MAGISTRATURA: EL OFICIALISMO APURA LAS GESTIONES PARA APROBAR LA LEY

El sábado, en la cancha de Vélez, el club que preside su hermano, el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Balestrini, estaba tan convencido del triunfo de su equipo al finalizar el primer tiempo contra Quilmes (2 a 0) como de la aprobación, este miércoles, de la ley sobre el Consejo de la Magistratura.

La norma, que para los opositores concede al Gobierno el control de la promoción y remoción de los jueces, sólo tiene en común con un partido de fútbol el hecho de que los resultados se miden en números.

En este caso, el kirchnerismo y sus aliados necesitan como mínimo 129 votos positivos, es decir la mayoría absoluta de los 257 miembros de la Cámara.

Hoy, el ex constituyente, ex miembro de la Corte y ex embajador Héctor Masnatta irá a la Cámara a dar a diputados kirchneristas su visión favorable del proyecto que quiere la senadora Cristina Kirchner, su autora.

Que sea un lunes —día habitual de inactividad en el Congreso— sugiere que es extremo el grado de preocupación del bloque oficialista en sancionar la ley y en el modo de hacerlo. Por ejemplo, podría tener muchos más que 129 en su votación en general y, en cambio, estar apretado en el artículo 2, que es la clave de la iniciativa, dado que es el que altera la relación de fuerzas dentro del Consejo.

Dos son las leyes de comparable importancia y nivel de controversia, ubicadas al inicio de sus respectivos gobiernos.

La primera en la presidencia del radical Raúl Alfonsín, cuando intentó una reforma gremial para terminar con el control peronista de los sindicatos. Ganó la votación en Diputados tras un duro debate en febrero de 1984 pero, un mes después, por sólo un voto, perdió en el Senado, cuya mayoría controlaba el peronismo.

En abril de 1990, el gobierno del peronista Carlos Menem logró aprobar la ampliación de 5 a 9 de los integrantes de la Corte, con lo cual se aseguró la última palabra del Tribunal en el proceso de privatizaciones de los servicios públicos que se iniciaba.

La votación en Diputados fue un triunfo deteriorante para el oficialismo, con denuncias judiciales de la UCR por serias irregularidades. Dos años después lo que no investigó la Justicia en el caso de la Corte lo demostraron los cronistas parlamentarios en la privatización de Gas del Estado, cuando agarraron in fraganti a un “diputrucho”. Eso fue el menemismo sostenido por los muchos duhaldistas y, en las privatizaciones de Gas e YPF, también por los pocos kirchneristas.

Torcer el destino es lo que descarta hoy Balestrini —entonces secretario administrativo de la Cámara que presidía Alberto Pierri— para que la pulseada por el Consejo sea tan contundente como trasparente. Misión quizá más fácil que lograr que su primera nieta sea hincha del coqueto Vélez cuando su joven padre es un fana del viejo Quilmes.