LOS TRANSFORMADORES MAS CAROS DE LA EPE

El 25 de septiembre Antonio Caro avaló un sobreprecio de $250.000 por la compra de dos transformadores de potencia, según se desprende de un expediente interno llamativamente cajoneado por Caro y dos hombres de su extrema confianza en la distribuidora: Lidio Molina y Ricardo Noseda, dos “pilares” de su administración. También hoy trascendieron irregularidades en la relación entre la EPE y el grupo Macri

A escasos días de la difusión de la investigación de Tercer Mundo relativa a adquisiciones con sobreprecios de transformadores (ver la nota completa “La otra EPE paralela” en la edición gráfica), nuevas irregularidades por compras de “transformadores de potencia” de 132.000 V vuelven a desnudar los manejos turbios por parte de la gestión del Interventor Antonio Caro.

Pese a contar con informes técnicos internos que revelaban que la oferta presentada por uno de los proveedores -la empresa Artrans S.A.- se ajustaba técnicamente a las requisitorias exigidas por los pliegos de bases y condiciones de la licitación Nº 1593/03, el 25 de septiembre pasado las máximas autoridades de la EPE avalaron una operación con un sobreprecio de U$S 84.860 más IVA, por la compra de dos transformadores de potencia trifásicos regulables en 132 kV.

La irregularidad, que importa un perjuicio económico para la empresa santafesina de alrededor de doscientos cincuenta mil pesos en moneda argentina ($250.000), se desprende de las conclusiones de un expediente interno elaborado por el Jefe de la Unidad Normas, Ing. Manuel Luna, que llamativamente fue “cajoneado” por el propio Interventor y dos hombres de su “riñón político”, Lidio Molina y Ricardo Noseda, actuales Gerentes de Desarrollo y Transmisión de la EPE, respectivamente.

Estos tres funcionarios de la distribuidora local tuvieron en sus manos treinta días antes de perfeccionar la transacción con los proveedores Tadeo Czerweny S.A. y Faraday S.A., la documental que aseveraba que la empresa Artrans S.A. podía entregar los dos transformadores de potencia requeridos por la EPE (cumpliendo con las exigencias técnicas y los tiempos), ofertando un precio inferior de alrededor de 250.000 pesos. Pero llamativamente desecharon esa posibilidad. Esta vez ni siquiera hubo lugar para la clásica y remanida justificación de la “necesidad y urgencia”.

Lo curioso del caso es que el informe del Ing. Luna había sido solicitado por el propio Molina -su superior jerárquico-, quien no incluyó esa documental en el expediente originario. Al “separar” ambos expedientes, se impidió la correcta evaluación de la mejor oferta, impidiendo además al propio Tribunal de Cuentas de la Provincia contar con todos los elementos de juicio necesarios para ponderar la conveniencia o no de la operación y la adecuación del proceso licitatorio a las exigencias de la Ley de Contabilidad provincial. Esta operatoria pone al descubierto una suerte de “ingeniería” de compras sobrefacturadas, en la que el ocultamiento de información clave y el desdoblamiento de expedientes son funcionales a un esquema de irregularidades cuyos benefactores no parecen encontrarse precisamente entre las masas populares, ajenas a las decisiones de las máximas autoridades de la empresa más importante del Estado provincial.

Idas y vueltas.

Alrededor de tres años transcurrieron entre el inicio de los trámites para la adquisición de los transformadores de potencia (el 21 de septiembre de 2000) y su compra por parte de la EPE, el 25 de septiembre pasado. El tiempo transcurrido indica que no se trató evidentemente de una licitación “urgente”, por lo que hubo tiempo suficiente para evaluar correctamente las distintas ofertas económicas de los proveedores.

El trámite tuvo sucesivas modificaciones, ya que originariamente la Unidad Proyectos de la empresa eléctrica había iniciado gestiones por 11 transformadores de potencia que debían instalarse en distintas obras de la EPE en proceso de licitación a fines de 2000. Pero finalmente el Interventor Antonio Caro aprobó el pliego para la compra únicamente de dos unidades, a través de la resolución 152 confeccionada el 9 de septiembre de 2002. Casi un año antes de la fecha de adquisición definitiva de los transformadores de potencia.

