LOS INFORMES SOBRE EL DICIEMBRE TRÁGICO SE EXPONEN EN EL CONGRESO.
La Comisión Investigadora No gubernamental de los Hechos de Diciembre de 2001 se reunirá el martes próximo, en Buenos Aires, con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación ante la que presentará el informe de lo realizado hasta el momento, donde se señalan las responsabilidades políticas, en primer término la del gobernador Carlos Alberto Reutemann y la de la Justicia que según consideran sus integrantes “trabajó para consagrar la impunidad”. Se busca plantear a nivel nacional las responsabilidades políticas y policiales por las muertes del ‘diciembre trágico’.
La comisión también pidió una audiencia con el secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Luis Duhalde. Duros cuestionamientos a los lugares que ocupan en la SIDE el ex subsecretario de Seguridad Enrique Alvarez y en un área del Ministerio del Interior, dice la comisión, “el ex jefe de Policía de la provincia José Storani”.
Los integrantes de la comisión no gubernamental se reunirán a las 10.30 con los diputados nacionales en Buenos Aires y también en la mañana con otras organizaciones que trabajan en derechos humanos y a las 16 estarán en la sala José Luis Cabezas del Congreso donde darán una conferencia de prensa.
El objetivo de esta movida de la comisión provincial es marcar a nivel nacional que lo que se hizo en Santa Fe tiene una gran distancia con las posturas adoptadas en Buenos Aires. “Aquí todas las responsabilidades políticas se diluyeron y hubo obstáculos desde el Ejecutivo provincial en la labor de la comisión”, dijo a Rosario/12 Lilian Echegoy, integrante de la Coordinadora de Trabajo Carcelario.
Mientras se espera una respuesta afirmativa al pedido de audiencia que se planteó ante el secretario de Derechos Humanos de la Nación, el ex juez Eduardo Luis Duhalde, la comisión no gubernamental insistirá en el planteo de la responsabilidad política y policial y en el cuestionamiento acerca de que el ex secretario de Seguridad de la provincia Enrique Alvarez “siga con un puesto dentro de la SIDE” y que el ex jefe de la policía provincial en diciembre de 2001, José Storani, tenga una responsabilidad “en coordinación de fuerzas desde el ministerio del Interior”.
Echegoy recordó que las solicitudes de informes que le hicieron tanto al gobernador Reutemann como al ministro Carlos Carranza no tuvieron respuesta y respecto de la investigación de la Justicia “desde nuestra óptica no hizo más que asegurar la impunidad”, dijo Echegoy que señaló que en una de las causas donde la comisión se presentó pidiendo las investigaciones de las responsabilidades políticas se “dictó rápidamente el falta de mérito para los jefes policiales”. Esta causa es la que estaba en el juzgado Correccional de Juan José Alarcón.
La comisión investigadora está integrada por los diputados provinciales Eduardo Di Pollina, Angel D’Ambrosio, Federico Pez y Alfredo Cecchi, por los legisladores nacionales Alicia Gutiérrez y Alberto Piccinini, por los integrantes de la Coordinadora de Trabajo Carcelario y además por Iván Hernández Larguía (APDH), Rubén Naranjo del Foro Memoria y Sociedad, Gustavo Martínez de la Asociación Trabajadores del Estado, los abogados Enrique Font y Paula Moretti, del Centro de Investigaciones en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y los sacerdotes y miembros de la llamada Carpa de la Resistencia, entre ellos el cura Salvador Yaco.
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