LOS POLICÍAS DEBEN DENUNCIAR SI SON AGREDIDOS EN MANIFESTACIONES

En una medida pensada como respuesta a los choques y desbordes que ocurren en manifestaciones y protestas sociales, el Gobierno nacional instruyó ayer a los jefes de la Policía Federal y las restantes fuerzas de seguridad nacionales para que denuncien penalmente a quienes cometan agresiones, resistencia a la autoridad o lesiones contra el personal uniformado en ejercicio de sus funciones.

La instrucción quedó expuesta en una resolución escrita —la número 2021— que lleva la firma del ministro del Interior, Aníbal Fernández. El argumento principal es que las fuerzas de seguridad tienen directivas de “evitar la represión de toda protesta social” y que esa política de “contener y no reprimir” hace que “se ponga en riesgo la integridad física y en ocasiones hasta la propia vida” de los uniformados.

Al respecto, la resolución asegura que en diversas oportunidades las fuerzas actúan “desprovistas de armas de fuego, escudos, bastones, y cascos” en el marco de una política oficial que se adoptó para “mantener el delicado pero necesario equilibrio entre la protesta social y los derechos del resto de la ciudadanía”.

Fuentes de Interior aseguraron a Clarín que la medida no tiene que ver con los incidentes del jueves en la Legislatura, cuando familiares se enfrentaron a la Policía en pleno recinto y terminaron impidiendo la votación del juicio político a Aníbal Ibarra, que luego se trasladó al lunes.

Pero admitieron que esta decisión había venido “madurando” desde las últimas protestas, varias de las cuales culminaron con choques y policías heridos.

Que la instrucción haya sido por escrito, y no solo verbal por parte de Aníbal Fernández, aparece a la vez como un gesto del ministro a las fuerzas, una advertencia de cara a futuras protestas y un mensaje a los jueces y fiscales que intervienen de oficio cuando hay incidentes, aunque no siempre alcanzan resultados.

“Si cambió la actitud de la Policía, que haya reciprocidad de parte de los manifestantes”, habría sido el comentario de un encumbrado jefe policial.

La norma involucra a las fuerzas federales de seguridad que dependen de Interior: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Instruye a los jefes para que hagan la denuncia penal que corresponda luego de ordenar a sus servicios jurídicos internos que emitan su propio dictamen sobre el caso, la juridicidad de los planteos y la verosimilitud de las pruebas que vayan a ser aportadas a la Justicia.

Este dictamen “aconsejará la promoción de la acción, con lo cuál se hará la presentación ante el magistrado o fiscal o competente, o su archivo, según lo que por derecho corresponda”, completa la resolución.

Según Interior, en las fuerzas de seguridad no se hacía hasta ahora un trabajo sistemático de juntar pruebas para denunciar eventuales choques o agresiones de los manifestantes.