Los sospechosos de siempre

Pasadas 48 horas de la balacera a la casa de Antonio Bonfatti, con él y su esposa dentro, es inevitable volver a preguntarse: ¿Si le pasa al gobernador…qué le espera al resto?. La respuesta es obvia, o casi. En términos de vulnerabilidad, existirán en la actualidad en nuestra provincia no menos de 100 empresarios, 30 sindicalistas o 10 funcionarios de primer nivel que seguro tomaron o toman muchas prevenciones todos los días . El gobernador no había pedido la custodia y su casa estaba desguarnecida, como él, su familia y claro está la seguridad pública de un Estado. Y, aunque suene redundante, está demás decir que frente a un mensaje mafioso, que no fue otra cosa que un intento de magnicidio, no debe haber más que solidaridad, preocupación y repudio.

 

No tardaron las primeras medidas de la jueza penal María Luisa Pérez Vara, que llegó el viernes por la noche a la casa del gobernador. Por ahora, sólo conjeturas e hipótesis que llevan a los sospechosos de siempre, con la salvedad que los Keyser Soze – el personaje central de la película dirigida por Brian Synger – son varios y no suelen andar perdiendo el tiempo haciéndose los renguitos. Son brutales y despiadados.

 

Pero, una vez más, se vuelve al mismo meollo: ¿es la policía parte del problema o parte de la solución?. Un gran número de oficiales de la policía rosarina  fueron o están siendo investigados por estar vinculados al mundo narco, de desarmaderos y proxenetas. Sin ir muy lejos, el ex jefe de inteligencia de la dirección antidrogas de la policía en zona sur está preso, acusado de darle piso a la banda de Los Monos. La red que investigó el juez Juan Carlos Vienna tiene pus ramificada. La realidad explota en la cara: puede ir a pedir plata tanto un cabo de la seccional, como un operario del Comando, un jefe de inspección o el taquero de turno.  Sin vueltas ni ponerse colorados recorren el espinel del negocio. Forman parte del delito, lo cogestionan desde hace tiempo. A los ponchazos y con mucha valentía, el juez Vienna ordenó muchas medidas que derivaron en grandes golpes a los narcos, al corazón económico, que poco y nada se explora en a justicia santafesina. Tuvo que confiar en una brigada especial formada por oficiales que, hasta hace poco tiempo, estuvieron en las zonas calientes. ¿Se enteraron entonces que Rosario había grupos organizados para vender drogas y matar gente?, como queda demostrado en los más de 40 cuerpos que lleva la causa. No es un problema solamente de la policía de Santa Fe, sino que es una postal de las policías latinoamericanas, acostumbradas a pactar gobernabilidad con el narcotráfico. Hasta que las delaciones, las traiciones o los crecimientos logísticos de los empresarios del crimen ya superan la estructura que opone el Gobierno. Ni Binner ni Bonfatti pactaron con el narcotráfico nada, por más canalla que se alce ahora con esa simplificación. Pero los dos apostaron a una política de no escandalización que duró hasta que Tognolli quedó preso. Y en ese recorrido de surfista se autonomizó la policía y con ella sus procedimientos de recaudación ilegal. Algo ha hecho el socialismo muy loable, pero que "no paga", ni mucho menos. Decidió asumir todo el costo de exponerse al peine fino de la justicia federal y local. Encarcelaron a Tognolli y tras él a varios más, dos de ellos de la flamante Secretaría de Delitos Complejos, creada al calor del volcán que arrasó con todo tras la detención – con operación política y mediática mediante – del ex jefe de la fuerza. 

 

Desde que Vienna tiene la causa de Los Monos se multiplicaron las amenazas a distintos funcionarios del gobierno, también de la justicia. Muchos de ellos decidieron no hacerlo público, pero tomaron sus prevenciones. Vienna tenía en carpeta una serie de allanamientos pero los suspendió para no confundirlos con el contexto de la campaña electoral. Muchos de ellos guardaban relación con oficiales de la policía santafesina que brindaban piso a los narcos. La causa del magistrado no podrá avanzar sobre la figura de la asociación ilícita, porque todos lo caminos la conducen a la jurisdicción federal por ser el tráfico de drogas el fin de la banda. Pero sí se podrán esclarecer homicidios violentos y se podrá hundir el cuchillo en las derivaciones que tienen el crecimiento patrimonial de muchos comisarios. El caballo de Vienna se hubiese empacado en la mitad del río si  no hubiese tenido el empujón del Procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, que en todo momento le consultó al gobernador Bonfatti.

 

Rápidamente volvieron los fantasmas de siempre. ¿Es confiable la información que acerca la policía? Acaso ¿no es la misma que forma parte casi institucionalmente de los negocios criminales?. Más de un policía honesto se ofenderá, hasta que tenga que optar entre plegarse a un esquema de recaudación o realizar adicionales hasta el cansancio, sin que ello sea garantía que pueda cobrar con todo el servicio. Una muestra de ellos fue el negocio montado por los jefes de la URI sobre ese aspecto, sin que la justicia aún no haya resuelto mucho.

