LOS PIQUETEROS HOY VAN POR LOS PEAJES

El Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), que lidera Raúl Castells, levantará barreras en distintos peajes del conurbano bonaerense, como parte del plan de lucha contra el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El dato fue confirmado a Infobae por fuentes de esa organización, que reclama a Felipe Solá la entrega de 150 mil kilos de alimentos y la restitución los planes bonaerenses –versión provincial de los Jefes y Jefas de Hogar– dados de baja en los últimos meses.

Si bien los piqueteros no quisieron adelantar qué peajes atacarán mañana, trascendió que irían principalmente a los de la autopista Buenos Aires –La Plata y a los de la Panamericana.

La decisión fue adoptada durante un encuentro que los militantes del MIJD mantuvieron ayer a primera hora en ausencia de Castells, que seguía de gira por la provincia de Tucumán.

El líder de la agrupación ya retornó a la Ciudad para participar de la reunión prevista con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aunque sus seguidores no confirmaron su presencia.

Del encuentro en la cartera laboral también participarán otros grupos combativos como el Polo Obrero, conducido por el ex asesor legislativo Néstor Pitrola, y un sector del Movimiento Territorial de Liberación, encabezado por Alberto “Beto” Ibarra.

El reclamo al ministro de Trabajo será para que abra los registros de los Planes Jefes y Jefas de Hogar y para que eleve el monto que los desocupados perciben por el mismo.

También habrá reclamos por “miles de jóvenes y de jubilados” que, al decir de los activistas del MIJD, “están desprotegidos y no tienen ningún ingreso”.

Según se desprende de sus últimas declaraciones, Tomada mantendrá firme la posición del Gobierno, que es la de no incorporar más beneficiarios al listado de Jefes y Jefas de Hogar, y, en todo caso, ampliar la cantidad de desocupados que participan de planes productivos como el “Manos a la Obra”, a cargo de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.

A su vez, Tomada reiterará la preocupación del Gobierno frente a la metodología de protesta empleada por los piqueteros de la Asamblea Nacional de Trabajadores (ANT), por lo que se espera un nuevo debate acerca de la “criminalización de la protesta social”.