LOS QUE SE FUGARON DE SANTA FE CON EXHORTOS TRUCHOS

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán comprobó la existencia de un nuevo caso en el que una banda integrada por funcionarios judiciales y policiales utilizó oficios falsos para sacar a dos presos de una cárcel santafesina y facilitar sus fugas.

El caso ocurrió en noviembre de 2003 y los beneficiados fueron los presos Roberto Castillo y Aldo Homas, quienes estaban encerrados en el penal de Santa Fe y se escaparon mientras eran trasladados a Tucumán, aseguró a Télam el presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur.

Por los casos de “sacapresos”, dos policías tucumanos se encuentran detenidos, mientras que la Justicia clausuró el juzgado correccional de V Nominación y la fiscalía de instrucción X, dos de cuyos empleados están imputados, pero no detenidos. Además, se encuentra imputado un ex policía y concejal de la localidad de Las Talitas.

“De la investigación que se está haciendo de los distintos movimientos de expedientes hemos podido detectar un nuevo caso en el que con oficios falsos se trasladó una comisión policial a otra provincia para trasladar a presos que después huyeron”, indicó Gandur.

El presidente de la Corte Suprema confirmó que de la investigación que se realiza a través del seguimiento informático de expedientes en las 10 fiscalías y en los 5 juzgados de instrucción de Tucumán, hay anomalías idénticas al proceso de los “sacapresos” que conmociona el ámbito tribunalicio tucumano.

“Hemos detectado un expediente y en noviembre de 2003 se trasladó una comisión policial a Santa Fe para traer a los presos Roberto Castillo y Aldo Homas (en algunos oficios figura como Homan) y una vez que los retiraron del penal de Santa Fe para traerlos a Tucumán, se escaparon”, dijo.

Según Gandur, la mecánica es similar a la registrada en otros hechos, ya que los policías se detuvieron para que los presos pudieran ir al baño y terminaron escapándose.

Los investigadores intentan determinar si la fiscalía VII también está involucrada en este tipo de maniobras, ya que existe un expediente de marzo de 2000 en el que también se evadieron presos de otras provincias.

No obstante, según las fuentes, habría empleados que hoy están en la Fiscalía X que hace cinco años estaban cumpliendo funciones en la Fiscalía VII de los Tribunales de Capital.

El caso de la banda de los sacapresos se encuentra en manos de la fiscal de Feria Teresita Marnero, a raíz de una denuncia del ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo, quien detectó que había oficios y exhortos truchos para sacar presos de otras provincias.

El alerta lo dio un tribunal de Córdoba en el que actualmente se encuentran detenidos dos policías tucumanos, Enrique Díaz y Gustavo Escobar, quienes habían viajado a aquella provincia para trasladar a presos hacia Tucumán, con la supuesta orden de jueces y fiscales.

Apenas se descubrió la maniobra, ambos policías quedaron detenidos, mientras que los empleados judiciales de la Fiscalía X Manuel Ojeda y Juan Correa, fueron imputados en la causa, aunque no apresados.

Familiares de los policías detenidos denunciaron que Ojeda y Correa actuaron por orden de un concejal de la localidad de Las Talitas, ubicada a 5 kilómetros de la Capital, llamado César Juárez, quien además es policía en uso de licencia por ser edil.

Por ese motivo, fuentes judiciales confirmaron que el concejal Juárez también se encuentra imputado en esta causa.

Por otra parte, la fiscal ya le tomó declaración al empleado de la Fiscalía X, Manuel Ojeda, quien si bien no fue detenido quedó imputado en la causa.

La fiscal de feria indicó que los policías Díaz y Escobar están acusados de “los delitos de asociación ilícita, falsedad de instrumento público, tentativa de favorecimiento de evasión y malversación de caudales públicos”.