MADRE BIOLÓGICA AMENAZÓ CON ENCADENARSE SI NO LE RESTITUYEN EL HIJO

Alejandra Ibarra sostuvo que tomará esa decisión, en rechazo a la medida dictada por el tribunal de alzada y en reclamo de la entrega inmediata de su hijo.

Las declaraciones de Ibarra se conocieron, luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de II Nominación, resolvió suspender la decisión del juez Federico Argibay de entregarle el bebé, adoptado por un matrimonio bonaerense.

La medida provisoria surgió tras la apelación realizada por los abogados del matrimonio de contadores públicos que adoptó a Francisco Agustín Ibarra, de 10 meses, en un trámite considerado “irregular” en el que se falsificó la firma de la madre biológica en un acta de consentimiento de adopción, informaron fuentes judiciales.

El Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y una docena de organizaciones de derechos humanos volvieron a reclamar la restitución del pequeño a su madre biológica.

Con anterioridad, la madre biológica logró que la justicia ordenara la entrega progresiva de su hijo de 10 meses, que aún permanece al cuidado de una pareja de contadores públicos que reside en un country de Buenos Aires.

Durante la instrucción judicial, la joven madre de otros seis niños, denunció que nunca tuvo intenciones de dar a su hijo y tampoco firmó el consentimiento para entregar al recién nacido en adopción.

De esa manera, quedó confirmada una pericia realizada por la División Criminalística de la Policía de Santiago del Estero, en el que se logró determinar que resultaba apócrifa la firma de la madre biológica en los documentos de consentimiento.

Argibay Berdaguer, el quinto juez que interviene en el proceso judicial, interpretó que el pequeño debe ser entregado a sus padres biológicos “en forma gradual y progresiva”, sin provocar traumas en el niño, que a poco de nacer fue entregado a padres adoptivos.

Los abogados del padre adoptivo, un contador público de 39 años llamado Carlos Della Torre, habían solicitado la “guarda definitiva” del pequeño, trámite que en primera instancia hizo lugar la jueza Carmen Peña, actualmente en uso de licencia.

Con anterioridad, la justicia local había beneficiado con “falta de mérito” a la pareja bonaerense que adoptó al recién nacido, aunque logró determinar que la firma de consentimiento de la entrega en adopción es falsa.

A la fecha, sigue lenta la investigación el delito de “falsificación de instrumento público”, en el que se encuentra involucrada una abogada santiagueña, que inició en forma irregular el trámite de adopción para la pareja bonaerense.