LOS JUECES RECLAMAN CAMBIOS
La necesidad de introducir modificaciones al Código Procesal Penal ocupó el centro del debate en el Primer Encuentro Regional Inter Institucional, cuyo cierre tuvo lugar ayer en la ciudad de Santa Fe. El encuentro, que fue organizado por la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la provincia, se denominó “Privación de la libertad y derechos humanos”, que fue el eje central a partir del cual se analizaron una serie de problemáticas.
El camarista rosarino Ramón Teodoro Ríos aseveró que “para mejorar la Justicia hay que cambiar los criterios de selección de causas”. Por su parte, su par de la ciudad de Santa Fe, Julio De Olazabal, indicó que el anteproyecto de modificación del Código Procesal Penal de la provincia, sobre el que ambos magistrados trabajaron en 1993, “no fue tratado y no lo fue, según mi óptica, porque no lo quisieron desde el mismo Poder Judicial”.
Ríos, integrante de la sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, se refirió a los casos de presos sin condena y las deficientes condiciones de detención de muchos de ellos. “El proyecto del 93 apuntaba a prevenir condenas internacionales por las falencias de nuestro ordenamiento local”, aseguró el camarista al tiempo que agregó que concibe a la administración de Justicia “en función del servicio a los demás”. En este sentido, Ríos insistió en la necesidad de que “se establezca un modo claro de selección de causas, porque actualmente se trabaja con criterios encubiertos y reservados”.
El camarista también hizo especial hincapié en la importancia de “reconocer el valor de la libre expresión del imputado”, y en tal sentido estimó que ello “jerarquiza su dignidad humana”.
Más adelante Ríos dijo que “al fiscal se debe exigirle objetividad, no imparcialidad. La parcialidad del fiscal y el defensor es el precio que se debe pagar para obtener la imparcialidad del juez, que es lo que interesa”.
Fue también contundente al aseverar, con relación a los jueces que investigan y resuelven, que “no se pueden hacer las dos cosas bien. O el buen investigador neutraliza al buen juez, o el buen juez elimina al buen investigador”. En otro orden, Ríos remarcó la necesidad de promover “la búsqueda de la simplicidad, la transparencia, la informalidad y la desburocratización en el procedimiento”. E hizo también mención respecto a “otorgar protagonismo a la víctima, mediante su legitimación progresiva”.
Ante la atenta mirada del ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, y del titular del Servicio Penitenciario provincial, Fernando Rosúa, Ríos planteó la búsqueda de una alternativa para “salvar a muchos de los imputados socialmente adaptados del holocausto de la cárcel, porque esto humanamente no tiene precio”.
Por su parte Julio De Olazabal, integrante de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la ciudad de Santa Fe sostuvo que “es un grave error para el hombre de derecho encerrarse exclusivamente en lo normativo”. Asimismo mencionó el largo camino que existe “entre la aplicación de la Justicia en Santa Fe y el respeto a los derechos humanos”.
Olazabal consideró que “la realidad no cambió, sigue siendo la misma que hace años, cuando había un tribunal inquisidor”, y manifestó que “la libertad tiene que ser la regla, la prisión la excepción y la prisión preventiva la absoluta excepción”.
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