LOS INCREIBLES SOBREPRECIOS QUE EL PAMI PAGA A SUS PRESTADORES

El PAMI paga en Rosario por la contratación de servicios de alta complejidad para los pacientes de los policlínicos PAMI I y PAMI II -a través de un acuerdo con el Sanatorio Plaza- valores muy superiores a los contenidos en el nomenclador nacional de la obra social y que en promedio significa un 116 % de más. Así surge del informe final de la auditoría interna realizada en Rosario durante julio pasado respecto del gasto prestacional de los policlínicos. El citado 116 % se eleva al 392,11 % para el caso de una tomografía computada que se paga 240 pesos cuando el nomenclador indica 55,93, mientras que por una retino-flurecinografía -práctica ocular- se abona un 396,13 % más, es decir 45 pesos cuando el costo es de 11,36. El informe entregado al interventor Juan González Gaviola hacia fines de julio, firmado por el titular de la Unidad de Auditoría Interna, Fabián Ferrario, habla de que la firma de ese acta-acuerdo sin llamado a licitación, significó una perjuicio para el instituto, que inmediatamente debió pagar 60 mil pesos mensuales más mientras simultáneamente se achicó el llamado ‘menú prestacional’ al que pueden acceder los afiliados.

Dificultades en el control de las prestaciones y un gasto de 27 pesos –sin tener en cuenta los costos que corresponden al rubro personal y amortizaciones– o de 60 pesos si se tienen en cuenta esos ítems, componen el gasto prestacional de los policlínicos, cuando a los prestadores capitados de la zona se les paga 19 pesos.

Cuando la intervención de Juan González Gaviola en el PAMI Central decidió realizar una auditoría interna, apuntó a evaluar el gasto prestacional de los policlínicos rosarinos en el segundo y tercer nivel prestacional -media y alta complejidad- y se tomó como eje el convenio suscripto con el Sanatorio Plaza SA por ser uno de los de mayor significación económica.

El 2 de mayo del 2002 se celebró un acta acuerdo con ese prestador para el nivel de alta complejidad y se hizo mención al decreto nacional de emergencia sanitaria nacional inspirado, según dice el informe definitivo de la auditoría, en el principio de `sacrificio compartido’, pero ese acuerdo sólo perjudicó al instituto porque aumentó el precio vigente hasta abril de 2002 de 330 mil a 390 mil pesos, mientras que en la documentación interna de la jefatura del Area Auditoría de la entonces UPPRI -que funcionaba en Sarmiento al 400- se reconocía que se achicaba el `menú prestacional’. Además de señalarse que las cláusulas del contrato son “confusas y contradictorias” se hace mención a los 390 mil pesos como una suma fija mensual “pero se desprende que se trata de un contrato por prestación en el cual esa suma funciona como adelanto”, ya que se presenta una factura mensual por esa cantidad y luego otra por la diferencia resultante con el total de prácticas realizadas. Justamente el punto 5 plantea que con fecha 7 de julio pasado se recibieron para su control y posterior liquidación los expedientes por excedentes correspondientes a los meses de julio de 2002 a abril de 2003 por un monto de 819.319,74 pesos.

Los valores de las prestaciones incluidas en el acta-acuerdo con el Sanatorio Plaza, según el informe que se elevó al interventor del PAMI Juan González Gaviola, “son muy superiores a los que surgen del nomenclador nacional y alcanzan para algunas prácticas un incremento promedio del 116,16%”. Para algunas de ellas ese porcentaje es muy superior: es el caso de una tomografía computada que, de acuerdo a este convenio, cuesta $ 240. Pero el nomenclador nacional fija un valor de 55,93, lo que supone que se le cobra al Pami un 329,11% más

Para el caso de la práctica ocular denominada retino-flurecinografía, se le cobra al PAMI 45 pesos, cuando su valor de nomenclador es de 11,36. Este precio también se cobra en dos obras sociales particulares tomadas como referencia, por lo que el porcentaje que paga en más la obra social de los jubilados es de 296,13%.

Para el caso de una resonancia magnética los valores respectivos son de 480 y 250 pesos, a partir de lo que se paga 92 % más al prestador que lo que fije el nomenclador nacional por el que se rige la obra social de los jubilados.

Otro punto fuente de objeción que figura en el sector mencionado de la auditoría prestacional es la creación de un denominado Centro Derivador en el sanatorio donde se entregan los turnos y se realizan las derivaciones de acuerdo al tipo de práctica requerida, una gestión en la que no participa personal del instituto y por lo tanto no tiene seguimiento del paciente una vez que se dio la derivación.

De allí en más, explicó ayer a Rosario/12 uno de los auditores, “la práctica pudo haber sido realizada o no, pero de igual manera se factura y se cobra”.

Las recomendaciones planteadas a González Gaviola desde la Unidad de Auditoría Interna del PAMI -con la firma del contador Fabián Ferrario- hablan de la necesidad de elaborar un pliego de bases y condiciones para la contratación por licitación o concurso público de los servicios de “falta de especialidad y alta complejidad” que incluya un análisis previo sobre las prácticas necesarias y el pertinente estudio de costos. También alienta la modificación del convenio actual hasta la adjudicación definitiva, fijando un valor cápita o monto fijo sin reconocimiento de excedentes, instrumentación de controles efectivos y adecuados al tipo de convenio acordado.

Entre las conclusiones, la auditoría plantea que el gasto prestacional de los policlínicos es del orden de los 27 pesos por afiliado excluyendo gastos en personal y amortizaciones. Si se tienen en cuenta estos rubros, ese gasto asciende a 60 pesos frente a los 19 que el instituto le abona al prestador capitado de la zona.