LOS DICHOS DE LA JUEZA COSIDOY REPERCUTIERON EN LA LEGISLATURA

El ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, se reunió ayer en la ciudad de Santa Fe con diputados de la mayoría de los bloques que integran la Cámara baja para informar sobre cuestiones relacionadas con el problema del narcotráfico en la provincia. La convocatoria se concretó a raíz de las declaraciones de la jueza federal Laura Inés Cosidoy, quien denunció inacción del Estado en relación al tráfico de drogas y complicidad policial a la hora de combatirlo.

En tanto, el diputado provincial Marcelo Brignoni dijo que presentará un proyecto para crear una comisión bicameral de prevención de la drogadicción y el narcotráfico. Por su parte, la doctora Cosidoy envió ayer a la fiscal María Iribarren un informe sobre presuntas irregularidades cometidas por agentes de la policía provincial que participan en el combate al narcotráfico (ver aparte).

La diputada por el ARI, Alicia Gutiérrez, por su parte, indicó que “yo me refiero al aspecto preventivo y la vinculación de los Ministerios de Salud y Educación, que creo debrían actuar en consecuencia, no es forma esporádica sino sistemática, en todas las escuelas, y sobre todo hay que trabajar en un aspecto, que es el del estereotipar al drogadicto y verlo como un ser marginal, cuando en realidsd es un enfermo al cual hay que ayudar”.

Por otra parte, la diputada reutemanista Liliana Meotto, también se refirió al tema al señalar que “a la Justicia Provincial, al Gobierno Provincial, a la Policía Provincial, a la Policía Federal y a todos los actores que tienen que ver o tienen alguna responsabilidad en el tema, creo que tenemos que entender que hay que hacer algo”.

Además, la legisladora admitió que “si hay que modificar leyes, trabajemos en la modificación de las leyes, si la policía necesita más apoyo, hay que trabajar para dárselo”.

Por último, Meotto aceptó que la situación del narcotráfico en la provincia es cada vez más cmplicada y se profundiza más, y aseguró que “nos debemos un profundo debate sobre el tema”.

La reunión realizada en el despacho del ministro Rosúa contó con la presencia de la jefa de policía, Leyla Perazzo; el subsecretario de seguridad, Gustavo Peters; el director de la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop), comisario mayor Hugo Baigoría; el comisario mayor Gabriel Leegstra (ex titular de la Digedrop); y los legisladores Mario Lacava (PJ); Antonio Bonfatti, Raúl Lamberto y Sergio Liberati (PS); Ricardo Reinoso (PPS); Alicia Gutiérrez (ARI), Gabriel Real (PDP) y Marisa Tomei (UCR), entre otros.

Fuentes del Ministerio de Gobierno indicaron que Rosúa expuso ante los legisladores los distintos ámbitos “desde donde se da lucha para hacer cumplir la ley 23.737 de estupefacientes”.

Luego, representantes de la fuerza policial explicaron cómo se combate al narcotráfico en todo el ámbito provincial y de qué manera se interactúa con “otros ámbitos nacionales en materia de intercambio de todo tipo para que esta lucha sea más efectiva”.

“En la reunión se dio respuesta al pedido de informes presentado por los diputados la semana pasada. Se describieron cómo se hacen los operativos, las normativas vigentes, los convenios con organismos nacionales, entre otros temas”, explicó el vocero, quien se encargó de aclarar que no se hizo mención a los dichos de la doctora Cosidoy.

La reunión de ayer había sido propuesta por el propio ministro de Gobierno a fines de la semana pasada, luego de conocerse que diputados socialistas solicitaron en la sesión del jueves pasado la interpelación de Rosúa por las declaraciones vertidas por la doctora Cosidoy hace tres semanas.

El martes, el Ministerio de Gobierno distribuyó un resumen estadístico sobre la cantidad de procedimientos realizados por la Dirección de Drogas Peligrosas en 2005. El mismo fue para responder a las declaraciones realizadas por la diputada provincial Mónica Tomei (UCR), quien afirmó que el año pasado hubo menos procedimientos, detenidos e incautación de droga que en años anteriores.

En tanto, el diputado provincial por el bloque Encuentro Popular, Marcelo Brignoni, reiteró a El Ciudadano que los problemas con el narcotráfico en la provincia no son nuevos.

“Se han publicado notas sobre pistas clandestinas en el norte provincial en distintos medios, se han hecho denuncias sobre el tema, pero el gobierno provincial no ha hecho nada, solamente dicen que están estudiando planes”, expresó el legislador.

Para Brignoni, la reunión que convocó ayer Rosúa “tiene más ver con una necesidad política. Acá se están descalificando los dichos de la doctora Cosidoy y los de la diputada (Mónica) Tomei, y no se está trabajando”, comentó. “La sociedad está esperando respuestas y no discursos”, abundó el diputado.

Brignoni dijo además que hoy presentará un proyecto en la Legislatura santafesina para crear una comisión bicameral de prevención de la drogadicción y el narcotráfico.

MARIHUANA

Un operativo efectuado por personal de la Brigada de Drogas Peligrosas secuestró anoche 11 kilos de marihuana. Los efectivos interceptaron un taxi en el cruce de las calles Cochabamba y Cafferata, donde dieron con un bolso que contenía once panes de cannabis. La carga era trasladada por un hombre que tras ser detenido fue derivado a la dependencia que comandó el operativo.

CONTUNDENTE RESPUESTA DE COSIDOY

La jueza federal Laura Inés Cosidoy envió ayer a la fiscal María Eugenia Iribarren el informe que ésta le había solicitado sobre presuntas irregularidades cometidas por agentes de la policía provincial que combaten el narcotráfico. Se trata de una recopilación de fallos dictados por la magistrada en los últimos cinco años, que suman 280 fojas. De hecho la mayoría de estos fallos fueron publicados por este diario y en los mismos dejaba en claro la necesidad de abrir una investigación por todas las irregularidades cometidas por la pesquisa en causas de tráfico de droga.

Todo comenzó cuando Cosidoy hizo declaraciones públicas sobre supuestas negligencias y complicidades de personal policial en la compraventa de estupefacientes. El fiscal de Cámaras José María Peña instruyó a Iribarren para que le solicitara una ampliación de sus dichos a fin de determinar si algún integrante de la fuerza santafesina incurrió en delitos tales como encubrimiento, cohecho o incumplimiento de los deberes de funcionario público. Iribarren a su vez elevó el requerimiento al juez correccional Horacio Benvenutto, quien el 29 de mayo pasado envió un oficio a los tribunales federales. La respuesta llegó ayer a media mañana. Se trata de un extenso informe compuesto por fallos del tribunal oral al que pertenece Cosidoy, dictados entre 2001 y diciembre de 2005, contaron fuentes judiciales.

Esas sentencias contienen órdenes de remitir copias a los juzgados de Instrucción del fuero federal para que los magistrados abrieran causas por presunta negligencia o complicidad de funcionarios policiales que participaron de procedimientos antidroga. Tales irregularidades quedaron de manifiesto durante los juicios que le tocó tramitar a Cosidoy y por lo tanto la jueza advirtió a sus pares de primera instancia. Es que ella como integrante del tribunal oral no puede encargarse de esas pesquisas.

La fiscal Iribarren se encuentra por estas horas analizando el extenso material, que ocupa más de un cuerpo de expediente, antes de contestar al juez Benvenutto hecho.