LOS JUÁREZ, COMPROMETIDOS POR ESPIONAJE POLÍTICO

Nuevos testimonios de personajes políticos, religiosos, sindicalistas y periodistas involucran a los ex Gobernadores Carlos y ‘Nina’ Juárez, en la causa en la que se investigan tareas de espionaje ilegales.

Se trata de las más de 40 mil carpetas con información extraída de seguimientos y persecuciones de la vida privada que se realizaban a personas elegidas, en su mayoría opositoras al gobierno provincial durante la gestión juarista.

Con anterioridad, el fiscal federal Alberto Pravia había apelado la falta de mérito dictada al matrimonio Juárez, que durante varias décadas gobernó la provincia.

Las investigaciones impulsadas por Pravia surgieron tras la denuncia del ex policía Rubén Vivas, que durante cuatro años se desempeñó en la División Informaciones de la Policía de Santiago del Estero, popularmente conocida como D 2 o como “GESTAPO santiagueña”.

La mayoría de los testimonios calificaron de “ilegales” el espionaje que se sometía a la gente sobre “amistades, lugares que habitualmente concurrían y hasta de comentarios a través de la prensa”.

En declaraciones a las que Télam tuvo acceso, los testigos también hicieron referencia a “escuchas telefónicas” y posteriores de grabaciones de diálogos que se lograban captar a través de “pinchaduras” en líneas de teléfonos, entre ellas de empresas periodísticas.

Por su parte, el ex policía Vivas reveló que las carpetas “estaban ordenadas por números, códigos y por letras y en muchos casos, cuando no tenían afiliación partidaria, se investigaba acerca de su ideología política”.

Vivas, quien hace cuatro años fue separado de las fuerzas de seguridad, dijo que diariamente “se elaboraban cinco carpetas” a pedido del ex jefe de Inteligencia, comisario Antonio Musa Azar, procesado por el doble crimen de La Dársena, y el ex secretario de Seguridad Jorge D’Amico.

La información “secreta” fue localizada a principio de 2004,en el edificio del D 2 de la capital santiagueña, lugar en el que la intervención federal procedió a la instalación de una oficina defensora de los derechos humanos, que continúa funcionando bajo la gobernación de Gerardo Zamora.

El operativo se concretó merced a un hábeas data presentado por al abogado Hugo Frola, recientemente designado defensor de una Cámara del Crimen local y los dirigentes Carlos Zurita y Julio Arias, de la Asamblea para los Derechos Humanos.