LOS HECHOS DE DICIEMBRE DE 2001 LLEGARON A MANOS DE LA CORTE

A 19 meses de las muertes ocurridas en Santa Fe y Rosario durante las protestas contra el gobierno de Fernando de la Rúa, la Corte Suprema de Justicia deberá resolver una cuestión de competencia entre juzgados correccionales de ambas ciudades, para que se pueda avanzar en la investigación de una serie de delitos que rozan a ex funcionarios políticos.

Se trata, por ejemplo, de causas ligadas a incumplimiento de deberes de funcionario público, cuyas penas son de hasta tres años y por lo tanto los casos son manejados por la Justicia Correccional. Entre los investigados por estos casos aparece el ex secretario de Seguridad, Enrique Alvarez.

Paralelamente, el juzgado de Instrucción 13 de Rosario tiene en sus manos las investigaciones directamente relacionadas con los homicidios cometidos por aquellos días.

De todos modos, sólo uno de los casos pasó ya a un juzgado de Sentencia. Se trata de la muerte de Claudio “Pocho” Lepratti, por la que se encuentra procesado por el presunto delito de homicidio el policía rosarino Esteban Velázquez.

Por distintas razones, en el resto de los casos la investigación no tuvo mayores avances y, por lo tanto, no existen procesados.

El abogado Federico Garat, quien tiene en sus manos los casos de Claudio Lepratti, Juan Delgado y Walter Campos, explicó que “es casi imposible obtener certezas, porque por distintos motivos no se puede precisar quiénes fueron los policías que dispararon aquellas balas”.

Una de las razones planteadas por Garat apunta a que “existe una fuerte red de complicidades en el entorno policial para no permitir que se reconstruyan las pruebas. Pero no me caben dudas de que hay policías que saben quién disparó en algunos casos”.

“El otro inconveniente -añadió- pasa por las debilidades propias del Poder Judicial. No digo que no exista intención de investigar, pero sí que no siempre se logran avances efectivos”.

Garat se quejó porque en la provincia “no se investigaron las cadenas de responsabilidades. Aquí alguien dio órdenes y es responsable por acción u omisión”.

Cabe recordar que ningún funcionario político, ni perteneciente a los máximos niveles de autoridad policial, fue llamado a declarar por las muertes ocurridas durante aquellos dos días en la provincia de Santa Fe.

Como contrapartida, la semana pasada y casi un año después de la orden de la Cámara Federal, la jueza María Servini de Cubría indagó al ex presidente Fernando de la Rúa por el homicidio culposo de cinco manifestantes muertos en la represión policial de diciembre de 2001. Incluso, frente a la tercera inasistencia consecutiva ante el juzgado, los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers habían pedido su detención.

En definitiva, De la Rúa fue el primer presidente constitucional en la historia del país que debió declarar ante un juez por este tipo de delitos. El otro que debía declarar era Ramón Mestre, ex ministro de Interior que falleció el pasado 6 de marzo.

La causa ya tiene procesados al entonces secretario de Seguridad, Enrique Mathov, y al ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos.