LULA, AMENAZADO POR OTRA INVESTIGACIÓN

Los gobiernos de Brasil y Cuba desmintieron contundentemente ayer la denuncia de que el Partido de los Trabajadores (PT) recibió fondos enviados por Fidel Castro durante la campaña electoral de Luiz Inacio Lula da Silva en 2002.

Sin embargo, cuando los ecos de la peor crisis política del gobierno brasileño no han desaparecido, la oposición anunció ayer que impulsará una investigación sobre el tema, y planea utilizar la acusación como munición contra Lula para dificultar su reelección.

“El gobierno cubano responsabiliza de esa maniobra de propaganda a los agresivos planes del imperialismo contra Cuba y Lula”, afirmó ayer en un comunicado la embajada de Cuba en Brasilia, en respuesta a la denuncia publicada por la revista semanal Veja este fin de semana (ver aparte).

Según la revista, en 2002, año de la campaña que terminó con la elección de Lula para ocupar la presidencia, entre 1,4 y 3 millones de dólares habrían llegado a Brasil enviados por el gobierno cubano. El dinero habría sido entregado en Brasilia por un alto funcionario de confianza de Fidel Castro y trasladado a San Pablo mediante una operación ejecutada por tres colaboradores directos del actual ministro de Hacienda, Antonio Palocci. Los fondos habrían sido transportados escondidos en cajas de whisky y de ron.

Palocci era, en 2002, el coordinador de la campaña de Lula, y el dinero habría sido entregado directamente al ex tesorero del PT Delubio Soares, quien se volvió famoso en los últimos meses al ser identificado como el operador de un fondo en negro con el que el PT pagaba gastos de campaña -algo admitido por el propio PT- y sobornaba a legisladores de partidos de la oposición, la parte de la historia que el oficialismo de Lula no reconoce.

“Veja dijo en otro momento que el PT había recibido dinero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y hasta ahora no ha probado nada. La revista se convirtió en un panfleto de segunda clase del Partido Social Demócrata Brasileño y el Partido del Frente Liberal”, atacó ayer el presidente del PT, Ricardo Berzoini, en referencia a los dos principales partidos de oposición. “Dentro de poco van a volver con aquella historia del oro de Moscú”, ironizaron otros, para descalificar la denuncia.

Las fuentes para la denuncia fueron dos de los tres colaboradores más estrechos de Palocci. Ambos dicen haber sabido de la operación o haber dado información sobre cómo efectuar el ingreso de los dólares, pero la denuncia tiene una limitación básica para lograr reavivar la crisis política generada por las denuncias de corrupción: el principal eslabón de la operación está muerto. Ralf Barquete, que era asesor de Palocci, murió de cáncer en 2004.

La oposición, sin embargo, pretende aprovechar la denuncia para frenar el proceso de recuperación de la popularidad del presidente Lula. Después de cuatro meses consecutivos de denuncias contra el gobierno, con revelaciones comprobadas de que el PT utilizó en la campaña de Lula fondos clandestinos -de origen todavía desconocido-, se produjo un agotamiento en la sociedad. Si bien las encuestas todavía no demuestran una recuperación concreta de la popularidad de Lula, algunas buenas noticias en la economía y algunos días sin revelaciones peligrosas comenzaron a mostrar que la crisis podría haber llegado a su fin.

Pero la oposición se mostró indignada ayer. “La denuncia es muy grave. No fomento la precipitación, pero voy a querer escuchar a los citados en la Comisión Parlamentaria de Investigación de los Bingos [uno de los frentes de investigación abiertos para investigar la corrupción en el gobierno]. También vamos a iniciar un proceso en la Fiscalía General de Investigación y en la justicia electoral. La legislación no permite dinero extranjero en las campañas. Eso puede terminar en la cancelación del registro [del PT]”, afirmó el senador Arthur Virgilio, jefe del bloque del Partido Social Demócrata, la fuerza política del ex presidente Fernando Henrique Cardoso y del intendente de San Pablo, José Serra.

La denuncia es tan grave, y sus hipotéticas consecuencias tan contundentes, que es posible pensar que terminará sirviendo como munición para la campaña opositora. Si alguna medida concreta fuera tomada o la denuncia fuera comprobada, la única pena posible sería que el Partido de los Trabajadores perdiera su existencia legal y que todos los candidatos de la fuerza -inclusive Lula- se vieran impedidos de participar de las próximas elecciones. Claramente, no existe ni remotamente consenso en Brasil para semejante escenario, aun en este clima de crisis política.