LOS FISCALES PRIORIZARÁN CIERTAS CAUSAS PENALES

El Poder Judicial santafesino decidió empezar a clasificar las investigaciones penales pendientes, de acuerdo a la trascendencia de cada caso. Lo hace con la expectativa de apurar las causas más importantes, en desmedro de la multiplicidad de delitos de menor envergadura que supera la capacidad de respuesta del sistema.

Por esta razón, pudo observarse en los últimos días un sigiloso desfile de jefes policiales por las fiscalías de los Tribunales de Balcarce al 1600. Es que la Procuradoría de la Corte Suprema provincial ordenó a los fiscales de Cámara darle prioridad a los casos más relevantes y, en función de eso, reorganizar el trabajo pendiente con la policía.

Esta decisión de política judicial comenzó a plasmarse a partir de una cartilla de instrucciones emitida por el procurador de la Corte, Jorge Bof, y encomendada a sus subalternos inmediatos, los fiscales de Cámara. Estos son quienes deben escoger los casos a otorgar mayor preferencia. Por eso llamó la atención a los habitués de Tribunales ver en los últimos días la visita de encumbrados jefes de la Unidad Regional II en las fiscalías de Alzada.

“Se está llamando a las autoridades policiales para tener información sobre la actuación de la fuerza preventora en determinadas causas y, a partir de allí, ellos pueden sugerir al juez las medidas a tomar para esclarecer un determinado caso”, explicó uno de los fiscales de Cámara, José María Peña.

A más de un desprevenido le sorprendió enterarse de esta iniciativa; pero los representantes del Ministerio Público tienen esta atribución desde que el año pasado se reformó el sistema. “Los fiscales pueden entrevistar a policías, a víctimas. Y eso no significa que dirijan la investigación ni suplan el lugar del juez de instrucción, pero tienen derecho a plantear medidas y el Código Procesal Penal les da facultades para que aporten cómo conseguir pruebas”, aseveró Peña.

A través de esas instrucciones emitida por Bof, la tarea de los fiscales pasa también por ser más severos en los plazos procesales correspondientes a los hechos considerados “prioritarios”. “No es lo mismo el caso del Loco de la Escopeta que un arrebato callejero; aunque los dos hechos deben ser investigados” comparó Peña.

“Bof se reunió con los fiscales de Cámara y se acordó con nosotros la forma de implementar la reforma. Es que la prioridad no siempre está dada por la causa, sino por la peculiaridad del caso. De hecho, los casos en los que hay personas privadas de su libertad son prioritarios según la ley, pero además evaluamos los hechos que producen alarma social, o los que se repiten”, evaluó.
El trabajo del fiscal

En la provincia de Santa Fe, a diferencia de otros lugares como Córdoba o Buenos Aires, el que investiga los delitos es el juez de Instrucción, mientras que en las otras provincias ese lugar está reservado a los fiscales. Si bien desde fines del año pasado una reforma en la ley concede a los fiscales mayores atribuciones para poder investigar, según el fiscal Peña, eso nunca puede aplicarse en la práctica porque “nunca se nos brindaron los recursos necesarios para hacerlo”, cuestionó el funcionario judicial.

La reforma judicial que se efectuó en varias provincias se intentó en Santa Fe con muy poco éxito. “Lo que se quiso hacer es que los fiscales se hicieran cargo de las investigaciones judiciales, pero sin brindarle los elementos necesarios”, evaluó Peña. “En Buenos Aires, la reforma se implementó, pero no se la puede considerar exitosa, también por falta de medios”, agregó.

“En el primer gobierno de (Carlos) Reutemann se intentó llevar a cabo una reforma, porque los ideólogos del proyecto consideraban que con la infraestructura actual alcanzaba. Yo pregunté en base a qué tribunales consideraban que la infraestructura era suficiente y me dijeron «a los de Santa Fe»”, relató el fiscal.

Para Peña, el hecho de hacerse cargo de las investigaciones requiere medios, recursos y más fiscales. “En la reforma que se aprobó el año pasado, se le da más injerencia al fiscal en la instrucción, pero como no se les dan medios no se puede implementar. Se necesita, por ejemplo, de un secretario de actuación para tomar declaración, si no según la ley ese testimonio no es válido. Es por eso que nadie investiga por su cuenta”, evaluó.