LOS EX MINISTROS DE EDUCACIÓN GARCÍA SOLÁ Y DECIBE, PROCESADOS

El juez federal Jorge Ballestero procesó por presunto fraude contra el Estado a los ex ministros de Educación del gobierno menemista Susana Decibe y Manuel García Solá y le trabó a cada uno un embargo de 400.000 pesos, pero los ex funcionarios ya apelaron la resolución, informaron hoy fuentes judiciales.

La medida de Ballestero también alcanzó en los mismos términos al ex Subsecretario de Administración de Educación, José Elisardo Fortes; al encuestador Hugo Haime, que había sido contratado para la realización de estudios de opinión, y a dos empleados de su consultora.

En diciembre de 2001 Ballestero había dictado la falta de mérito para los imputados, pero el fiscal Carlos Cearras apeló esa resolución ante la Cámara Federal y este tribunal revocó aquello y le ordenó al juez que ahondara en las investigaciones.

Tanto Decibe como García Solá han sido procesados por supuesta “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” porque, según los investigadores, habrían contratado en forma directa, sin necesidad los servicios del encuestador Haime.

Enterada de la noticia, Decibe dijo que el procesamiento es “totalmente descabellado” y señaló que la medida judicial le provoca “un daño muy grande”. Según dijo, en aquella oportunidad dispuso que se realizara ese estudio porque era “imprescindible” para llevar adelante las políticas educativas que encabezaba.

“No quiero tener ninguna duda de mi gestión, de mi buen nombre y honor, y me pongo a disposición de los que quieran evaluar mi desempeño como funcionaria”, añadió.

Por su parte, García Solá consideró “sospechosa” que esta medida recaiga ahora en su contra, cuando él está compitiendo en las futuras elecciones por la futura intendencia de Resistencia, Chaco.

“En este momento mis abogados están apelando el auto de procesamiento y estoy seguro de que todo esto llegará a feliz término, porque no ha habido en el gobierno del ex presidente Carlos Menem gestión más impoluta que la nuestra en Educación”, aseguró García Solá.

En tanto, en la empresa de Haime comunicaron que no iban a emitir opinión sobre el tema.

La denuncia que dio origen a esta causa fue radicada por la Oficina Anticorrupción (OA), organismo que consideró que los “funcionarios públicos actuaron beneficiando un interés privado”, en referencia a la consultora, y contrataron estudios que no se usaron en “ninguno de los programas desarrollados por el ministerio”.

Durante la gestión de Decibe y Solá, entre 1996 y 1999, según las fuentes se habrían concretado cinco contratos con Haime para que realizara encuestas, pero dijeron que en muchos casos se habrían superpuesto, al punto que uno era sobre el “criterio” y otro por la “opinión” de la comunidad sobre la evaluación en el sistema educativo.

La OA denunció violaciones a las disposiciones que regulaban los contratos, relativas a los montos máximos que debían abonarse, y la supuesta falta de utilidad de los trabajos contratados, que no habrían sido utilizados en el desarrollo de ninguno de los programas llevados adelante por el ministerio, y que no se informaron al ministro los resultados alcanzados.

En sus declaraciones indagatorias, que se concretaron sobre el final del 2001, Decibe reveló que la contratación de Haime había sido resuelta en una reunión del Gabinete nacional, mientras que García Solá asumió haber firmado los contratos cuestionados, pero descartó cualquier irregularidad y aseguró que resultaban necesarios en el desarrollo de la política educativa.

Según los investigadores, Fortes habría sido el encargado de adjudicar a Haime los estudios.

En tanto, el papel de Decibe y García Solá, según las fuentes, habría sido el de autorizar aquellos gastos, que habrían ascendido a unos 700.000 pesos, y se homologaron mientras los ciudadanos debían hacer frente al impuesto para el Fondo Nacional de Incentivo Docente destinado a mejorar el salario de los maestros.