La comisión técnica designada para el estudio de las ofertas presentadas consideró que uno de los proveedores que se presentó en la licitación, la firma mendocina Artrans S.A., “no cumplía con la condición de ser técnicamente experimentada en la clase de provisión requerida”. Sin embargo, el 6 de agosto de 2003 el Ing. Manuel Luna, Jefe de Unidad Normas de la EPE, había finalizado un estudio -a pedido del Ing. Lidio Molina- evaluando los antecedentes de la firma de transformadores Artrans S.A. Su conclusión era que la misma “se hallaba en condiciones técnicas de fabricar”. Ese informe jamás se ofreció a la “comisión de estudio” para su consideración, pero quien sí tuvo conocimiento del mismo fue Antonio Caro, el 20 de agosto de este año, casi un mes antes de firmar las órdenes de compra a favor de las proveedoras Tadeo Czerweny S.A. y Faraday S.A. Muchos se preguntan en los pasillos de la distribuidora eléctrica por qué el Interventor optó por adjudicar la licitación 1593 a favor de estas dos firmas: Ello importa que la EPE deba abonar un sobreprecio de alrededor de $250.000 más, por equipos de igual calidad técnica.

La “ingeniería” de las irregularidades.

Pese a referirse al mismo objeto, dos trámites internos de la EPE (el expediente Nº 1-2000-354864 y la nota Nº 2-2003-005812) fueron “separados” de manera deliberada. Así se impidió la correcta actuación del Tribunal de Cuentas en el caso. De haberse evaluado las conclusiones de ambos conjuntamente, distinta podría haber sido la suerte de esta licitación de transformadores de potencia.

Pero esta anomalía no es la única “perla” de una operación sumamente “desordenada”. Un acta firmada por el Ingeniero Molina y un representante de Czerweny S.A. el 29 de agosto pasado, sin mediar pedido formal (oficial y por escrito) de la Gerencia de Desarrollo, modificó los plazos de entrega previstos por los pliegos originales y desdobló –pese a estar vedado por la normativa- la adjudicación favoreciendo a dos empresas en vez de una sola. La “jugada” deja entrever una posible connivencia entre proveedores: Con la firma del acta, se “silenció” cualquier posible “queja pública”, al dividir los réditos de la licitación entre los dos participantes finalmente beneficiados. Estas “desprolijidades” no fueron objetadas por el órgano de control del Estado santafesino.

La responsabilidad de estas maniobras y el “cajoneo” del expediente elaborado por la Unidad Normas, converge en tres altos funcionarios de la EPE: Antonio Caro, Lidio Molina y Ricardo Noseda. Desmenuzando el recorrido de los trámites a través de las “hojas de ruta” de la distribuidora eléctrica santafesina, surgen los nombres de estos tres ingenieros como cómplices del ocultamiento de la información que aprobaba las condiciones técnicas de la proveedora Artrans S.A. Caro, Molina y Noseda tuvieron en sus manos -un mes antes de adjudicar a Czerweny y Faraday- la información que hubiera permitido a la EPE ahorrar unos 250.000 pesos. Pero llamativamente no la tuvieron en cuenta y la guardaron en sus escritorios.

Los últimos días de la Intervención de Antonio Caro no se alejan de los desmanejos e irregularidades producidos en la empresa más importante del Estado santafesino durante la gobernación Reutemann.

Si alguna paradoja pudiera “cerrar el círculo” en los sobreprecios por la compra de transformadores, basta como botón de muestra otra reciente licitación en la EPE, esta vez para la compra de un transformador de potencia, que acaba de beneficiar a Artrans S.A., lo que supone un ahorro para la distribuidora estatal de alrededor de U$S 50.000 respecto a los precios pagados en la cuestionada licitación 1593.

Cabe entonces la pregunta: ¿Adjudicarán esta vez a Artrans, o encontrarán las actuales autoridades la manera de “borrar” nuevamente a este proveedor? La respuesta no es sencilla. Si la EPE adjudica a la firma mendocina, el Tribunal de Cuentas se encontrará obligado a establecer por qué no se lo hizo con la compra los dos transformadores de la licitación 1593. En ese caso el órgano de control provincial debería iniciar un juicio de responsabilidad a los funcionarios involucrados.

Otro escenario podría abrirse si la oferta de Artrans es descartada: En ese caso no sería descabellado pensar que Caro, Molina y Noseda intenten “borrar” el informe de la Unidad Normas que habilita a la firma que vende los transformadores menos costosos. Una forma de eliminar las huellas de sus últimas y costosísimas travesuras en la EPE.

Contradicciones, turbios manejos de los dineros del Estado: La sombra de la corrupción vuelve a ceñirse sobre la figura de Antonio Caro en la EPE. Su retirada de la función pública no parece despegarse de los escándalos, “marca registrada” de una gestión a lo largo de los últimos cuatro años.