“Los vamos a echar a todos”

La salida de la fiscal general de Estados Unidos marca un camino. El vocero de Trump dijo los que se resistan a las medidas del gobierno seguirán el camino de Sally Yates, removida anteanoche del cargo.

Ahora se sabe lo que les espera a funcionarios que disientan con Donald Trump. “Los vamos a echar a todos”, alertó su vocero.

Ante una atónita sala de prensa, Sean Spicer habló de ese modo al justificar no sólo que el presidente desplazara a la fiscal general Sally Yates por resistir una orden suya, sino también que lo hiciera con un lenguaje duro.

Para Trump, la fiscal que le plantó cara y se negó a defender su controvertido decreto migratorio no sólo “desafió” una orden legal, sino que cometió “traición”.

¿Es así como se manejarán con el disenso, hablando de traición? ¿Qué le espera a todo funcionario que exprese una opinión distinta al presidente?, quisieron saber periodistas locales. “El presidente tiene derecho a desplazar a quien no respete su agenda. Si no están de acuerdo, si no les gusta lo que hace Trump, tendrán que irse”, anticipó el vocero.

Spicer es, posiblemente, el jefe de prensa más atribulado por estos días. Cada tarde le toca defender ante decenas de periodistas las medidas más controvertidas del presidente. Se prepara con ahínco. Ayer argumentó que lo de la fiscal rebelde no fue una cuestión de “opiniones”, sino de “negarse a cumplir una norma perfectamente legal”.

Ese es, justamente, el punto. Para muchos, la medida de Trump es “inconstitucional”. Una opinión que, incluso, comparten legisladores republicanos, el partido por el que llegó a la presidencia. Desde esa perspectiva, Yates no hizo otra cosa que cumplir con la ley.

Su abrupto desplazamiento, en la noche del lunes, fue una luz roja en la crisis en que cayó el flamante gobierno a partir del decreto presidencial que limitó la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

Fue, también, la primera derrota judicial para Trump. Recurrida en los tribunales con una catarata de presentaciones -incluida una del estado de Washington-, la norma se quedó sin defensa cuando, tras mucho meditar, Yates pidió a los fiscales que se abstuvieran de hacerlo. “No estoy segura de que sea constitucional”, dijo.

Con años en la carrera judicial, Yates fue nombrada por el ex presidente Barack Obama. Ocupaba el cargo de fiscal general de modo transitorio, hasta que el Senado confirme a Jeff Sessions, el fiscal designado por Trump.

El magnate no soportó la rebelión. “Tendrá que irse”, dicen que expresó en una reunión urgente de sus asesores en el despacho Oval.

A la exfiscal le llegó una cartita firmada por el jefe de gabinete, Reince Priebus, informando su desplazamiento. Era tarde en la noche. En su lugar, y hasta tanto llegue Sessions, el magnate designó a otra fiscal general provisional. Lo primero que hizo Dana Boente fue asegurar que acataría las decisiones del presidente, incluido su decreto migratorio. Le toca ahora instruir a los fiscales para que lo defiendan en las múltiples causas que se abrieron para trabarlo.

El episodio dejó un sabor amargo. La Casa Blanca se alineó en la defensa de lo actuado. Pero fuera de ella hay dudas sobre el respeto de Trump a la independencia de poderes y al sistema de “pesos y contrapesos” que, en teoría, caracteriza a esta democracia.

Los demócratas reagruparon fuerzas en el Senado, donde -sin número suficiente- resistieron la aprobación de Sessions como nuevo fiscal.

“Tenemos serias dudas de que sea capaz de mostrar independencia ante el presidente”, dijo la senadora California Dianne Feinstein. “Más bien parecerá un funcionario más de la Casa Blanca”, añadió.

Trump cerró el episodio. Pero su efecto, en onda expansiva, es más difícil de controlar.