LOS EMPLEADOS – PROVEEDORES DE LA CASA DE GOBIERNO

El juez de instrucción de la ciudad de Santa Fe, Carlos Ferrero, ya tiene en sus manos la auditoría interna realizada por el Ministerio Coordinador -a la que tuvo acceso Rosario/12- que investigó a pedido de la Administración Federal de Ingresos Publicos (AFIP) compras realizadas por el propio Estado provincial entre 2001 y 2003. De la misma se desprende que hay parentescos entre quienes compraban y quienes vendían, que las empresas se formaban con el solo fin de ser proveedoras del Estado. A pedido de la Afip, el gobierno provincial realizó una auditoría sobre áreas que dependían de Verónica Reutemann, cuando ocupó la secretaría privada de la gobernación de su tío Carlos Alberto. Las supuestas irregularidades iban desde compras ilegales beneficiando a firmas de proveedores fantasmas pertenecientes a empleados de la misma repartición y a sus familiares, comprobantes falsos, facturas duplicadas y desdoblamiento de compras para evitar licitaciones públicas.

La subsecretaría de Logística del Ministerio Coordinador realizó una auditoría interna en la que observó que “resulta llamativo que en la mayoría de las firmas proveedoras los apellidos sean coincidentes con la de los agentes de la Dirección General de Administración”. Y aconsejó que “sería necesario profundizar en la verificación de presuntos lazos de parentesco como así también en la metodología de compra utilizada determinando si existe incompatibilidad y o irregularidad alguna”.

También evaluó la documentación y observó que “la mayoría de los proveedores únicamente operaban con el Estado provincial y en particular con ciertas reparticiones dependientes de la Dirección General de Administración”.

La situación quedó al descubierto “al analizar la base de datos, donde pudo verse que por la numeración de las facturas queda claro que no realizaban operaciones con otros clientes”.

El estudio remarcó que “en algunos casos se observaban proveedores que facturaban asiduamente en un período determinado y abruptamente dejaban de facturar a los organismos antes mencionados, surgiendo nuevas firmas en su reemplazo que a partir de ese momento iniciaban sus actividades”.

Los auditores remarcaron que “no fue suministrada gran parte de la documentación respaldatoria de las operaciones de compras del período bajo análisis ni fue localizada en las cajas existentes en el sector Activo (de acuerdo al rótulo identificatorio de las cajas). En tal sentido debería normalizarse esta situación localizando la documentación faltante así como organizar el sector Activo”.

Y aclararon que “este informe es parcial atento a la documentación faltante mencionada en el punto anterior”. De igual modo la operatoria de compras sucesivas por pocos montos, despierta la sospecha de violar la Ley de Contabilidad de la provincia; además de remarcar que era “llamativo” que estas empresas solo le vendieron insumos al Estado.

El juez Ferrero investiga a los proveedores y la AFIP investiga una supuesta diferencia entre lo que los proveedores recibían del Estado por la mercadería y las facturas que el Estado pagaba. En este caso, podría haber defraudación contra el Estado santafesino.

Entre las empresas investigadas figuran “Hewpack Distribuciones”, que proveía a la secretaría privada de la gobernación de artículos de librería y computación, “Insumos Paper” y “Gin‑Ming”. Según los comprobantes que encontró la auditoría “Insumos Paper” le vendió a la Gobernación entre el 2002 y el 2003 poco mas de 143 mil pesos. Hewpack lo hizo entre el 2001 y el 2003 por más de 96 mil pesos, de Gin‑ Ming no se encontraron comprobantes, mientras otra empresa I &C SRL le facturó al estado provincial 147 mil pesos. Finalmente la firma “Noe” lo hizo por mas de 74 mil pesos. El total de las operaciones analizadas suman poco más de 464 mil pesos.

La auditoría destaca que sólo se verificó el 19 por ciento de los expedientes del año 2001; el 64 por ciento de los del año 2002 y el 92 por ciento del 2003. En montos, restan verificar unos 13 millones de pesos. En todos los casos, se estaría violando la legislación vigente al haber incompatibilidades de los funcionarios públicos.