LOS TRABAJADORES DE VIVIENDA RATIFICARON EL PARO
Desde el 11 de octubre pasado, los empleados de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVU) de Santa Fe llevan a cabo una serie de medidas de fuerza debido al incremento que sufrieron en la carga horaria ante la gran cantidad de planes de vivienda actualmente instrumentados.
En la mañana de ayer, el Ministerio Coordinador acercó al personal una propuesta de recomposición salarial que no fue aceptada.
Según indicó Adolfo Avallone, delegado de ATE en la DPV y U, “la propuesta realizada se resume en la incorporación del decreto del Ejecutivo Provincial de todos los trabajadores que actualmente se encuentran en el llamado ‘escalafón seco’ y dar un adicional para equiparar a otros sectores de la administración pública que realizan igual tarea. Esto fue rechazado por la asamblea y se ratificó el paro”.
El organismo, a cargo de Juan José Morín, tiene a su cargo la tramitación de un número inusual de obras de construcción de viviendas, que llegó a 31.500 unidades hacia fines de septiembre. Fuentes de la Dirección de Vivienda explicaron que de esa cantidad alrededor de 10.000 se construyen actualmente. Según los trabajadores, realizar esa labor significa cumplir horas extras, inclusive durante los fines de semana.
Ante la ausencia de respuestas, el personal inició el 11 de octubre un paro por tiempo indeterminado hasta tanto el Gobierno provincial otorgue un aumento salarial.
Al respecto, Milagros Palacios, una de las voceras aseguró que el Director de la delegación “explicó que una de las posibilidades era reunirse con las autoridades a través de Alberto Maguid (Secretario General del gremio UPCN) pero nosotros no queremos estar representados por él”.
Por su parte, y mediante un comunicado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), destacó que “los salarios que perciben los trabajadores de la DPVU se afrontan con fondos propios del organismo derivados de fondos nacionales. Además, la totalidad de los montos que la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo invierte en obras públicas solamente un pequeño porcentaje se destina para la remuneración del personal”.
Finalmente, ATE considera que “el reclamo de los empleados es legítimo ya que se encuentra sustentado en las leyes nacionales Nº 21581 y 24464 a las que la provincia adhirió mediante las leyes provinciales Nº 11.102 y 11.347”.
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