LOS JUECES RETRASARÁN LA PRESCRIPCIÓN DE CAUSAS POR PRESUNTA CORRUPCIÓN

Luego de siete días marcados por la polémica por la modificación del Código Penal, los jueces federales porteños coinciden en dos cosas: con el nuevo régimen de prescripción, son varias las causas de presunta corrupción que están condenadas al archivo. Ningún magistrado, sin embargo, le pondrá la firma en las próximas semanas a la prescripción de un caso resonante.

Por eso, y pese a que fueron ellos mismos los que advirtieron que la nueva ley haría caer importantes expedientes, no es esperable que eso pase mientras dure la tormenta de acusaciones, según afirmaron a LA NACION tres jueces del fuero.

“Vamos a rechazar los pedidos de prescripción y lo va a terminar decidiendo la Cámara de Casación”, dijo uno de ellos. De todos modos, como la nueva ley es muy clara y como nadie en la Justicia duda de su aplicación retroactiva, las prescripciones se producirán tarde o temprano.

Ocurre que lo que comenzó como un debate sobre la conveniencia de una reforma penal se volvió, con el correr de los días, un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el Gobierno y los jueces federales. El primero de ellos lo piloteó, en los primeros meses del año pasado, el entonces ministro de Justicia Gustavo Beliz.

En un primer avance, el Gobierno anticipó el miércoles pasado que investigará la responsabilidad de los magistrados que declaren la prescripción en causas de delitos de funcionarios públicos y no descartó iniciarles juicio político en el Consejo de la Magistratura. Ese control estará a cargo del fiscal de control administrativo de la Oficina Anticorrupción (OA), Abel Fleitas Ortiz de Rozas, quien anteayer difundió un listado de expedientes que, considera, se retrasaron más de la cuenta.

En tanto, el secretario de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA, Alejandro Rúa, apuntó contra Claudio Bonadío, por las aparentes demoras en el sumario sobre presuntas irregularidades en la investigación del atentado. Juan José Galeano, el juez que dirigió la pesquisa, fue acusado el miércoles pasado por el Consejo de la Magistratura y se espera que sea removido de su cargo en menos de seis meses.

Las advertencias también llegaron desde el Congreso. En la sesión del miércoles pasado, el diputado Hernán Damiani (UCR-Misiones) planteó una cuestión de privilegio para atacar al camarista federal Gabriel Cavallo, a quien acusó de “cajonear expedientes para negociar ascensos en la Justicia” con el gobierno de Fernando de la Rúa. El planteo de Damiani, que fue festejado con aplausos por el resto de los legisladores, será tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales y, de aprobarse, se convertirá en una posición formal de toda la Cámara baja.

Los jueces no quieren que les pase lo mismo que a Cavallo, quien se convirtió en el blanco favorito de los legisladores luego de que dijo en público lo que el resto de sus colegas repite en privado. “La gravedad institucional de la reforma es tremenda. Todavía no tenemos una magnitud de las causas significativas y no significativas que van a prescribir”, había dicho.

Cavallo le respondió a Damiani con cifras oficiales que indican que durante sus años como juez de primera instancia se le prescribió menos de una causa por cada cien que le ingresó. El promedio registrado antes de la reforma es similar en el resto de los juzgados. El número de causas que llegan a juicio, sin embargo, tampoco llega al tres por ciento.