MANO DURA PARA LOS OBREROS

El conflicto desatado en la empresa Sulfacid -con 300 trabajadores suspendidos y despedidos- se convirtió en un caso testigo de las relaciones entre grandes empresas, el gobierno y los trabajadores. Ayer la empresa denunció ante la justicia a sus propios trabajadores y sus dirigentes gremiales por el piquete que mantienen en la puerta de la planta mientras sus abogados presionaban al gobierno provincial recriminándole su inacción. El Centro Comercial e Industrial de San Lorenzo salió a apoyar el pedido da “mano dura” de la empresa, que denunció que en la provincia “no existe la justicia ni el estado”. El ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, salió al cruce asegurando que “en este tema pensamos como el gobierno nacional: los conflictos sociales no se arreglan con la policía”. Hoy el Ministerio de Trabajo de la Nación será el escenario de una reunión clave entre representantes de Sulfacid y dirigentes gremiales. De la misma participará la CGT San Lorenzo, que evalúa lanzar un paro en el cordón industrial en caso de que no prospere el acuerdo.

La postura de la empresa fue marcada con claridad el último domingo en el marco de una reunión que los abogados de la firma mantuvieron con el secretario del Sindicato Químico, Daniel Santillán y el delegado de la secretaría de Trabajo, Carlos Corbella. “A través de sus abogados, Sulfacid está pidiendo sofocar el conflicto con represión policial a sus trabajadores. Un problema que desataron ellos por no respetar una decisión judicial y ministerial. Esta empresa boliviana de Sánchez de Losada va a desatar un conflicto regional por creer que Pinochet, Videla y Massera todavía están en sus puestos”, enfatizó Santillán al recordar los términos de la reunión que mantuvo con Angel González del Cerro (padre e hijo), quienes representan los intereses de Sulfacid.

Según Santillán “la empresa pidió mano dura, la intervención policial para resolver el conflicto, quejándose porque no había justicia ni estado ya que lo que habían pedido no lo habían cumplido. Y se quejaron porque no podían soportar la injerencia del sindicato y de los trabajadores en la dirección de la empresa”. Por su parte, Corbella confirmó a Rosario/12 el sentido del planteo empresarial revelado por Santillán.

Quien salió a poner negro sobre blanco fue el ministro de Gobierno, que recordó que “el gobernador ya ha hecho gestiones ante el directorio de la empresa y del gobernador de Jujuy -donde tiene una mina la empresa- para que encuentren las soluciones y se arregle el conflicto”. En este sentido aclaró que “las fuerzas de seguridad no van a intervenir más allá de evitar hechos de violencia o ilícitos, porque de ninguna manera vamos permitir actos que pongan en riesgo a la empresa o la gente”.

Para Rosúa una muestra de la actitud que va a adoptar el gobierno provincial es la cantidad de policías apostados dentro y fuera de la planta. La cantidad les pareció excesiva a los sindicalistas e insuficiente a la empresa. “Pero esta es la postura que vamos a adoptar y en esto acordamos con el gobierno nacional: los conflictos sociales no se arreglan con la policía”, dijo.

Para redoblar la apuesta los apoderados legales de Sulfacid radicaron ayer en el Juzgado Correccional Nº 5 de Rosario en feria una denuncia por usurpación en la modalidad de “turbación de la posesión” de la planta de la empresa, lo que supone, según el planteo, infracción al artículo 181 inciso 3 del Código Penal. La presentación llevaba la firma de Oscar Quinteros, el gerente técnico de la planta, y quien fuera propuesto al cargo de secretario de Medio Ambiente a Jorge Obeid, y que fruto de los duros cuestionamientos que recibió no llegó siquiera a asumir.

Sin embargo la justicia ya se había expedido: en el expediente de la Secretaría de Trabajo consta una resolución del juez de San Lorenzo, Juan José Tutau, que ordenaba al jefe de policía de esa región que garantizara la libertad de trabajo “con el uso de la fuerza pública con la debida moderación”.