LOS DIPUTADOS DEL PJ IMPULSARÁN EL JUCIO POLÍTICO CONTRA NAZARENO

No satisfechos con impulsar el juicio político al ministro de la Corte Carlos Fayt, el oficialismo motorizará en las próximas horas, y en simultáneo, el enjuiciamiento contra el titular del alto tribunal, Julio Nazareno.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá mañana para tratar ambos casos.

La causa sobre Fayt está casi lista y sólo falta el aval de la oposición para que se cristalice en un dictamen acusatorio. Los diputados opositores -léase radicales y ARI- no están demasiado convencidos sobre la solidez del caso y condicionan un eventual apoyo a que la comisión arremeta contra Nazareno, a su juicio el ministro de la Corte más emblemático de la “mayoría automática” afín al menemismo.

El Gobierno no pondrá obstáculos. Por el contrario. “Debe haber recambios en la Corte cuanto antes, sin traiciones ni pactos de impunidad”, fue el mensaje que encumbrados funcionarios gubernamentales transmitieron a los legisladores oficialistas en las últimas horas desde la Casa Rosada. Su intención es que al menos tres de sus integrantes abandonen su cargo.

Para concretar este objetivo, el justicialismo necesita por todos los medios asegurarse el apoyo de los diputados de la oposición; vale recordar que se requieren los dos tercios de los votos para que prospere en el recinto un dictamen acusatorio de la Comisión de Juicio Político. Por eso accedió a apurar, también, el enjuiciamiento contra Nazareno.

¿Cuáles serían las causales? Fuentes legislativas anticipan que en los últimos días se presentaron 12 nuevos pedidos de juicio político contra el titular de la Corte, que comenzarán a estudiarse esta semana. A esto se suma la propuesta de la diputada Elisa Carrió (ARI-Chaco) de reflotar las causas por las cuales Nazareno fue acusado en el recinto de la Cámara de Diputados el año pasado.

“Cosa juzgada”
Si bien dicho dictamen no prosperó -no obtuvo los dos tercios necesarios-, la legisladora sostiene que no se trata de “cosa juzgada” porque el caso no pudo llegar al Senado, por lo tanto no hubo un juzgamiento efectivo.

“Es una propuesta controvertida, por lo que mañana definiremos una lista de prestigiosos juristas que opinen sobre el asunto”, anticipó el titular de la comisión, Ricardo Falú (PJ-Tucumán).

Más allá de la estrategia que se emplee, una decisión es unívoca en el oficialismo: que los eventuales dictámenes acusatorios se discutan de a uno por vez en el recinto. Es decir, no habrá “acusaciones masivas”, como en octubre último.

Hay otro tema por resolver, también por reclamo de los diputados radicales y de ARI: cómo se conformará la nueva Corte, si efectivamente se producen las vacantes deseadas por el Gobierno.

Los diputados de la oposición son desconfiados; quieren ver señales concretas del Gobierno en cuanto a su voluntad de remover a los miembros más cuestionados del cuerpo y que no habrá “pactos de impunidad” con los ministros de la Corte. Pero no desean que este tribunal sea reemplazado por otra “Corte adicta”, en este caso al presidente Néstor Kirchner.

Por tal motivo, el Ministerio de Justicia está evaluando un decreto para hacer más transparente la designación de los nuevos jueces de la Corte, una facultad que hoy corresponde enteramente al Ejecutivo. “La cobertura de esos cargos se hará de la manera más cristalina, sin ningún tipo de Corte adicta ni de amiguismo”, enfatizó ayer el ministro de Justicia, Gustavo Beliz.