LOS INSPECTORES DE LA API, TAMBIÉN EN RUTAS Y PEAJES

“Es posible que en los próximos días empiecen a ver una actividad fiscalizadora no convencional”. El titular de la Administración Provincial de Impuestos reveló a El Litoral otra de las medidas con las que pretenden llevar a la práctica el plan antievasión anunciado en el acto de su propia asunción.

“Queremos salirnos de los reiterados operativos que se hacen siempre en el microcentro, donde ya sabemos que hay gente con capacidad contributiva. No queremos estar solamente sobre ellos, sino dispersar nuestra acción hacia contribuyentes que son seleccionados por parámetros de actividad y de porcentajes de evasión. Por eso -anunció Héctor Serravalle-, es posible que en los próximos días empiecen a ver operativos no convencionales como en rutas o peajes, tratando de detectar evasiones que de otra forma no se detectarían”. A modo de ejemplo, el funcionario habló de los servicios conexos que tiene la producción. “Como actividad primaria y después del último Pacto Fiscal, la producción está exenta de Ingresos Brutos, pero no los servicios en los que ella se apoya. Me refiero a servicios de embalaje, de transporte, de mantenimiento, o en el caso del sector agropecuario, al laboreo rural o las fumigaciones. Por eso -comentó-, tenemos que diversificar la fiscalización, porque si no inspeccionamos esa actividad, se nos están escapando un montón de otros servicios”.

Cómo hacerlo

Acerca de los métodos para controlar estos sectores, Serravalle recordó que todo traslado de productos está amparado por documentación, por ejemplo, la guía del transporte de la mercadería trasladada o los papeles de la empresa que está transportando. “Cuando falta alguno de estos documentos -advirtió-, es porque estamos en presencia quizás de un transportista no autorizado, o de un comerciante que está enviando su mercadería no declarada y sin la factura respectiva. Esto nos va llevando a detectar incumplimientos mayores”.

El funcionario destacó la importancia de este tipo de fiscalización puesto que en la actualidad, casi todos los bienes que circulan en la economía son transportados. “Interrumpiendo sin molestar pero poniéndonos en el medio de la cadena en la que se transportan los bienes, podemos detectar al que trabaja ilegalmente. Queremos ayudar al transportista que cumple, combatiendo al que le hace una competencia desleal -dijo-, a través de una empresa no autorizada o sin comprobantes. Porque no es negocio estar en el circuito del incumplidor”.

Esta decisión de salir a “rutas y peajes” se suma a la de de rastrear el pago del Impuesto de Sellos (ver aparte), y a la de escrachar públicamente a los cien principales deudores del Impuesto Inmobiliario. Al respecto, Serravalle dijo que la intención es empezar con estos deudores “de mayor capacidad contributiva” para seguir luego con los de más abajo, y teniendo en cuenta las deudas generadas por inmuebles de tipo social, como las viviendas de Fonavi.

Los que evaden

El principal grado de evasión se da en Ingresos Brutos, pero es difícil medirlo por no ser un impuesto de emisión. Para controlarlo, API apela a elementos que presuntivamente permiten determinar si la magnitud declarada condice con la importancia del negocio. “Cuando advertimos esas diferencias -dijo Serravalle-, le hacemos al contribuyente una determinación impositiva, le damos una instancia administrativa de defensa, y si se comprueba el incumplimiento, lo intimamos a que pague. Si no lo hace, el ejecutor fiscal inicia el expediente en Tribunales, pide el embargo de bienes y arranca el trámite que termina con la sentencia y posible ejecución patrimonial”.

En el caso del Inmobiliario, la evasión es de un 30% en el tributo urbano y de un 20% en el rural. Si el tributo no se paga, a los 30 días API envía un requerimiento que advierte sobre las cuotas adeudadas. Si pasado ese recordatorio no hay retorno de pago, se manda una intimación y, finalmente, abogados. Todo, en un plazo que no excede los 180 días.

El funcionario advirtió que por estadística se están detectando algunas actividades con un alto grado de evasión, pero evitó nombrarlas.

“No puedo contarle a dónde voy a dirigir el tiro porque si no se me va a escapar la presa -ironizó. En esto es de gran ayuda nuestro actual equipamiento informático que va a permitirnos recorrer un gran número de cuentas corrientes y saber, por ejemplo, quién omitió pagar un mes, quién presentó declaración jurada y no pagó, quién presenta un plan normalmente bajo respecto de lo que es su promedio”. Pero esto, aclaró Serravalle, es “una nueva fase de la fiscalización”, que debe complementarse con el control de los fiscalizadores. Actualmente en toda la provincia hay cien inspectores en condiciones de salir a la calle. “Nunca alcanzan pero es lo que tenemos. Yo quisiera que sobraran porque eso significaría que se evade menos”, concluyó.

Números

-15 son los abogados que tiene la API. Esperan duplicarlos.

-350 millones de pesos, aproximadamente, tiene la API en gestión judicial. Muchos deudores ya quebraron o están concursados.

-100 son los inspectores capacitados y en actividad.

-30 por ciento es la evasión del Inmobiliario Urbano.

-20 por ciento es la evasión del Inmobiliario Rural.

-24 millones de pesos aproximadamente, es lo que adeudan los cien principales deudores de Inmobiliario.

Alerta sobre Impuesto de Sellos

Serravalle advirtió sobre cierto relajamiento en el cumplimiento del Impuesto de Sellos, que grava los contratos y actos jurídicos en Santa Fe.

“El Impuesto de Sellos está plenamente vigente, sin embargo, estamos encontrando que existen contratos de alquiler o de arrendamiento y de otro tipo sin sellar. Y este incumplimiento -advirtió el funcionario- no sólo genera problemas a la hora de ir a reclamar por ejemplo un desalojo, sino también una grave sanción por parte del fisco”.

Serravalle recordó que las penas son altas, y adelantó que iniciarán un fuerte operativo para rastrear y rescatar los contratos no sellados.

“Quiero decirle a los contribuyentes, que vayan y los sellen lo antes posible porque a contrato no sellado que encontremos, le aplicaremos la legislación que es muy dura. Las penas -insistió- están graduadas en tantas veces como correspondía el sellado original, según el tiempo que haya pasado. Entonces, se pueden encontrar con penas de una a diez veces el impuesto omitido; no es algo insignificante. Estamos revisando los lugares a donde van a parar los contratos sin entrar a la casa del contribuyente, pero sí teniendo en cuenta las inspecciones. Por eso no queremos que se sorprendan los dueños de las propiedades, porque la penalidad es muy alta y la vamos a aplicar de manera inflexible. No tenemos ninguna posibilidad de ser condescendientes con esto”, concluyó.