LOS QUE ENCENDIERON LA MECHA

“Hay un grupo de delincuentes comunes que pretenden desestabilizar al gobierno”, dijo Alejandro Rossi en una simplificación que no sólo no aclara los hechos sino que alimenta la posibilidad de que se repitan.

El subsecretario de Seguridad pretende bajar el tenor de un conflicto en el que se cruzan distintos elementos entre los que se destaca la interna del Partido Justicialista. El informe policial elaborado después de los violentos episodios del jueves pasado en la Casa Gris, consigna la presencia de grupos perfectamente diferenciados:

– Organizaciones piqueteras, damnificados, ciudadanos ejerciendo su derecho a reclamar. Este grupo era el mayoritario.

– Sectores marginales, conocidos por la policía por sus antecedentes delictivos. Este grupo es de los “delincuentes comunes” de los que habla Rossi y no eran más de 30.

– “La mano de obra desocupada reutemista” (sic) grupo que la policía identifica en esos términos y que estaba integrado por decenas de “punteros y referentes” barriales que en su momento recibían un trato “preferencial” a la hora del reparto de subsidios, bolsones y otros elementos.

Ese “informe de inteligencia” –rótulo ciertamente exagerado– podría haberlo redactado inclusive alguien que no haya estado en el lugar y que haya seguido con atención los primeros 40 días del gobierno de Jorge Obeid. Es por eso que más allá de presencia de los “delincuentes comunes” el subsecretario de seguridad se equivoca si cree que solucionará el problema metiendo preso a ese grupo, que dicho sea de paso hizo méritos suficientes –mucho antes del jueves– para estar entre rejas.

SALIR DEL CONFLICTO

La solución del conflicto será abordada por el gobierno en distintos frentes simultáneamente.

En el área seguridad, ya no se permitirán manifestaciones violentas –la del jueves no fue la única ni la primera– y en ese sentido el gobernador cuenta con el respaldo del gobierno nacional que a través de Aníbal Fernández destacó la importancia de “aplicar todo el peso de la ley contra quienes atenten contra la institucionalidad”. Antes de esas declaraciones públicas, el Ministro del Interior había hablado por teléfono con Obeid por espacio de media hora. También habló con Felipe Solá, y con el vicepresidente a cargo del Ejecutivo Daniel Scioli. De ahora en más, y teniendo en cuenta que en pocos días se va a tratar en la legislatura la “reparación económica”, los operativos policiales tendrán un jefe responsable, y órdenes precisas de evitar desbordes como el de la Casa de Gobierno. Para eso se va a seleccionar prolijamente a los responsables e individualizará a los participantes.

El otro frente es precisamente el legislativo; allí el gobierno va a intentar sacar rápidamente la “ley de reparación” que supone agregar una cuota más a los subsidios entregados. La polémica que subsiste gira entorno a que los beneficiarios pretenden que no se les descuenten los primeros 4 mil pesos a los que los cobraron. Esto obligaría a contraer un nuevo empréstito por 150 millones de pesos para entregar en la ciudad de Santa Fe, que se sumarían a los que entregó Carlos Reutemann antes de dejar el gobierno y a la tercera cuota. En definitiva, alrededor de 600 millones de pesos irían a parar a la ciudad de Santa Fe, contrayendo una deuda que deberán pagar todos los habitantes de la provincia. Esta situación seguramente le costará mucho explicarla al gobierno, ya que hay sectores de la provincia que también están atravesando situaciones de extrema dificultad y no obtienen la misma respuesta. Los parámetros de “solidaridad” en este caso aparecen tergiversados.

El tratamiento de la ley, servirá no sólo para encuadrar el tema de los inundados, sino para saber cuál es el grado de compromiso de los diputados y senadores que entraron en las listas de Alberto Hammerly, actual Ministro de Obras Públicas, área a la que se aproxima también un inevitable terremoto cuando se trate el presupuesto del este año.

En el frente social, al día siguiente del incendio de la Casa Gris, Obeid mandó a recorrer los barrios más afectados por la inundación a media docena de militantes –algunos funcionarios como Domingo Pochettino– de su máxima confianza para tener una valoración propia de la situación en las barriadas. El reporte que le arrimaron sus informantes si bien no tranquilizó al gobernador –el reclamo de asistencia y dinero es sostenido– al menos le sirvió para reforzar su convicción de que hay junto al legítimo reclamo una “operación” contra el gobierno. La diferencia con Rossi es que el gobernador no dice lo que no puede probar y es por eso que se ha llamado a silencio después de un momento que pudo haber sido definitivo para él; no sólo si se incendiaba completamente la sede el gobierno sino si se hubiese desatado una represión equiparable a la de las trágicas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.

En ese sentido, está en marcha un tardío replanteo de los operativos de seguridad: no puede ser que la orden de “no reprimir” que ha sido la constante desde que Obeid asumió justifique la pasividad policial frente a un desbande como el de la semana pasada. Entre una cosa y otra hay una serie de variantes que la policía no ha ensayado. Esa situación ha debilitado la figura de Leyla Perazzo, junto con el asesinato de Sandra Cabrera en el que según el Ministro de Gobierno Alberto Gianeschi “puede haber participado algún policía”.

CAMBIO DE PLANES

Obeid tenía armada su agenda para estar todo el viernes en Rosario. La madrugada de ese mismo día — en los primeros minutos de la jornada– los acontecimientos frente a la Casa Gris lo obligaron a cambiar de planes. Tuvo anteayer 18 audiencias en las que se entrevistó con funcionarios, el juez que investiga los hechos, titulares de medios, legisladores nacionales y hasta una delegación de la Unión Cívica Radical.

Al cierre de esta edición continuaban las reuniones con diferentes sectores, para elaborar una respuesta institucional no sólo frente a los hechos de violencia del fin de semana sino de cara a la situación de los afectados por las inundaciones y de los santafesinos en general.

El abordaje en distintos frentes –social, económico, legislativo, policial– de la situación, no debería estar exento de una determinación política que más tarde o más temprano el gobierno deberá adoptar: transparentar lo hecho con el tema inundaciones desde el 29 de abril de año pasado hasta la fecha. Eso seguramente generará “efectos no deseados” pero para pedirle más esfuerzo a los habitantes de la provincia hay que decirles también qué se hizo con el dinero, a quién se le dio y cómo se repartió. A nueve meses de la tragedia hay inundados que no cobraron ni un peso, y hay también gente a la que no le llegó el agua y que recibió 4 mil pesos.

Es posible que la “mano de obra desocupada reutemista” –nueva categoría parasitaria, según los informes policiales– haya tenido alguna participación en la revuelta del jueves en la Casa Gris. Pero pensando en el futuro del gobierno, más que por la “mano de obra desocupada”, Obeid debería preocuparse por la “mano de obra calificada reutemista” que hace como el tero; que nunca pone los huevos en el lugar en el que canta.