LOS MUNICIPIOS AFIRMAN QUE EL USO DE RADARES HIZO REDUCIR LAS INFRACCIONES

Las numerosas denuncias tramitadas en la Defensoría del Pueblo reclamando la nulidad de las multas generadas por los radares ubicados sobre las rutas nacionales 33, 11 y 8 reavivó el debate sobre la finalidad que persiguen las comunas y municipales que los usan para controlar el exceso de velocidad, el cruce de semáforos en rojo y el adelantamiento indebido donde hay doble línea amarilla.

“Cuando arrancamos con los controles -aseguró el titular de la comuna de Pujato, Mario Gatti- se hacían 300 multas por día y ahora varían entre 25 y 30, lo cual demuestra que la gente se cuida para no ser sancionada y que el sistema funciona. Creer que nuestro objetivo es recaudar constituye un error; la única finalidad es evitar accidentes de tránsito porque ya hubo varios muertos en nuestro pueblo y no queremos lamentar más vidas. La comuna tiene sus arcas saneadas y no necesita de radares para recaudar más plata”.

Mientras los detractores alimentan las sospechas de que el sistema “tiene un exclusivo fin recaudatorio”, quienes lo defienden aseguran que “es una alternativa válida para prevenir y evitar accidentes”.

“Seguramente muchos ignoran que desde hace un tiempo estamos habilitados para emitir multas vinculadas con infracciones por exceso de velocidad”, advirtió Gatti, cuya localidad encabeza la nómina de denuncias registradas con 147 casos, seguida por Venado Tuerto (55), Zavalla (37), Firmat (35), Sanford (32), Rosario (28), Correa (18) y Roldán (16), entre otras, como publicó La Capital el domingo pasado.

Sobre los aparatos para detectar conductores que avanzan sobre otro coche sin respectar la doble línea amarilla, Gatti reconoció que no hay ninguna ley que autorice su funcionamiento, pero dijo que “tampoco hay una norma que lo prohíbe”. En ese sentido justificó su decisión de ponerlo en práctica al señalar: “La comuna tiene el poder de policía y, en uso de esa facultad, sancionamos una norma para implementar el sistema. Desde el momento que tenemos esa atribución también podemos hacer multas”.

Casi el ciento por ciento de las denuncias contra las comunas de Pujato y Zavalla fueron radicadas originalmente en la delegación casildense de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, que luego elevó los expedientes a la sede rosarina del organismo del cual depende. Según el titular de la repartición casildense de la Defensoría del Pueblo, Germán Zarantonello, “además de las denuncias dadas a conocer, en los últimos días recibimos casi 30 quejas más que también se remitirán a Rosario”.

ARGUMENTOS FRÁGILES

Para el funcionario los argumentos esgrimidos por Gatti “son frágiles porque pretende justificar el funcionamiento de este tipo de controles por medio de una ordenanza comunal como si fuera dueño de una ruta nacional”. Al margen de las diferencias de criterio, Gatti consideró: “La Defensoría del Pueblo de Santa Fe se equivoca cuando asegura que nuestra finalidad es recaudatoria” e invitó al titular del organismo, Carlos Bermúdez, a “que venga a Pujato a constatar las multas que se emiten y recién allí se va a dar cuenta que son menos de las que presume”.

La ley que regula el uso de radares entró en vigencia en diciembre de 2004, sin embargo “ningún municipio rehizo el convenio que autoriza la reinstalación de los radares, por lo cual las multas que se labren son inválidas”, explicó el asesor en materia de tránsito y seguridad vial de la Subsecretaría de Transporte provincial, Jerónimo Bonavera.

Mientras Transporte de la provincia asegura que los polémicos aparatos para controlar el adelantamiento en doble raya amarilla y cruce de semáforo en rojo no están autorizados dentro del territorio santafesino, y reconoce que “hay cientos de quejas” contra las localidades que lo usan, Gatti dijo que “seguirá adelante con el sistema” y negó que haya sido intimado para suspender los controles.

“Sería bueno que Transporte y la Defensoría del Pueblo, que tanto critican estos controles, se pongan a trabajar para traernos soluciones en cuanto a cómo controlar el tránsito”, ironizó Gatti, quien también se mostró molesto contra quienes afirman que se usan métodos non santos para inducir a los conductores a cometer transgresiones. “Confío en este sistema porque las infracciones son comprobadas por medio de filmaciones además de ser constatadas por inspectores que afectamos a los controles de la ruta”, dijo Gatti.

Además, dijo descreer sobre la veracidad de una denuncia donde un conductor dio cuenta que fue sancionado el mismo día en Correa y Pujato y que las multas se labraron con dos minutos de diferencia. “Quisiera ver publicadas esas multas en el diario”, sugirió Gatti, tras desmentir que los conductores de Pujato, como dejó entrever Bermúdez, no son sancionados.

Sobre la repercusión que tuvo el tema dijo que “las denuncias no son tantas, y darle importancia es como defender a un grupo reducido de infractores porque cada vez son menos quienes cometen faltas. Además la población, que sabe el riesgo que significa vivir en una localidad atravesada por una ruta, está mayoritariamente de acuerdo con los controles”.

Sobre los reclamos de los usuarios, Zarantonello subrayó que “la gente se queja porque hay poca señalización, la ruta no está bien marcada y además por las demoras que le insume cruzar por Pujato, fundamentalmente, en tiempo de cosecha. Todos se preguntan por qué, en esta época de tanto tránsito, no ordenan el tránsito o dejan en intermitente los semáforos para aliviar el flujo vehicular. Claro que nadie está a favor de las infracciones, pero tampoco se puede permitir que se hagan controles por fuera de la ley y viciado de irregularidades. Los radares para controlar el adelantamiento indebido son un curro y los montos de las multas muy altos”, concluyó el funcionario.