LOS PRESOS DE CORONDA CONSTRUIRÁN MUEBLES PARA LAS ESCUELAS

Un convenio firmado recientemente entre la Unidad I de Coronda y el
Ministerio de Educación de la provincia permite a los reclusos ahí alojados construir y proveer muebles a los establecimientos escolares santafesinos. “Si bien la fabricación de mobiliario es algo que se viene realizando históricamente la novedad es que ahora se comprometió un stock masivo mediante un acuerdo directo con la cartera y que, a futuro, podrá abastecer en forma exclusiva a los distintos establecimientos de enseñanza”, señaló el interventor de la dependencia penitenciaria, Jorge Bortolozzi.

El proyecto empezó a instrumentarse con la financiación de fondos nacionales que constituyen un total de 268 mil pesos y requirió de la incorporación de 80 nuevos internos a los que ya se encuentran abocados a la producción dentro del ámbito carcelario. Según los cálculos de las autoridades en quince días comenzarán a realizarse las primeras entregas.

En realidad, el dinero será administrado por el Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (Iapip), que presentó un presupuesto ante el Ministerio de Educación de la Nación y los aportes se realizarán a través del Programa Integral para la Igualdad Educativa. De acuerdo a los detalles del proyecto los detenidos construirán 429 mesas para computadoras e impresoras, 936 sillas apilables, 78 módulos para bibliotecas, 39 armarios metálicos, 585 bancos y 78 bibliotecas ambulantes que se distribuirán en unas cuarenta escuelas santafesinas.

“Es inédito que la Nación haya aceptado financiar este proyecto, que sin duda tiende a proteger el trabajo penitenciario”, dijo Bortolozzi, para luego afirmar que en un futuro “posiblemente se ampliarán las 80 plazas que ahora se incorporarán a la producción y fabricación de muebles escolares”.

Si bien la Unidad I Coronda fue históricamente reconocida por las actividades de producción ya que se creó como cárcel modelo para 600 internos –hoy aloja a más de 1.200– con la inclusión de talleres intramuros, durante la década del noventa no quedó al margen de la oleada privatista que devastó al país. “La tradición laboral que siempre caracterizó al penal empezó a decaer cuando se empezó a cuestionar el rol del Estado como proveedor y protector”, reconoció el director del Servicio penitenciario (SP) provincial, Fernando Rosúa.

El funcionario celebró la firma del convenio con el Ministerio de Educación y resaltó que la incorporación de 80 nuevos reclusos al sistema laboral aportará una cuota de mayor dignidad a esa población penitenciaria. Por seis horas diarias de trabajo, a cada interno se le pagará un “peculio” de 100 pesos mensuales, una cifra que si bien es mínima para Rosúa significa una retribución que los detenidos derivan a sus familias o bien a la compra de bienes personales.

“Además de sentirse útiles y dignificarse a través del trabajo tienen acceso a una capacitación que puede abrirles la puerta para acceder a un medio de vida cuando cumplan condena o bien que se les otorgue un beneficio para acceder a la libertad condicional. En fin, todo suma”, opinó.

El director a cargo del Iapip, Facundo Albertengo, aclaró que desde hacía tiempo se venían construyendo muebles que se destinaban a distintas escuelas pero se trataba de casos puntuales. “La firma de este convenio nos permitirá una fabricación masiva y con un compromiso más a largo plazo”, dijo, y también explicó que los 268 mil pesos –de los que la cartera educativa adelantó el 40 por ciento para la compra de materiales– quedarán para el instituto.

De acuerdo a las estimaciones que realizó el funcionario, con el dinero que ingresará se invertirá en nuevos talleres de carpintería y se modernizarán los ya existentes a partir de la compra de herramientas e insumos. “Con respecto al tiempo que demandará la fabricación calculamos que para fin de año estarán abastecidas todas las escuelas previstas en el convenio. Y es más, dentro de quince días empezaremos a realizar los primeros envíos a los establecimientos del norte”, anunció el funcionario.

Los presos fueron capacitados en el oficio ya que la firma del convenio masivo que se rubricó con la cartera educativa provincial requería cierto nivel de calidad de los muebles, e inclusive el Iapip debió adquirir maquinaria para mejorar la producción en las carpinterías, que también sufrió una impasse después de la masacre ocurrida en abril.