“Los docentes de Entre Ríos estamos luchando por la salud y por la vida”

Mariela Leiva es la docente entrerriana que el 4 de diciembre de 2014 se intoxicó luego de que una avioneta fumigara su lugar de trabajo.

Mariela Leiva es la docente entrerriana que el 4 de diciembre de 2014 resultó intoxicada junto a cinco de sus alumnos después que una avioneta fumigara agroquímicos sobre la escuela rural 44 de Colonia Santa Anita donde estaba dando clases, ubicada en el este de la provincia de Entre Ríos.

La de Leiva fue una de las voces que se escuchó en los Tribunales de Concepción del Uruguay el pasado lunes, cuando comenzó un juicio —el primero en su tipo en esa provincia— contra el dueño del campo, el piloto de la avioneta y el propietario de la empresa fumigadora, impulsado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) en el marco de la campaña “Paren de fumigar las escuelas”.

“Esta es una pelea muy importante por la salud y por la vida que a través de mi persona en este caso está dando todo el sindicato docente entrerriano”, sintetizó la maestra, quien expresó que después de los primeros días de juicio la sensación que le queda es “rara”, ya que “parece que se invierten los roles y que somos las víctimas las que tenemos que dar explicaciones”.

También ayer se conoció un comunicado de la Mesa de Enlace de Entre Ríos en la que los ruralistas expresaron su “preocupación” por el proceso judicial, y remarcaron que “es necesario que se pueda dilucidar con elementos técnicos certeros las afectaciones denunciadas por la docente”, ya que para los empresarios “se trató de una aplicación realizada con control profesional”.

Desde el gremio docente salieron a cruzar la postura de esa entidad al afirmar que no sólo la Mesa de Enlace no “comprende la gravedad del hecho que motivó el proceso judicial en curso”, sino que además busca “sembrar la duda con relación a las denuncias realizadas por las organizaciones ambientalistas y a lo actuado tanto por la fiscal interviniente como por el equipo de científicos que formaron parte de la investigación”. Y alertaron desde la Agmer: “Vemos que es clara la actitud corporativa de quienes fijan postura a favor del negocio, pero en contra de la salud de las comunidades rurales”.

Para Leiva, el comunicado expresa “el grado de impunidad con el que se maneja ese sector”, que se siente con capacidad de “decirle a la Justicia lo que tiene que hacer”.

Intoxicados

Según el relato de Leiva, ese 4 de diciembre la fumigación se hizo sin respetar ninguna de las exigencias que plantea la ley provincial 6.599: 50 metros de distancia de cualquier caserío si es una aplicación terrestre o 100 en el caso de ser aérea, preaviso de 48 horas, presentación de la receta agronómica en la policía, y la presencia de un ingeniero agrónomo que controle si las condiciones climáticas son las adecuadas. “En mi caso nada de eso se cumplió: fue una fumigación agresiva, sin aviso y sin control”, recordó la docente.

Pero además, y ya con un juicio abierto por esa fumigación, ese mismo productor —que fue alumno de esa misma escuela— volvió a fumigar al lado del establecimiento educativo un año después: “Este productor hizo otra aplicación estando nosotros en la escuela con un tractor, un día de viento, con un nivel de impunidad que ya no se puede justificar”, subrayó Leiva.

“Nosotros exigimos el cambio de modelo productivo porque no podemos permitir que se sigan utilizando químicos en la producción de alimentos. Pero como sabemos que es el modelo que tenemos y que eso no se modifica en un día, lo mínimo que exigimos es que se cumplan las leyes que ya existen”, sintetizó.

La docente contó, además, que tras declarar en el juicio se sintió “rara”, ya que “después de casi tres años luchando, los abogados daban vuelta las preguntas como para que una se contradiga”. Y agregó: “Yo estuve en ese lugar, fui expuesta y me sentí mal y soy yo la que tengo que dar explicaciones, parece que se invierten los roles”, aunque dijo que no dudaría en volver a hacer lo mismo “mil veces” ya que siente que es una pelea necesaria.

También acotó que hay una sola familia que no acompaña el juicio a pesar de que la hija fue una de las afectadas por la fumigación, tal como consta en el certificado expedido por la médica que los atendió cuando comenzaron a sentirse mal. “Estoy tranquila porque hay testimonios de peritos y de ingenieros agrónomos que avalan lo que vivimos”, expresó.