LOS JUBILADOS JUDICIALES COBRARÁN HASTA 11.300

Un decreto firmado el pasado 5 de mayo por el gobernador Jorge Obeid dispone un aumento en las jubilaciones del Poder Judicial, en consonancia con el incremento que recibieron los activos a principios de año, gracias a la denominada ley de Enganche. Aquella controvertida recomposición -representó una erogación de Rentas Generales de más de 40 millones de pesos anuales- había implicado mejoras en los sueldos desde un 19 hasta un 30 por ciento. Y como todo beneficio que reciben los activos debe tener -por ley- un correlato en los pasivos, el gobierno se vio obligado a trasladar la proporcionalidad.

El nuevo decreto, que adecua los montos a partir del 1° de marzo de 2005, también concede un aumento a los jubilados del sector gráfico (Imprenta Oficial) y al personal municipal y comunal. Pero, sin dudas, los incrementos más jugosos que vuelven a poner sobre relieve los desequilibrios en las escalas salariales del propio Estado son los otorgados a los judiciales.

Las subas para el sector representarán en algunos casos 1.887 pesos más. Según precisaron a El Litoral fuentes del organismo previsional, el valor promedio de la mejora fue calculado en 535 pesos y el mínimo, que en realidad será percibido por algunos pensionados, en 62.

El impacto que el aumento a los activos provocó en los pasivos obligó incluso a elevar el tope jubilatorio vigente hasta ahora en la provincia. El art. 11 de la ley previsional establece que dicho límite se calculará tomando el 80 por ciento de lo que cobraría un ministro de la Corte, con 30 años de antigüedad. Sobre esa base, el tope para los jubilados judiciales hasta ahora era de 8.660 pesos. Pero los últimos aumentos a los activos, que elevaron el sueldo de un ministro a 13 mil pesos, automáticamente corrieron y elevaron el tope a la cifra de 11.291 pesos. Fuentes oficiales confirmaron a El Litoral que al menos una docena de jubilados cobra ese haber desde abril. También fue necesario subir el tope de las pensiones, que ahora será de 8.468 pesos.

Erogaciones
Las desigualdades planteadas ya comienzan a hacerse evidentes cuando se comparan los montos asignados a cada jurisdicción con la cantidad de pasivos involucrados en cada una de ellas. Sin rodeos: el sector que más beneficiarios posee no es precisamente el que más dinero recibe. De hecho, a Municipios y Comunas, que es el ámbito con más pasivos de los tres (son 3.223 jubilados y pensionados), se le destinó una suma anual de dos millones de pesos. En el Poder Judicial, en cambio, los jubilados son prácticamente la mitad, pero la suma anual asignada fue cinco veces mayor: 1.781 pasivos, entre quienes se distribuirán 10 millones de pesos anuales. Finalmente, el sector gráfico agrupa a sólo 227 beneficiarios y sus incrementos insumirán 500 mil pesos anuales. El aumento promedio para este sector será de 118 pesos.

En cuanto al origen de las mejoras, responde a recomposiciones que se dieron en cada sector. En el caso del Poder Judicial, como se explicó, impactó la aplicación de los aumentos a activos de febrero. Respecto de los gráficos, el sector modificó su política salarial a mediados del año pasado, con aumentos progresivos en los activos. Y en cuanto a municipios y comunas, las administraciones decidieron recomposiciones particulares, por lo que la Caja de Jubilaciones hizo un “mix” entre los diferentes aumentos, que determinaron la mejora para los jubilados.

El decreto
El decreto en cuestión es el Nro. 789. En los considerandos, el Ejecutivo fundamenta la decisión en la intención de “procurar, dentro de las posibilidades económicas financieras del Estado provincial, el sostenimiento del poder adquisitivo de los salarios y haberes, tanto del sector activo como del pasivo”. Alude también a los términos de la legislación vigente, según la cual debe asegurarse la movilidad de las prestaciones previsionales en función de una variación de las remuneraciones del personal en actividad. Y por ello, autoriza a la Caja de Jubilaciones y Pensiones a “actualizar el monto de las pasividades” de los tres sectores citados “en función de las variaciones producidas en las remuneraciones del sector activo”.

El decreto sostiene que “el gasto que demande su aplicación será atendido con reducción compensatoria del crédito de partidas que dispongan de saldo afectable en el Presupuesto de la Administración Pública Provincial”.

El incremento, sostiene la norma, “importa un esfuerzo financiero que este Poder Ejecutivo considera necesario afrontar”. La firma del gobernador está acompañada por la de los ministros de Gobierno, Roberto Rosúa, y Hacienda, Walter Agosto.