“Los reclamos son completamente justificados”

Lo manifestó Gerardo Chaumont, responsable de la Secretaría de Seguridad Pública, en torno a las sendas demandas de la población frente a la ola de delitos. También se refirió al licenciamiento de la cúpula de la Unidad Regional I (URI) por el caso del operativo policial que se puso en práctica cuando se secuestraron 1.682 kilos de marihuana en Arroyo Leyes. “No vamos a hacer una caza de brujas”, subrayó el funcionario. En conferencia de prensa, el subjefe de la URI, Sergio Fernández, ofreció su versión de los hechos.

Gerardo Chaumont (LT10)

Sergio Fernández (Aire de Santa Fe)

 

“Los reclamos son completamente justificados”. Tajante, el secretario de Seguridad Pública de la provincia, Gerardo Chaumont, expresó su comprensión ante las demandas de los habitantes de los barrios Candioti y 7 Jefes ante los reiterados delitos cometidos en las zonas de la ciudad. En contacto con LT10, indicó: “Estamos haciendo todo lo posible para poner freno. El Estado ha hecho un esfuerzo significativo, algunas mejoras se han hecho en ese aspecto”. En tanto consignó: “Estamos tratando de coordinar nuestras actividades con otras áreas para poder tener una mayor inclusión social, una mayor salida laboral de la gente, dignificar a las personas para que no se sientas excluidas de este modelo social”.

 

No obstante, distinguió que “la mayor cantidad de delitos no son criminales. Esta violencia provine de la incapacidad de solucionar sus problemas de manera pacífica. Y exceden un accionar criminal propiamente dicho”.

 

Con relación a la decisión de licenciar a los jefes de la URI, Sergio Vergara y Sergio Fernández, quienes se presentarán ante la Justicia por el caso del secuestro de 1.682 kilos de marihuana en Arroyo Leyes, el pasado 2 de noviembre, el funcionario de la cartera de Seguridad aclaró: “Lo que está investigando la Justicia Federal es un hecho puesto a la luz por la propia Policía de la provincia y que el Ministerio de Seguridad elevó a la Justicia Federal para la sustanciación de las actuaciones correspondientes”.

 

Ahora bien, “cuando la Policía inició las primeras diligencias –continuó Chaumont– hubo ciertas cosas que no nos parecieron lógicas y por eso la Secretaría que presido puso en disponibilidad a dos agentes de la institución ya que no quedaba claro el rol que habían tenido en el procedimiento”. Asimismo, el funcionario precisó que “hasta que el hecho sea aclarado, este personal superior se encuentra con licencia provisoria. No somos condescendientes con las faltas, pero tampoco vamos a iniciar una caza de brujas apuntando con el dedo a gente con la cual, personal e institucionalmente, no tenemos ningún indicio para presuponer que tienen una conducta no acorde a los deberes de funcionario público”, remató.

 

La defensa

 

Claudio Torres Del Sel, representante legal de Vergara y Fernández –jefe y subjefe de la URI, respectivamente–, expresó, por su parte, que en el transcurso de esta mañana ambos se presentarán ante el juez “porque ellos han cesado en sus cargos, han pasado a un uso de licencia, y está en juego su buen hombre y honor y quieren ser escuchados por el juez y hacer su descargo como cualquier ciudadano y tratar de colaborar con la investigación”.

 

Claudio Torres Del Sel (Aire de Santa Fe)

 

Según enfatizó el letrado –en contacto con Aire de Santa Fe–, tanto Vergara como Fernández pretenden “desvincularse de este gravísimo hecho que ha ocurrido”. En tal sentido, Del Sel aclaró que “si el juez decide tomarles declaración, se les recibirá declaración indagatoria”.

 

“Todos fuimos engañados”

 

En conferencia de prensa, Fernández manifestó –esta misma mañana– que “cuando empezamos la gestión con el comisario mayor Vergara, pusimos una pauta de trabajo que fue clara. Nuestro trabajo se basó en estar al frente del personal que hace los procedimientos, en acompañar al buen policía y trabajar codo a codo con el buen policía”, exaltó.

 

Y continuó: “Lamentablemente, en estas circunstancias fuimos víctimas de un ardid, mediante la cual nos convencieron de una circunstancia, sobre la cual se había desarrollado el procedimiento. Ese personal tendrá que responder ante la Justicia porque no está solamente la cuestión del engaño del que fuimos víctimas –insistió–, sino el común de la sociedad. Todos fuimos engañados.

 

Acorde a lo explicado por Fernández, “un procedimiento que podría haber sido sumamente exitoso, de características relevantes, que hubiera generado un gran adelanto en el combate contra el narcotráfico, que es lo que más nos preocupa en este momento –remarcó–, terminó siendo una circunstancia que ensució la imagen de todos los policías que, hoy por hoy, están trabajando en la calle”.

 

En otros términos, el subjefe de la URI fue preciso a la hora de decir que “el acta fue hecha, en su oportunidad, por el personal que estuvo en el lugar y, obviamente, los datos que ellos volcaron y que nos dijeron a nosotros como superiores no eran lo que, en realidad, había ocurrido”, concluyó.