LOS AVATARES DEL OFICIO

Rosario fue la primera ciudad del país en reglamentar el ejercicio de la prostitución en 1874 y, al vez, la primera en desregularlo en 1932, ante la presión de los abolicionistas, pero también ante la evidencia del fracaso que había significado el régimen reglamentado. Más de setenta años después, en la misma ciudad y en la misma provincia, no se logra el consenso para abrir el debate parlamentario que permita derogar el tinglado normativo que sostiene, en la práctica, la criminalización del trabajo sexual, María Luisa Múgica es autora del libro Sexo bajo control, publicado por UNR Editora, un trabajo que construye la arqueología del trabajo sexual reglamentado en la ciudad desde principios del mil novecientos.
“Hacia 1874 se definieron las estrictas normas bajo las cuales debía funcionar la prostitución, que apostaba a proteger a los clientes en lugar de a las prostitutas y que definía al cuerpo de las prostitutas como territorio bajo permanente sospecha, peligroso y por lo tanto necesariamente controlado”, explica la autora de Sexo bajo control.
Así se estableció “un mapa del deseo” donde quedaba habilitada la apertura de “maisons”, prostíbulos o “casas de citas”. Pero aun en éstos “radios de tolerancia”, las prostitutas no podían “asomarse las ventanas mostrando su desnudez, no se aceptaba el trabajo sexual de menores y las chicas que no tuvieran su libreta sanitaria al día (los controles obligaban a dos visitas médicas semanales) eran detenidas”.
Tan férreo esquema de control, sostenido en el proxenetismo, es decir la explotación de las chicas en casas de citas, sólo logró aumentar “el clandestinismo” y no logró cumplir con su principal objetivo: la profilaxis en la transmisión de enfermedades venéreas. Los tres pilares de control que ponían en acto los edictos de control y persecución a la prostitución eran la Policía, la Municipalidad y la Asistencia Pública.
“Los controles sanitarios de las chicas, que se hacían dos veces por semana, se realizaban en el Sifilicomio y si a alguna se le encontraba una enfermedad venérea, debía quedar internada hasta su recuperación y la propietaria de la casa en la que ella trabajara, debía pagar el tratamiento”, explica Múgica.
Hacia 1932, este régimen reglamentarista se deroga –“el municipio se corre del lugar de proxeneta”, dice Múgica–, ante la presión de los abolicionistas que empiezan a apuntar hacia la figura del cliente como sujeto de obligaciones por un lado, y la comprobación de que el rol garante del Estado en la profilaxis de enfermedades venéreas había fracasado.
Rosario, una vez más, vuelve a ser la primera ciudad del país en la que se despenaliza la prostitución y se prohiben los prostíbulos o casas de sexo. “De todos modos, en la práctica esto recién se modificó varios años después, al principio lo que reinaba era la confusión sobre cuál posición adoptar, si la de represión o no”, afirmó Múgica.
Hasta entonces, para el Estado “los prostíbulos aparecían falazmente como zonas insularizadas de sexualidad aséptica aunque en verdad nada de esto ocurría” sino que por el contrario se trataba de lugares violentos donde todas las políticas de intervención fracasaban y pasar de esa idea a la de que “cada cliente debía hacerse cargo de la profilaxis”, llevó años de reordenamiento social. La prostitución se pensó siempre como “una necesidad pública” a la que resulta necesario, por ende, tolerar y reglamentar. El primer intendente en desconocer esto y virar por completo el enfoque fue Luis Lamas, que abolió el régimen prostibular que definía desde zonas rojas hasta la obligación de las prostitutas no sólo de trabajar en esos radio sino también de vivir allí.
“El análisis del caso local enriquece y revela matices propios como la mezcla de mujeres nativas y extranjeras (rusas, francesas) en las maisons. Como conclusión, se podría decir que la rigidez en materia de control de los cuerpos sólo promueve el clandestinismo”, explicó Múgica. “A la luz de las continuas denuncias de trabajadoras sexuales por aprietes y pedidos de coimas policiales, cabe agregar que el arbitraje policial sólo promueve violencia y suspensión de derechos”, concluyó la autora.

REFORMAS DEMORADAS

La derogación de los tres artículos del Código de Faltas provincial que permiten la detención y arresto de las trabajadoras sexuales por parte de la policía sigue parada pese a que el propio gobernador Jorge Obeid envió un proyecto propio para reformar el Código de Faltas y despenalizar el ejercicio de la prostitución en la provincia hace más de dos meses y a que el asesinato de la ex líder del sindicato de las meretrices, Sandra Cabrera, sacudió las conciencias y abrió camino al consenso necesario como para que Diputados trate el tema. Aunque algunos legisladores muestran convicción en la necesidad de reformar la legislación vigente, el proyecto sigue cajoneado y la decisión política de quitarle a la policía el rol de garante continúa ausente.