 

Urge, una vez más, la creación de la Dirección de Investigaciones, que pueda contar con información propia y calificada para ponerla al servicio del esclarecimiento de este tipo de episodios. El departamento de Informaciones (D2) quedó para derivar a policías investigados y quemados por sus andanzas. También para aquellos que suelen disfrutar del recorte de diarios y escuchar editoriales de periodistas.

 

Siempre con la salvedad de considerar que el ataque puedo venir de una grupo narco, a manera de síntesis, no hay que escindirlo de la inteligencia que aportan sectores policiales que hace tiempo han manchado el uniforme.

 

Contradicciones

 

Mientras la Dirección de Asuntos Internos de la policía santafesina investigaba el patrimonio del ex comisario Rodolfo Romero, la municipalidad de Rosario contrataba los servicios de la empresa que el ex comisario tiene con su esposa. Los beneficios para la pareja trepan hasta los 4 millones de pesos. Las firmas Mercosur S.R.L y Mercosur Seguridad fueron descubiertas por los pesquisas de Asuntos Internos en 2011 y 2012. Oportunamente fue informado ese crecimiento por Notife.com, detallando todos los bienes que el matrimonio no pudo justificar. Los concejales y diputados del Frente Para la Victoria denunciaron la contratación pero no dijeron ni una palabra crítica sobre el desguace de los distintos comandos de Gendarmería en la provincia. Verbalmente – y nunca por escrito- los comandantes de la región le informaron a jueces y fiscales federales que el 80% de las investigaciones quedaban en el freezer por falta de personal. El viernes pasado, por la mañana el panorama sobre la ruta nacional 168 era desolador: si los efectivos del puesto “Colastiné” de Gendarmería salían a desviar el tránsito por el derrape de un camión que llevaba madera laminada, no quedaba nadie en la guardia. Por esa vía circula mucha marihuana que viene de la región mesopotámica hacia el litoral y el sur y también Chile. También cocaína que va hacia Entre Ríos y Uruguay, de acuerdo a los informes de la Sedronar 2008/ 2011, entre otros organismos. Sólo dos gendarmes novatos para semejante tráfico.

 

Noche gris

 

Otra pregunta que surgió tras la balacera fue, por lo menos en Santa Fe: ¿Qué se sabe del atetado al auto de la municipalidad que estaba estacionado en la puerta de la casa del intendente José Corral?. Poco y nada. “Sería bueno que la justicia avance sobre ese caso porque es de una gravedad institucional muy grande”, se quejó Corral en una rueda de prensa con cronistas de radio y televisión hace 15 días.

 

El 16 de junio pasado, manos anónimas incendiaron la camioneta Modelo Peugeot 807 que estaba estacionado frente al domicilio del intendente, en la calle Chacabuco al 1500 de la capital santafesina. El utilitario, que es de uso oficial pero que es utilizado frecuentemente por Corral ardió en llamas en pocos minutos, hasta que llegaron al lugar los bomberos. Al día siguiente el intendente brindó una declaración testimonial donde manifestaba que sin incriminar a nadie – la gestión había colisionado con intereses de empresarios de la noche, que también habían investigado a fondo una mafia de inspectores infieles dentro de la Municipalidad y que él mismo había opinado negativamente sobre los cortes de calles del sector de la Uocra que respondían a los hermanos Araya. Algunos días después el jefe de la URI organizó una comisión especial de investigación del hecho que sólo iba a reportar al fiscal de la causa, Jorge Andrés, al juez Luis Silva y en las primeras horas a la Fiscal de Causas NN María del Carmen Bertone. El 6 de julio, un Cabo Primero firmó el primer parte de inteligencia de la comisión especial que daba cuenta de “una información de calle”. La misma refería que los autores del hecho eran dos hermanos vinculados a los boliches santafesinos. Juez y fiscal abonaron la hipótesis y ordenaron intervenir cuatro líneas telefónicas. La misma comisión –integrada por un comisario varias veces salpicado por vinculaciones con narcos – realizó la transcripción de las conversaciones intervenidas por Obervaciones Judiciales de la SIDE local. Precisar sobre nombres y circunstancias resultaría, tal vez, perjudicial a la pesquisa, pero en todo el sumario prevencional no hay una sola prueba contundente que vincule a los hermanos bolicheros con el atentado al intendente. Más aún, se informan al juzgado sobre conversaciones que están vinculadas al mundo de la política vernácula y, concretamente, al desdén sufrido por un político santafesino al que sus aliados le retiraron el apoyo. Toda la investigación fue dirigida a esos cuatros jóvenes empresarios y ninguna de las hipótesis profundizó la pista del descontento gremial, de los afectados por la investigación sobre las multas que no se cobraban y, mucho menos, otras líneas a seguir. Un informe reservado elevado a las autoridades políticas a mediados del mes pasado aclara en su encabezamiento: “Causa Noche Gris”. Hasta ahora, no asomó la claridad.