LOS DEUDORES MARCHARON POR EL CENTRO ROSARINO

El sol cae a pique sobre el centro de la ciudad. Pero Mauricia Zárate, de 73 años, no usa lentes oscuros por coquetería o comodidad, sino porque sufre de cataratas y corre riesgo de perder la vista. También, porque necesita disimular la tristeza y tomar coraje para salir a defender sus derechos. Sucede que su vivienda está en peligro de remate y sobre ella pesa una deuda que trepó a los 23 mil pesos. “En el 97 salimos de garantía con mi marido para la compra del departamento de otra persona. Pero las cosas salieron mal y ahora pierdo mi casa”. El marido de Mauricia falleció, los dos hijos de la pareja no están en la ciudad y ella percibe una pensión exigua por mes.

Aunque con matices diversos, el problema de Mauricia se repite en cada uno de los deudores propietarios de vivienda única, que ayer al mediodía se movilizaron por la peatonal Córdoba desde calle Mitre hacia el río, con paradas frente a cada mesa donde los partidos militaban a su candidatos, ante la inminencia de las elecciones del 23 de octubre. El objetivo fue exigir la aprobación de una ley nacional ante la amenaza de remates, que a través de mecanismos como quitas y refinanciaciones, permita llegar a un acuerdo entre las partes involucradas.

También proponen que las únicas propiedades que poseen sean consideradas “bien de familia” sin necesidad de trámite alguno. Y consideran que los remates se deberían suspender al menos por un año, hasta llegar a una solución consensuada con el gobierno nacional, última autoridad en la materia.

“Los deudores, que conformamos un movimiento a lo largo del país el 15 de setiembre pasado, pedimos que se suspendan los remates por un período de tiempo suficiente como para poder encontrar un solución entre el poder político y las agrupaciones”, sostuvo Delia Afranchino, de Asociación para la Protección de la Vivienda Única (Aprovu). La mujer aclaró que la gente está dispuesta a saldar las cuentas, “pero con montos acordes a los ingresos actuales que tenemos”.

Por su parte, Susana Bazán, de la misma organización, repudió “a todos los legisladores nacionales, porque no tratan el tema de la vivienda única con la seriedad del caso”. De hecho, el mes pasado se le otorgó media sanción a un proyecto de ley que suspende por un año las ejecuciones hipotecarias, aprobado por una coalición de diputados duhaldistas, radicales, del ARI, el socialismo y los partidos provinciales.

El kirchnerismo había intentado anticiparse a ese escenario, adverso a sus intereses. Por eso presentó un proyecto alternativo, elaborado por el Ministerio de Economía de la Nación, que propone dos variables: la creación de una instancia de mediación previa al juicio de ejecución, y la posibilidad de que el Banco Nación se presente como oferente en los remates de vivienda única, para comprarlas y luego refinanciarlas a los deudores y propietarios originales. Ese es el proyecto que impulsa el vicepresidente Daniel Scioli en el Senado.

“No estamos de acuerdo con ese proyecto y exigimos un arreglo, porque con estas idas y vueltas sólo se está alargando la agonía”, dijo Ana Pereyra, de la Asociación de Usuarios de Servicio Financieros (Asuserfi). Además advirtió que la ley provincial 12.406 –que establece que las viviendas únicas de familia y de ocupación permanente no se pueden rematar hasta el 30 de noviembre de este año– tiene un alcance limitado, y que el tema debe dirimirse en las esferas políticas más altas.

Según cálculos oficiales, los deudores suman unos 30.000 en todo el país, pero Bazán estimó que el número es bastante más elevado, “y esa es una de las razones por las que el gobierno de Néstor Kirchner elude el tratamiento de la situación”. Luego, la mujer lanzó una advertencia: “Desde el movimiento nacional de deudores se consensuó que no se va a entregar una casa más. Si se pierde una casa, se van a entregar los escombros”.

Los militantes también habían anunciado que realizarían escraches a los legisladores nacionales de cada provincia que no apoyaran el proyecto de suspensión de las subastas impulsado por partidos opositores al gobierno nacional.