LOS JEFES POLICIALES SERÁN SOMETIDOS A MAYORES CONTROLES PATRIMONIALES

El ministro de Gobierno, Carlos Carranza, aseguró que en la provincia ha aumentado el control sobre la justificación del patrimonio del personal jerárquico policial, basado en normativa existente desde hace varios años y previendo reformas que mejoren la eficacia del procedimiento.

El funcionario provincial aseguró que en un par de semanas irá a la Legislatura el mensaje que modifica la ley orgánica de la Policía que, entre otras cosas, dotará de mayor autonomía a la Dirección de Asuntos Internos y la habilitará para poder requerir información a terceros.

“Esto significa que va a poder consultar a testigos, entidades bancarias, financieras, a efectos de investigar un tipo penal bastante específico y complejo, que es el enriquecimiento ilícito”, sostuvo Carranza.

De todos modos, el ministro dejó en claro que, frente a la difusión que están tomando las medidas de control patrimonial en otros distritos, en Santa Fe existen previsiones al respecto desde hace tiempo -aunque quizás con un alcance más formal que efectivo-.

“No nos olvidemos que todas las jerarquías de jefaturas de unidades regionales, más jefaturas de provincia y estado mayor, de acuerdo a la ley de personal 6769 (art. 28 inc. i), deben depositar anualmente en la escribanía de gobierno sus declaraciones juradas, al solo efecto de que estén disponibles para cualquier juez que lo solicite en el momento en que sea necesario”, sostuvo.

La previsión legal

Según la norma, todos los efectivos -a partir de la jerarquía de subcomisario- deben obligatoriamente presentarla y mantenerla actualizada. La obligación se extiende a las modificaciones que se produzcan en su situación patrimonial y en la de su cónyuge, si lo tuviere.

En el caso de los oficiales que se encuentran a cargo de Jefaturas de Unidad Regional, Plana Mayor Policial, Zonas de Inspección, Cuerpos, etc., las respectivas declaraciones juradas patrimoniales son archivadas en la Escribanía Mayor de Gobierno, y abiertas cuando resulta necesario hacerlo en virtud de requerimiento judicial o administrativo. Por Resolución Ministerial n° 242/90 ello se amplió para incluir a los jefes de Comisarías y Seccionales policiales. Por otra parte, conforme con instrucciones emanadas de dicha cartera, la Dirección Provincial de Asuntos Internos se encuentra elaborando un proyecto de reglamentación de la norma legal, a través del cual se pretende dotar de mayor rigurosidad, amplitud y especificidad al contenido de los datos a aportar por el presentante, a efectos de viabilizar las investigaciones respecto de los funcionarios que ameritan ser investigados por enriquecimiento ilícito u otras figuras penales conexas.

Por lo demás, la normativa específica de la Policía (Ley del Personal Policial), se complementa con la genérica de todos los funcionarios públicos: la Ley 8.709 y su decreto reglamentario 584, de abril de 1998. La norma exige en todos los casos una información periódica de la evolución patrimonial de todo funcionario público provincial, lo que abarca al personal policial en su conjunto.

Seguridad

En otro orden, Carranza adelantó que “hemos avanzado en términos de tratar de incluir en el próximo presupuesto, para el mes de agosto o de setiembre, las partidas necesarias para una nueva agencia burocrática -que también va a tener que pasar por el trámite parlamentario- pero que aún no está definido si va a ser ministerio o secretaría de Seguridad”.

Sobre esta base, el ministro de Gobierno dejó sentado que “esta gestión dejaría el trámite habilitado -no sólo a través de la modificación de la ley de ministerios, sino también la de presupuesto-, para que se esté en condiciones, quizás antes de fin de año, de poner en marcha el nuevo organismo encargado de la seguridad”.