MAGISTRADOS BONAERENSES CRITICAN CON DUREZA LA ACTITUD DE MONTOYA

El Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires reclamó al Ejecutivo provincial respeto por la división de poderes y criticó la actitud del subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, al remarcar la “puesta en escena” y la “vocación mediática” de sus operativos antievasión.

Para la entidad que nuclea a los jueces de la provincia, la “desmesurada puesta en escena” de los operativos y las declaraciones altisonantes de Montoya ponen en evidencia “la falta de límites con la que llegan a manejarse quienes hacen de la gestión de una política pública un esperpento y confunden la división de Poderes con subordinaciones impropias de regímenes democráticos”.

El Colegio reclamó “a los funcionarios del poder político a que se aboquen a las tareas que les son propias, sin pretender forzar los marcos legales ni subordinar a la Justicia, que permanecerá independiente mientras el espíritu republicano se imponga sobre las ambiciones y desmesuras de quienes detentan el poder”.

Remarcaron que Montoya tiene una “mayor vocación mediática que sentido de decoro” y repudiaron a los funcionarios del ejecutivo provincial que, con actitudes y declaraciones, “pretenden influir sobre la administración de Justicia”.

Los jueces aludieron así a las declaraciones no sólo de Montoya sino del ministro de Gobierno provincial, Florencio Randazzo, que criticaron el fallo de la jueza contencioso administrativa de La Plata, Ana Logar, quien ordenó la restitución a su dueño de una camioneta 4 por 4 que había sido secuestrada por una importante deuda con el fisco.

Los magistrados bonaerenses consideraron, en declaraciones que publica hoy el matutino platense El Día, que “a la ya reiterada vocación (de los funcionarios aludidos) por endilgar a otros sus propios errores y falencias se agregan ahora los insultos y los agravios”.

Recordaron las críticas que mereció un juez bonaerense, en el marco de la causa que investiga el robo al Banco Río de Acassuso al no ordenar unas detenciones, y destacaron que “se pretendió descalificar a un juez de garantías por cumplir con la función que le es propia: garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos durante la instrucción de una causa judicial”.

“Los derechos humanos se les reconocen por igual a todos los ciudadanos, no quedan suspendidos porque una causa tenga repercusión pública ni porque un funcionario presione a través de los medios”, afirmaron.