LOS RINCONEROS NO DAN TREGUA EN LA DEFENSA DE SUS ESPACIOS

Esta semana diversas entidades barriales de San José del Rincón presentarán ante la Comuna un proyecto de ordenanza, con un anexo de más de 2.000 firmas de vecinos para proteger los espacios verdes.

La propuesta se generó por iniciativa de la vecinal de Villa California, luego de que el Ejecutivo intentara vender tres terrenos públicos. A partir de ese momento las demás organizaciones barriales se sumaron a las actividades en las cuales los habitantes rinconeros plantearon su oposición al loteo de esas tierras.

En diálogo con “El Ombligo del Día” que se emite por LT10, Hugo Ferreira, Presidente de la Vecinal confirmó lo actuado por los habitantes y recordó que todo comenzó cuando se percibió la intención de vender plazas, parques, terrenos desocupados y algunas islas por parte de las autoridades Comunales.

Asimismo, explicó que una vez reunida toda la documentación se evaluó la posibilidad de iniciar acciones legales que fueron suspendidas cuando los funcionarios dejaron de lado la idea de comercializar los espacios. Sin embargo, ahora plantearon la posibilidad de emitir una norma ante “el temor de que se repita una situación similar, ahora en el pueblo de Rincón”.

La propuesta comenzó a gestarse en una audiencia pública autoconvocada que se realizó el sábado 27 de mayo, en la escuela Nº 16 –frente a la plaza principal- y luego de dos meses las instituciones consiguieron las rúbricas necesarias para utilizar un instrumento reconocido en la ley de comunas que es la sanción directa.

Esa norma establece que toda vez que se presente ante una comisión comunal una solicitud suscripta por la cuarta parte de los inscriptos en el padrón comunal, pidiendo la sanción de una ordenanza sobre cualquier asunto de la competencia de la comisión, la misma está obligada a pronunciarse sobre aquélla dentro del término de 30 días.

En el caso de no aceptarla, la Comuna deberá someter a votación directa de los inscriptos en el padrón electoral por sí o por no sobre el conjunto de la ordenanza propuesta. Ese punto fue cuestionado por Ferreyra quien remarcó que hay más de 2.000 firmas que la avalan.

En el primer artículo del proyecto de ordenanza se derogan todas las ordenanzas o actos administrativos que, al momento de la sanción de la normativa, disponga la venta pública o desafectación de los bienes, públicos o privados, que componen el patrimonio de la Comuna, sean estos fiscales o incorporados como donaciones o cedidos en cumplimiento de normas legales vigentes.

En otro de los puntos de la iniciativa se determina que los bienes públicos comprendidos en la ordenanza y conforme a lo dispuesto por la ley orgánica de comunas, sean declarados de utilidad pública, quedando al uso y goce de la comunidad. También se establece que el gobierno comunal no podrá desprenderse de ellos ni aún en caso de necesidad y urgencia. Sólo se contemplan excepciones en el caso de que exista peligro inminente para la salud, los bienes, la educación y la integridad física de los vecinos.

Los fundamentos del proyecto se basan en que con la venta de bienes que son de origen público se podría violar la ley orgánica de comunas, que establece que, dentro de los dos años de promulgada esa norma provincial, los municipios presentarán al Ejecutivo un proyecto de plan regulador, estableciendo –dentro del ejido asignado– una zona urbana y otra suburbana o de quintas. Según los vecinos, la Comuna debería tener un plan regulador de planeamiento urbano y hacerlo público.