LOS SUELDOS ALTOS TENDRÁN MÁS DESCUENTO PARA LA OBRA SOCIAL

El Gobierno eliminará, por decreto, el tope salarial de 4800 pesos que se utiliza para calcular el aporte a las obras sociales, que es del 3% sobre la remuneración bruta. Además, se dispondrá que esas entidades prestadoras de salud -que en 2005 recaudaron 5234 millones de pesos-, dejen de pagar el impuesto al cheque por el movimiento financiero que tienen sus fondos: esto significará, para el sistema de obras sociales sindicales y de personal de dirección, un ahorro de entre 78 y 80 millones de pesos.

Según datos del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, son 24.200 los trabajadores dependientes que tienen sueldos declarados por arriba de la cifra que hoy marca el tope para los aportes. De acuerdo con el funcionamiento actual del sistema, alguien que cobra 7000 pesos de remuneración bruta, por ejemplo, tiene un descuento para la obra social de 144 pesos (se calcula sobre 4800); con la eliminación de ese tope, el aporte se elevaría a 210 pesos, que es el 3% del salario efectivamente declarado.

Las medidas -que representan una nueva victoria política y económica para la Confederación General del Trabajo (ver aparte)- fueron anticipadas a LA NACION por el superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, que ayer disertó en una jornada sobre el modelo de atención de la salud, organizada por la Superintendencia y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La nueva norma podría aprobarse dentro del próximo mes, según estimó el funcionario. Así, se verían afectados los salarios correspondientes a septiembre próximo, que se cobran a fines de ese mes o en los primeros días de octubre.

Capaccioli también agregó que la eliminación del salario tope para aportar se haría de una sola vez y no por etapas, como lo fue en su momento la quita de igual máximo salarial para el cálculo de las contribuciones patronales a todo el sistema de la seguridad social. Esta última medida se dispuso dos años atrás, con un cronograma de suba progresiva de la remuneración tope, que se cumplió entre junio de 2004 y octubre de 2005.

Los cambios en los sistemas de financiamiento e impositivo de las obras sociales habían sido pedidos por la CGT y se están consensuando con la Jefatura de Gabinete, según fuentes oficiales. En la jornada que se realizó ayer, el secretario general de la central obrera, Hugo Moyano, cerró su discurso con un fuerte reclamo en ese sentido: “Las obras sociales pagan el impuesto al cheque y son un servicio social; las AFJP, que para mí es una de las más grandes estafas que se hizo al pueblo argentino, no pagan el impuesto al cheque, ¿cómo es posible?”, se quejó.

A la par del incremento de los salarios en los últimos años y al crecimiento del número de empleados en blanco, la recaudación de las obras sociales fue también aumentando. En el primer trimestre de este año, los recursos derivados a las obras sociales crecieron un 37,8% en relación con un año atrás, según un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La recaudación trimestral resultó de 1720 millones de pesos.

Dadas las normas que rigen para el sistema de salud, de la mayor recaudación que surja de quitar el tope para aportar, un 80% irá en forma directa a las obras sociales a las que estos empleados derivan sus aportes, y el 20% restante, al fondo que maneja la Administración de Programas Especiales (APE) para financiar tratamientos de alta complejidad y de enfermedades de alto costo y baja incidencia.

Regular al sector privado

Por otra parte, Capaccioli insistió ayer en la necesidad de una regulación del sistema de medicina prepaga y dijo esperar que “antes de fines de año” exista una ley para el sector. La intención de las autoridades es controlar no sólo el cumplimiento de las prestaciones, sino también el movimiento de las cuotas. Ayer por la tarde, el superintendente se reunió con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno y, tras el encuentro, sostuvo que podría aplicarse la ley de abastecimiento contra las empresas que incrementen precios. Esa norma, de los años 70, prevé fuertes multas -e incluso prisión- para los responsables de compañías que no garanticen las prestaciones a los precios acordados, según dijo Capaccioli.

El Gobierno tiene un diálogo abierto por estos días con las cámaras sectoriales y con las grandes prepagas. Los temores oficiales se justifican, en rigor, en los anuncios de subas de precios de un grupo de pequeñas entidades “que suman menos de 100.000 afiliados”, según el funcionario.

El proyecto de ley oficial prevé la creación de un comité de concertación para el estudio periódico de los costos y la imposibilidad de disponer de períodos de carencia (tiempos de espera que tienen los nuevos asociados para acceder a determinadas prácticas).

Por su parte, Néstor Gallardo, tesorero de la Asociación de Entidades de Medicina Privada (Ademp) dijo a LA NACION: “A nadie le están cerrando los números”. El directivo sostuvo que “en las próximas horas” la entidad le llevará a Moreno un estudio económico del sector.