adalberto Damianovich– es que con esa propuesta Aguas “especuló con cambiar la naturaleza del contrato que era a riesgo y ellos pretendían hacerlo con regulación económica total, con el reconocimiento de una tasa de retorno que aseguraba una determinada rentabilidad, y con inversiones en obras que se hacían sólo en función de lo que ingresaba en base al principio de caja positiva”.

Aguas llega a la explicación de por qué no aceptó participar del Fondo Fiduciario con el que la gestión Obeid intenta reactivar las obras de expansión de redes de cloacas: “La constitución de un fondo, aisladamente como se ha presentado, no es compatible con el criterio de unidad económica y funcional del contrato… no representando ningún intento válido de solución al desequilibrio económico existente”.