LOS MEDICAMENTOS, EN MEDIO DE UNA PELEA DE LABORATORIOS

Después de 10 años de calma, los laboratorios nacionales y extranjeros están a punto de volver a declararse la guerra. En los 90, la pelea estuvo centrada en la sanción de la ley de patentes y ahora se enfrentan por las inversiones en investigaciones clínicas y preclínicas, un negocio que no sólo mueve US$ 50 millones al año, sino que también podría tener un impacto directo para los consumidores.

Según los laboratorios nacionales, lo que está en juego es el precio de los medicamentos y hasta un eventual desabastecimiento en el mercado local, dos posibilidades que son negadas terminantemente por las empresas extranjeras que operan en el país.

La disputa se hizo pública ayer mediante una solicitada de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Cilfa) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala), las dos entidades que nuclean a los laboratorios nacionales, en los principales medios gráficos. En la solicitada, las empresas argentinas denunciaron que mediante una decisión judicial se corre el peligro de que se cree un monopolio en la venta de algunos medicamentos.

Sin mencionar sus nombres, Cilfa y Cooperala acusan a las multinacionales Merck Sharp & Dohme y Schering-Plough, que presentaron una medida cautelar ante el juzgado federal civil y comercial N° 6, a cargo de Francisco de Asís Soto, para que se retire del mercado un medicamento para el control del colesterol que elaboran cuatro laboratorios nacionales (Phoenix, Casasco, Elea y Gador) y uno extranjero (Ivax) en base a una fórmula desarrollada por las compañías internacionales.

El juez Soto hizo lugar a la presentación, ordenando que se retiren del mercado los medicamentos de los laboratorios nacionales, al considerar que Phoenix, Casasco y el resto de las firmas locales están violando un acuerdo internacional de propiedad intelectual que la Argentina suscribió hace diez años (ver aparte).

Los laboratorios internacionales acusan a sus pares nacionales de apropiarse de sus estudios de investigación clínica y preclínica. Estos estudios miden el impacto que tiene un medicamento en un grupo de pacientes que son tomados para hacer las pruebas previas a su lanzamiento y son de presentación obligatoria ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en el momento de registrar un nuevo producto.

Los laboratorios extranjeros, que en su gran mayoría son los que desarrollan nuevas drogas, generalmente son los que también corren con esta inversión, que según el producto puede superar el millón de dólares. En los casos de los productos que no están alcanzados por la ley de patentes por haber sido presentados antes de 1994, como en el caso de droga para el control del colesterol, los laboratorios nacionales se limitan a copiar la fórmula desarrollada por las multinacionales y se abstienen de presentar los estudios clínicos y preclínicos, con el argumento de que éstos ya fueron realizados por las empresas internacionales. “Los estudios son necesarios para todas las empresas porque los laboratorios están vendiendo una copia de nuestro producto, pero nadie sabe si lo están produciendo en las mismas condiciones que lo hacemos nosotros. Además, este tipo de acciones son violatorias del tratado internacional que suscribió el país en 1995 y que protegen a las investigaciones clínicas y preclínicas como una propiedad intelectual de los laboratorios”, señaló Raúl Gatica, director de Asuntos Públicos de Merck Argentina.

Los laboratorios nacionales a su vez contraatacan con el argumento de que no se está violando ningún tratado internacional. “Se pretende declarar inconstitucional el sistema de registro sanitario de productos en la Argentina vigente desde 1992, y en virtud del cual tanto laboratorios nacionales como extranjeros han registrado sus productos en el mercado bajo idénticas reglas y requerimientos”, contestan en Cilfa.

En la cámara que reúne a los nacionales además advirtieron que la medida podría provocar una suba en los precios. “El mecanismo judicial utilizado en estos casos, tiene por objetivo desplazar la competencia del mercado dejando solo al laboratorio extranjero con la oferta del producto, que es 50% más caro que el de los laboratorios nacionales”, agregaron.

Estos argumentos son rechazados de plano por las multinacionales, que destacan que en los casos en cuestión, al tratarse de productos no alcanzados por la ley de patentes, hay más de una marca por categoría lo que asegura la competencia y el abastecimiento.

Más allá de las acusaciones entre Merck y Cilfa está claro que las inversiones en investigaciones clínica y preclínicas se convertirán en el nuevo punto de conflicto en la relación entre los laboratorios nacionales y extranjeros. De hecho, éste no es el único caso que llegó a los tribunales. El primero data del año pasado, cuando la multinacional Pfizer denunció a Roemmers por el mismo tema. En ese caso, la Justicia también hizo lugar a la medida cautelar requerida por la multinacional, aunque un fallo en segunda instancia le dio la razón a Roemmers. En los últimos días, además también se presentó una medida similar por parte de Novartis por el uso de las investigaciones realizadas a partir de uno de sus medicamentos para tratamientos oncológicos.