Los muertos colaterales ascienden a 119

La Casa de Derechos Humanos de Santa Fe denunció esta mañana 52 nuevos casos de fallecimientos como consecuencia de la crecida del río Salado en abril-mayo de 2003, conocidas como “muertes colaterales”. De esta forma, las víctimas fatales por la inundación ascienden a 119.Una de las representantes del organismo, Julia Gaitán, explicó en conferencia de prensa que de los 52 nuevos casos de victimas fatales, 35 fueron denunciados por los organismos de Derechos Humanos y 17 fueron denunciados por Empresas Afectadas. De esta cifra una parcialidad se presentó en la justicia con la documental correspondiente, mientras que el resto debe reunirla todavía” dijo a NOTIFE Lucila Puyol, abogada del organismo.La causa se presentó en el juzgado de instrucción séptima, a cargo del juez Diego De Latorre, “pero hasta la fecha el magistrado no se ha abocado a la investigación porque en primera instancia había considerado que no era competente y lo derivó al juzgado correccional del Dr. Pascua, pero éste también consideró que no era competente, sino que estaba relacionado con la figura del estrago y en estos días De Latorre lo elevaría a la cámara para que esta decida qué juzgado debe hacerse cargo”, explicó Puyol.La primera etapa del estudio llevado a cabo por la ONG reveló que además de las 23 víctimas fatales reconocidas oficialmente, hubo 44 muertos más a causa del avance de las aguas del Salado en la zona oeste de la ciudad. En tanto, esta segunda parte del informe agrega 52 víctimas fatales más a la nómina de personas que fallecieron luego del avance de las aguas, por lo que los muertos colaterales ascienden a 119.“Esto eleva a las víctimas colaterales a 119. Esto viene consignando las tendencias ya denunciadas por este organismo y de ninguna manera agotan el problema, ya que se trata de una muestra parcial del universo de afectado”, agregó Gaitán.La segunda parte del relevamiento realizado por los organismos de Derechos Humanos destaca que las personas fallecieron en los 3 meses inmediatos a la inundación y que se encuadran en una franja etaria de 40 a los 70 años.Además, consignaron que las patologías más frecuentes por las cuales se produjeron los decesos son cardíacas, respiratorias, oncológicas, neurológicas, infecciones generalizadas y varios casos de suicidios.El proceso judicialLa investigación “principal, es decir lo que se enmarca en la figura de estrago culposo calificado, donde están funcionarios municipales y provinciales siendo investigados, continuaría”.Puyol dijo que “nosotros creemos que corresponde una indemnización, esto lleva consigo el reconocimiento del estado de su responsabilidad y no es este caso. El gobierno dice: ‘si les pago, lo hago a través de un subsidio que doy a las familiares de las víctimas’, que por supuesto no tiene el carácter indemnizatorio”. Para ello es necesario que la justicia determine si las muertes informadas como colaterales son consecuencia o no de la catástrofe hídrica. DERECHO A LA INFORMACIÓN NEGADOLucila Puyol también denunció que desde los hospitales públicos (J. M. Cúllen y J. B. de Iturraspe) se cercenó la posibilidad de acceder a las historias clínicas requeridas por los denunciantes en las causas. “En algunos casos han dicho, sobre todo los públicos, que se inundaron, en otros casos se debe pagar un sellado, en otros que el pedido debe efectuarse por nota, en algunos se les ha dicho a los interesados que se remite directamente al Ente (para la Reconstrucción)”. Esta medida también incluye a algunos sanatorios y clínicas privadas. “Seguramente hay una estrategia, porque en los primeros casos no ha habido ningún problema, después del 27 de abril, después de la primera presentación empezaron con las negativas a entregar las historias clínicas”.Sin embargo, Puyol admitió que aún no se le ha dado conocimiento al Ministerio de Salud sobre ésta problemática porque “como el tema lo está abordando la justicia, queremos ver si hay un abocamiento de la misma comenzaremos nosotros también a presionar por ese lado”.