Malestar por la intención del gobierno de “contener” a ex represores

Organizaciones políticas, sociales y de Derechos Humanos rechazaron hoy, mediante diversos comunicados, la intención del gobierno provincial de incluir dentro del Programa de Protección a Testigos, a ex represores que hayan participado durante la última dictadura militar.

En ese sentido, la Agrupación “Paco Urondo” resaltó su “preocupación” por lo anunciado por el gobierno de la provincia, “en el sentido que se le va a Garantizar Contención Sicológica a los Represores”.

En el documento dado a conocer, la agrupación admitió que los ex represores “tienen derecho a un proceso justo y con todas las garantías legales”, que el programa de protección a testigos “se implementa por la necesidad de dar solución a hechos recientes, como la desaparición de Julio López” y advirtió que, el gobierno “sale a garantizar el Derecho a Contención de los Genocidas, cuando nadie se lo pedía y cuando el problema a resolver es otro. Sin dudas, que esta respuesta es la de poner sobre la mesa de discusión la “Teoría de los dos Demonios”.

“Si esta es la solución del Gobierno del Dr. Binner a la persecución que están sufriendo actualmente las victimas de la Dictadura, estamos, sin dudas, en un proceso de retroceso histórico, ojalá no sea así”, culmina el texto.

Por su parte, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre también emitió un comunicado en el que repudia la iniciativa oficial.

“Repudiamos dicha decisión que denota absoluta incomprensión de la temática y una supuesta ‘equidistancia’, que en la lucha contra la impunidad de crímenes cometidos hace más de treinta años, implica una toma de partido para el lado de los victimarios, de los torturadores, de los asesinos, de los apropiadores de bebés y responsables de la puesta en marcha de un modelo de país, el capitalismo neoliberal, que de por sí constituye un modo de organización social que niega los derechos humanos a millones de argentinos sometidos al hambre, las enfermedades evitables, y la miseria crónica en el país de la soja y la leche”, remarca uno de los párrafos del texto.

Además, sostiene que la secretaria de Derechos Humanos “pareciera que ignora lo más elemental: la responsabilidad del Estado en reparar los efectos de los crímenes cometidos por el Estado”.

“La funcionaria pareciera creer que se trata de causas comunes sobre delitos más o menos comunes y no de crímenes de lesa humanidad cometidos bajo una operatoria pensada para garantizar la impunidad que requieren de un esfuerzo gigantesco para desarmarla, perseguir a los represores y hacer justicia”, dispara en otro tramo lo expresado por la agrupación.

Asimismo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre asegura estar habilitada para reclamar la remoción del cargo de la secretaria de Derechos Humanos, María Bressa.

“No conocemos antecedentes de una práctica de compromiso con la lucha por los derechos humanos por parte de la funcionaria y provocaciones como estas nos habilitan a reclamar su remoción del cargo, abrir un debate franco sobre la política de derechos humanos en la provincia”, subraya.